Hacinamiento y violencia: la crisis del sistema penitenciario

El hacinamiento creció en el país. En los 314 centros penitenciarios, tanto federales como estatales, hay una tasa de ocupación promedio de 107%, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales (CNSPFE) durante 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al menos 15 entidades reportan sobrecupo, principalmente: Estado de México, Nayarit, Durango, Morelos, Puebla y Baja California, de una población total de 222 mil 133 personas privadas de la libertad en el territorio mexicano.

La sobrepoblación en los penales es una de las principales razones de los amotinamientos. Está relacionado con violaciones a derechos humanos al interior de los centros penitenciarios, la falta de algún servicio, el hacinamiento, la mala calidad de la comida y la violencia. 

Durante 2022, el Inegi reportó que hubo 2 mil 612 incidencias como riñas y motines, en los que el saldo total fue de 7 mil 048 personas involucradas, de las cuales 293 murieron y 566 resultaron lesionadas, el 34% fue por peleas entre pandillas. Fue en los centros penitenciarios del Estado de México donde hubo más víctimas, 183 fallecidas y 116 personas heridas. 

Aunque este rubro presentó una disminución del 8% en el número de eventos violentos respecto a 2021, el número de personas fallecidas rompió récord aumentando un 179% en comparación con el año pasado. 

De acuerdo con el pronunciamiento para la adopción de acciones urgentes que garanticen la debida operatividad, seguridad y gobernabilidad en los centros penitenciarios del país a fin de proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sus visitas y del personal que labora en los mismos de la CNDH, en 22 entidades se registraron incidentes en al menos un centro penitenciario durante 2022.

El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que la mayoría de las prisiones de México se encuentra en condiciones de hacinamiento, ingobernabilidad y hostilidad, donde las personas privadas de la libertad (PPL) se ven violentadas en sus derechos humanos. 

El gobierno estadounidense refiere que el Sistema Penitenciario Federal mencionó que, según el estudio Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 de la CNDH, 44 de 233 “establecimientos penitenciarios tenían estructuras de autogobierno en las que los internos desempeñan funciones de personal”.

Por ejemplo, en el penal de La Mesa, en Tijuana, Baja California, es uno de los más poblados del país y durante 2022 se cometieron dos motines, en un caso tomaron como rehén a un custodio y en otro dejaron una amenaza con restos humanos dentro de una hielera afuera del centro penitenciario. 

Según la Comisionada de Centros Penitenciarios, estos motines fueron provocados por pugnas entre pandillas: Los Paisas y los Sureños. En entrevista, la titular de los centros penitenciarios de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, reveló que en 2022 se decomisó al interior de las prisiones 119 mil dosis de diferentes drogas, principalmente fentanilo. 

El Inegi reportó que fue Baja California la entidad que mayor número de ingresos a centros penitenciarios tuvo en todo 2022, un total de 19 mil 664 personas. Tijuana es la ciudad en la que se registró mayor población, un total de 4 mil 097, cuando su capacidad es de la mitad de esa población.

A la llegada de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda,  el penal de La Mesa tenía una población de más de 6 mil personas privadas de la libertad. Entre sus principales acciones, o las que más presume la gobernadora, es el traslado de más de 2 mil internos a otros penales del estado y el país.

En la entrevista, Andrade Ramírez dice que recibió los centros penitenciarios del estado con serios problemas de hacinamiento y tres quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y varias quejas en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ocurridos en años anteriores.

“Todos los centros penitenciarios, tenemos tres, estaban sobrepoblados. Tijuana tenía casi 6 mil, ahorita tenemos 4 mil 097, con una capacidad aproximada de 2 mil 500. Hemos hecho el traslado de casi 2 mil personas privadas de la libertad, es una cifra histórica”, destaca.

“La mayoría fueron enviados a los penales de Mexicali y Ensenada, inclusive al Hongo; porque esos centros ya no están sobrepoblados. De los tres solamente nos queda Tijuana, pero con gran avance. Algunos incluso han sido traslados federales, hemos llevado a cabo dos traslados federales a cargo de la Guardia Nacional a diversos centros penitenciarios del país”, agrega.

Sobre los motines en las penitenciarias de Baja California, la comisionada dice que se trata de luchas por el control al interior de los penales entre las principales pandillas.

