ProPública a AMLO: reportaje no fue filtración y gobierno de Biden estaba ‘consternado’

El medio ProPublica aseguró que el reportaje que señala un supuesto financiamiento de grupos del crimen organizado a la campaña de 2006 del ahora presidente Anders Manuel López Obrador (AMLO) no fue una filtración y que la administración del mandatario estadounidense Joe Biden se mostró ‘uniformemente consternada’ por la publicación de la investigación.

La respuesta del medio se da luego de que el mandatario mexicano emplazara al reportero Tim Golden, autor del artículo, a presentarse en la conferencia mañanera y mostrar las pruebas en su contra, así como después de aseverar que la publicación del texto fue una respuesta a sus críticas a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la posible reapertura del Caso Luis Donaldo Colosio y sus señalamientos a los vínculos de Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública con Felipe Calderón Hinojosa en 2006.

El medio estadounidense apuntó que no puede revelar las identidades de los funcionarios actuales y antiguos que colaboraron con su investigación, pero puntualizó que “no fue una filtración orquestada” y que “los funcionarios de la administración Biden con quienes hablamos se manifestaron uniformemente consternados” por la publicación del reportaje.

ProPublica también respaldó al reportero Tim Golden en torno a los ataques de AMLO, y aseguró que la investigación tomó meses de trabajo, docenas de entrevistas y de documentos internos. 

También, negó que el expresidente Carlos Salinas de Gortari haya filtrado información al respecto.

Sobre la publicación en sincronía con el medio InSight Crime, dijo que trabajaron de manera independiente pero sí acordaron publicarlo en una fecha coordinada. 

En este sentido, descartó que forme parte de una campaña de Estados Unidos para socavar al gobierno mexicano.

Por otra parte, dijo que los testimonios recabados por la DEA fueron revisados por fiscales del Departamento de Justicia, quienes calificaron las pruebas como “incriminatorias pero no decisivas”.

Añadió que “agentes de la DEA quisieron proceder con un operativo encubierto más elaborado dentro de México, pero los funcionarios de Justicia rechazaron ese plan a finales de 2011, en parte por el temor a que un proceso legal exitoso realizado en Estados Unidos podría ser visto por los mexicanos como una injerencia estadounidense intolerable en su política”.

Por ello, el caso se cerró sin que se procediera a otra investigación sobre posibles vínculos de narcotraficantes con AMLO o su entorno cercano. 

Esta mañana AMLO se refirió nuevamente al medio ProPublica y al periodista Tim Golden, a quienes les exigió mostrar las pruebas que vinculan su campaña presidencial de 2006 con supuestos donativos del narcotráfico.

“Yo le puedo decir a Tim Golden, a ver, ¿dónde están tus pruebas?, como se las estoy pidiendo a los que sacaron el boletín ayer, y dicen ‘nos pidieron los de la DEA que no diéramos a conocer la fuente’, entonces, ¿qué independientes pueden ser estos medios?”, señaló en su conferencia de prensa de este viernes 9 de febrero.

Ayer, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, recalcó que la investigación era un “caso cerrado” para su país.

El pasado 31 de enero, testigos revelaron a la DEA que traficantes de droga mexicanos aportaron al menos 2 millones de dólares para la primera campaña presidencial de AMLO en 2006.

Los pagos, dijeron, fueron realizados por gente al servicio de los hermanos Beltrán Leyva cuando aún formaban parte del Cártel del Sinaloa y entre los personajes implicados está Nicolás Mollinedo, “Nico”, quien por años fue el hombre más cercano del actual presidente, de acuerdo con una investigación periodística basada en testimonios e informes del gobierno de Estados Unidos.

El periodista Tim Golden realizó una investigación titulada ¿Los traficantes de drogas canalizaron millones de dólares a la primera campaña de López Obrador?, publicada en ProPublica, donde detalló que entrevistas con funcionarios de Estados Unidos (EU) y mexicanos, así como documentos gubernamentales, el dinero se proporcionó a asesores de campaña de López Obrador en 2006 con el objetivo de que su gobierno facilitara las operaciones de los traficantes.

No obstante, no se “estableció si López Obrador sancionó o siquiera conocía las donaciones reportadas por los traficantes”.

La fuente principal de las autoridades de EU fue Roberto López Nájera, quién fungió como abogado de Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie” y parte del Cártel de los Beltrán Leyva.