FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra dos hermanos de García Luna fallecidos: <i>Latinus</i>
García Luna, extitular de la SSP con Felipe Calderón. Foto: Enrique Ordóñez/Cuartoscuro.

En mayo pasado se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra cuatro hermanos del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, de los cuales dos fallecieron, según información del periodista Carlos Loret de Mola.

La FGR informó en su momento que los familiares del exfuncionario federal ─incluida su esposa, Linda Cristina Pereyra─ están presuntamente implicados en una red de corrupción para desviar recursos públicos.

Sin embargo, en su noticiero en Latinus transmitido la noche del miércoles 31 de mayo, Loret de Mola reveló que Humberto y Luz María García Luna murieron antes de que el juez concediera las órdenes de aprehensión.

El comunicador mencionó que Humberto García Luna falleció a causa de la pandemia de Covid-19, mientras que Luz María murió principios de mayo de este año a causa de una enfermedad, sin especificar cuál.

En este sentido, Loret de Mola indicó que las órdenes de aprehensión fueron giradas por un juez en fechas recientes.

El periodista también mencionó que dentro de los 61 presuntos implicados en la red de corrupción de García Luna para saquear recursos públicos de la Secretaría de Seguridad y penales federales, se encuentran dos funcionarios del actual gobierno.

Uno de ellos es Antonio Molina Díaz, actual director general de Control y Verificación del Instituto Nacional de Migración (INM), quien fue vinculado a proceso por el incendio en el centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua, que causó la muerte de 40 personas.

El segundo funcionario presuntamente ligado a la red de García Luna es Sergio Alberto Martínez Castuera, excoordinador general de Centros penales federales y subrepresentante federal del INM.

De acuerdo con la FGR, las operaciones por las cuales solicitó las 61 órdenes de aprehensión se habrían realizado a través de 10 contratos ilícitos que sumaron 5 mil 112 millones de pesos.

Las personas señaladas por la FGR están acusadas de delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

“Ya se ha solicitado la ficha roja para todos aquellos que se han fugado del país y se procederá a las solicitudes de asistencia jurídica internacional para obtener la devolución de los bienes saqueados de la nación”, precisó la FGR en un comunicado.

Asimismo, aclaró que este procedimiento penal es independiente a la denuncia que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respecto a un supuesto desvío multimillonario en contra de la Policía Federal.

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