“Una de las pandillas que tenemos, que hemos detectado, son los denominados Paisas, algún PPL que ingrese y no tenga pandilla, se suma la pandilla de los Paisas y otra pandilla es de los Sureños. Entonces ha habido fricciones entre ellas, que también se aumentan y se generan por las condiciones de hacinamiento o la falta de atención médica y mala alimentación”, comenta.

La funcionaria estatal destaca que el número de aseguramientos de sustancias dentro de los penales aumentó en 300% en comparación con la administración anterior, 118 mil 834 dosis o paquetes de droga en total en un año. Se trató de 5 mil 682 de cannabis; 92 mil 332 de heronía; 453 de metanfetaminas o cristal; 112 de cocaína; 77 de sildenafil (Viagra); 379 de Tabaco; 8 mil 459 de China White, que es la heroína con fentanilo, y 11 mil 340 paquetes de fentanilo en polvo.

¿Y cómo es que ingresa esa cantidad de droga?

“No hemos permitido que ingrese. Los decomisos son en el intento de ingreso”.

¿Cómo se trata de ingresar?

“Por ejemplo, la semana pasada se aseguró un televisor que intentaron ingresar los familiares. En su interior estaba cargado de celulares. También lo hacen  metiendo droga en la suela de los tenis, en el cuerpo de los familiares de los PPL, en una faja o en la ropa, de diversas maneras se ha intentado ingresar esta droga”.

¿Al interior han decomisado droga?

“Sí, ya la hemos extraído del interior y se hace el IPH y el sentenciado procesado que fue descubierto, se le abre una nueva carpeta de investigación y se da vista a la Fiscalía, hemos detenido a 18 personas privadas de la libertad con droga, pero también hemos encontrado sustancias sin responsable”. 

“Esas sustancias se intentan ingresar porque quieren comercializar. La droga al interior de un centro penitenciario cuesta 4 o 5 veces más que en el exterior, por el riesgo que conlleva y la dificultad para su ingreso”. 

Quejas por violaciones a Derechos Humanos aumentaron más de 90%

De acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2022, los internos de 139 penitenciarias presentaron 54 mil quejas o peticiones al órgano interno de control y la administración del penal. El 62% de las quejas fueron presentadas en centros federales, el aumento fue del 91.11% en comparación con 2021.

Al respecto, José Luis Gutiérrez Román, director de la organización civil ASILEGAL -la cual se dedica a la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad-, aseguró en entrevista para La-Lista que falta voluntad política para mejorar las condiciones de las personas en prisión.

“El hacinamiento, la sobrepoblación, la falta de insumos, la falta de atención por parte de la autoridad penitenciaria para generar las condiciones de vida mínimas al interior, genera que las PPL se organicen y al hacerlo alientan un autogobierno; situación que es muy peligrosa en un sistema penitenciario, porque después hay una serie de disturbios y ya no están al alcance del control de las autoridades”, comentó Gutiérrez Román.

El defensor de derechos humanos dice que esta problemática del sistema penitenciario ha sido histórica y “un gobierno no va a poder llegar a cambiarla de facto, lamentablemente la política del Gobierno no ha sido justamente en atender estas problemáticas o estas condiciones de vida de las personas privadas de la libertad”. 

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria evalúa las condiciones e vida dentro de los penales a nivel nacional, y ninguno pasa de 6.3, dice Gutiérrez Román.

“Evidentemente hay muchos centros penitenciarios que están por debajo de la media, más de la mitad de los centros penitenciarios del país están por debajo de la media, es decir, tienen calificaciones de cuatro, cinco, seis”, lamenta.

Tres de cada diez personas privadas de la libertad en centros penitenciarios del país han pasado más de 24 meses sin una sentencia condenatoria. En 2022 el 40% de las personas detenidas en cárceles federales y estatales se encuentran sin sentencia definitiva, un total de 111 mil 825 de personas. 

“Estas personas ocupan un espacio al interior de los centros penitenciarios, pero también están esperando un juicio y una resolución por parte de las autoridades. Esto conlleva a que al no acelerarse el sistema de justicia para poder resolver la situación jurídica a estas PPL, se encuentren en el sistema penitenciario y entonces obstaculicen en la reinserción social de las personas que ya están sentenciadas”.