La nueva legislación establece de tres a seis meses de cárcel y sanciones económicas a quien aborte después de la sexta semana.
La CIDH dijo que “condena la violencia perpetrada contra personas LGBTI y las muertes violentas de personas trans y de género diverso”.
Sin apoyo económico ni político para establecer acuerdos con la FGR, el Comité para el Impulso a la Justicia se quedó sin integrantes en julio de 2023. Después de que la Coordinación General de Investigaciones también fuera desmantelada, los casos del periodo han sido trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.
