Nuevo caso de presunta corrupción en Segalmex exhibe fraude a inversionistas privados: El País

Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se encuentra nuevamente en el foco de atención ahora por un nuevo caso de presunta corrupción al interior del organismo por la instalación de plantas purificadoras, cuya inversión nunca se recuperó y la paraestatal perdió fondos públicos que había invertido en servicios para que las plantas funcionaran, reveló el diario El País.

De acuerdo con el reportaje de la periodista Georgina Zerega, el último proyecto presentado en 2020 por Ignacio Ovalle, entonces director de Segalmex, contaba con la instalación de 274 plantas purificadoras de agua en los almacenes que tiene la enorme red de abasto de alimentos.

Para ello, la paraestatal acordó con empresarios privados que Diconsa aportaría el espacio y se haría cargo de los gastos por servicios, como energía eléctrica y agua potable de la red pública, así como del almacenamiento, la distribución del producto, la recuperación de los garrafones vacíos y el suministro inicial de 500 mil envases de 20 litros vacíos. Mientras que la manufactura solo era responsabilidad de la parte privada.

Georgina Zerega refirió que según los acuerdos se iniciaría con un mínimo de producción de 3.9 millones de garrafones al mes. Sin embargo, agregó que las ventas entre 2020 y 2021 estuvieron por debajo de lo previsto, es decir, con un monto total de apenas 4.9 millones de pesos.

Una estimación realizada por El País detalla que si los garrafones se vendían en 15.75 pesos, el total de las ventas podrían haber sido de 314 mil 300 pesos en todo el país.

El texto publicado por medio con sede en Madrid, España, relata que para finales de 2021, las plantas purificadoras ya habían dejado de producir y comenzaban a quedar abandonadas, a pesar de que el convenio tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024, fecha en la que se supone que las empresas tienen que ceder las plantas a Diconsa.

En caso de que las privadas no cumplan con sus responsabilidades, el documento al cual tuvo acceso El País señala que no habrá necesidad de acudir a tribunales o exigir el cumplimiento forzoso o el pago de daños sin que medie resolución judicial.

Sobre los inversionistas privados, la periodista Georgina Zerega consultó a fuentes cercanas al acuerdo, quienes refirieron que Hugo Rosales Badillo, exsecretario de gobierno de Durango, aportó dos millones de dólares en efectivo, pero al no ver avances en el proyecto de las purificadoras emitió una queja con la cual logró recuperar solo 10 millones de pesos a través de una transferencia bancaria que lo dejó vinculado a la causa judicial.

El segundo inversor fue un empresario maderero de Chihuahua que entregó a través de una transferencia bancaria unos 18 millones de pesos y que no volvió a ver ese dinero.

Mientras que el último en invertir fue Luis Molleda Cámara, un empresario que fue contratista regular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y que falleció en 2022. En su caso, agregó El País, el monto otorgado fue de 160 millones de pesos.

El medio español añadió que el acuerdo para la instalación y operación de plantas purificadoras fue firmado por el exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, quien en noviembre fue vinculado a proceso por el delito de uso indebido de recursos públicos. Junto a él firmó Manuel Lozano Jiménez, exdirector comercial del organismo y quien se encuentra en prisión domiciliaria en Argentina.

En tanto, el contrato, bajo el nombre de convenio general de colaboración, fue firmado con las empresas Grupo Andareya y MSG Minerales Sintéticos Granulados, cuyo manejo era por parte del empresario Fernando Zurita, ahora detenido por una compra fraudulenta de azúcar.

La periodista Georgina Zerega agregó que el esquema de pagar todas las compras por adelantado y pedir el producto luego fue una medida que se impuso en la Administración de Ovalle, el cual sirvió para que los proveedores no entregaran en muchos casos la totalidad de lo comprado, generando un daño a la Hacienda pública.