Documentos filtrados de espionaje son ‘apócrifos’, asegura Presidencia
Además, explicaron que las actividades de inteligencia se refieren al análisis e interpretación de información que se encuentra disponible en fuentes abiertas. Foto: EFE

La presidencia de México afirmó que los documentos difundidos por Guacamayaleaks, sobre presuntos actos de espionaje por las Fuerzas Armadas, son apócrifos porque no están firmados ni avalados por ninguna autoridad.

Se detalló que no se consideran “oficiales” algunos documentos “difundidos en medios de comunicación sobre presuntos actos de espionaje no son oficiales, no están firmados ni avalados por alguna autoridad competente, por lo que son apócrifos”.

Los documentos están relacionados con “el ciberataque sufrido a los servidores de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) y se negó que el gobierno federal realice acciones de espionaje, sino que llevan a cabo labores de inteligencia dirigidas a combatir el crimen organizado y enfrentar amenazas que pongan en riesgo la seguridad nacional”.

“Específicamente al correo institucional, mismo que contiene información de carácter público y no es de clasificación confidencial. Dichos documentos no están signados, firmados, ni avalados por alguna autoridad competente”, aseguró en un comunicado.

Asimismo, se dijo que lo anterior “hace evidente que, con motivo de dicho ciberataque, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública”, por lo que acusó que cualquier persona ajena al instituto armado podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas para afectar su imagen institucional, “por tal razón, dichas publicaciones carecen de validez legal”.

Documentos filtrados de espionaje son ‘apócrifos’, asegura Presidencia - coronel-sedena-desaparecido
Se detalló que no se consideran “oficiales” algunos documentos que se dieron a conocer y están relacionados con “el ciberataque sufrido a los servidores de la Sedena. Foto: Sedena.

Además, explicaron que las actividades de inteligencia se refieren al análisis e interpretación de información que se encuentra disponible en fuentes abiertas, como redes sociales, medios de comunicación, revistas o periódicos, así como la obtenida en actividades de campo, reuniones con otras dependencias y organizaciones, la cual se compara con bases de datos que poseen de manera legal autoridades responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia del país.

“En el contexto del combate al narcotráfico, las denuncias anónimas juegan un papel preponderante, coadyuvando en la detención de líderes e integrantes de las organizaciones criminales y en la desarticulación de las estructuras del narcotráfico generadoras de violencia, además de sus entramados financieros, logísticos y de personal”, agregó la presidencia.

También se señaló que durante la actual administración la autoridad judicial detuvo a mil 393 personas; de ellas, 27 son relevantes por tratarse de presuntos líderes de las organizaciones criminales y generadores de violencia en el país, destacando: Ovidio “El Ratón” Guzmán, José Guadalupe, Gerardo, José Antonio y José Alfredo.

“Todo el esfuerzo de inteligencia del Estado mexicano se dirige a combatir a la delincuencia organizada y narcotráfico, por lo que no se ha detenido a ningún actor político, social, persona perteneciente a una organización de derechos humanos, activista u otra persona que no esté relacionada con las organizaciones de la delincuencia organizada”, mencionó la presidencia.

Y comentó que con el desarrollo de productos de inteligencia es posible llevar a cabo la detención de otros blancos generadores de violencia, así como el aseguramiento de enervantes y armamento.

El artículo 16 de la Constitución refiere que las comunicaciones privadas son inviolables y que al respecto solo el juez puede valorar el alcance y autorizar su intercepción, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito, por lo que las instancias de seguridad nacional están impedidas legalmente para realizar este tipo de actividades sin la orden correspondiente de un juez.

La Constitución afirma que es facultad exclusiva de la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o el titular del Ministerio Público de la entidad federativa, autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.

Síguenos en

Google News
Flipboard