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‘En promedio, en Ecuador cada mujer ha abortado al menos una vez’, dice abogada

La Asamblea Nacional tiene seis meses para despenalizar el aborto cuando el embarazo es fruto de una violación, aunque colectivos feministas piden más.

Foto: Wikimedia Commons

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Las mujeres ecuatorianas no solo luchan por no terminar presas cuando abortan tras ser violadas. Además de un Código Penal restrictivo a la hora de regular el aborto, la ley se interpreta también restrictiva de las causas en las que sí se les permite interrumpir el embarazo de forma voluntaria y que se hace tras los lentes de los estereotipos sobre cómo deben enfrentar y decidir sobre su reproducción.

En Ecuador, el aborto es un delito penado con cárcel de entre seis meses hasta dos años para las embarazadas, y entre uno y tres años para los médicos que lo practican con consentimiento de la paciente, y de cinco a siete años, sin el mismo. Solo es legal en caso de que esté en riesgo la vida o la salud de las mujeres y, desde el 28 de abril, cuando el embarazo es fruto de una violación. Así lo decidió la Corte Constitucional, en una sentencia histórica que dio seis meses a la Asamblea Nacional para que plasmara la causal de violación en la ley. 

La excepción por violación es una victoria para colectivos feministas que llevaban una década peleándola, aunque es una victoria incompleta. “Peleamos por la despenalización total del aborto”, explica a La-Lista Ana Vera, abogada de la organización feminista Surkuna.

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Pero el problema no solo está en que se criminalice el aborto, sino que aquellos casos en los que están permitidos, las excepciones se interpretan de forma muy limitada y sesgada, lo que Ana Vera llama un sobreuso del derecho penal. “Tuve el caso de una niña de 18 años que tuvo el parto en el baño. Se desmayó, la ambulancia la recogió inconsciente y posteriormente, la fiscalía abrió una investigación contra ella por homicidio culposo, porque no tenía controles prenatales”, explica. 

De cada 10 casos que ha litigado Surkuna, siete han sido por abortos espontáneos aunque, a los ojos de los profesionales de la salud que los atendieron, parecieron sospechosos. “Porque no lloraban, porque llegaban bien vestidas al hospital o porque tenían un historial con múltiples parejas. Hay una serie de estereotipos que hacen que las denuncien”, asegura Vera.

La ONG Human Rights Watch (HRW) publicó el 14 de julio un reporte denunciando la violación de derechos de las mujeres que se deriva de la legislación ecuatoriana sobre el aborto: “¿Por qué me quieren hacer sufrir?”. En la investigación reportan que el 73% de los procesos judiciales que revisaron fueron iniciados tras la denuncia del profesional de la salud

Antecedentes históricos

Vera explica que ello está relacionado con la confusión que genera el Código Penal sobre qué obligaciones tienen los médicos ante las pacientes, y tiene que ver con los antecedentes históricos más recientes de la legislación sobre el aborto en el país.

Fue a raíz de la reforma del Código Penal de 2014 cuando se recrudeció la persecución del aborto, coinciden desde Surkuna y HRW. El cambio legal impuso a profesionales de la salud la obligación de denunciar a las mujeres que se sometieran a una interrupción voluntaria del embarazo fuera de las causas legales. El reporte de HRW identificó que en los cinco años previos a 2014, el promedio anual de juicios penales por este delito fue de ocho. Durante el lustro posterior, de 15

Algunos profesionales de la salud han asumido un papel más parecido al de los fiscales, dado que interrogan a las mujeres y niñas sobre su conducta, y no solo sus necesidades médicas, intentando encontrar pruebas de culpabilidad. Esos mismos profesionales luego declaran contra ellas en el proceso judicial, a pesar de tener una obligación de confidencialidad”, asegura la ONG.

Para Vera, ese cambio en la forma de afrontar la interrupción voluntaria del embarazo tuvo también tintes políticos. “Fue por el debate del Código Penal y por la postura del presidente Rafael Correa, diciendo que era un crimen y que se tenía que perseguir”, explica.

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No hay un patrón de mujeres que se someten a abortos porque las hay de todas las edades, orígenes y clases sociales. HRW explica que en Ecuador,  7 niñas de menos de 14 años se convierten en madres cada día

“Hay una estadística del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro que asegura que cada mujer en el Ecuador ha abortado al menos, una vez en su vida. Eso no significa que todas hayan abortado, sino que las hay que han abortado más de una vez”, asegura Vera.

Pero sí se conocen los grupos a los que más perjudica la penalización del aborto: mujeres jóvenes, las de grupos indígenas o afroecuatorianos y las más empobrecidas. Ello se explica por la falta de recursos económicos, para pagar un aborto en un centro privado, y de redes sociales, para acceder colectivos que les faciliten un aborto clandestino y seguro. 

“Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Ecuador, la cantidad de mujeres y niñas en riesgo de procesamiento penal es alarmante; en los ocho últimos años, la tasa de abortos inseguros aumentó un 43%”, explica HRW en su reporte.

Foto: Facebook / Asamblea Nacional de Ecuador

Las soluciones

El aborto clandestino es una salida cuando la ley no está en sintonía con la realidad que regula. En 2019 hubo una propuesta de despenalización del aborto por violación sexual e inviabilidad fetal en la Asamblea Nacional, pero se tumbó por una diferencia de cinco votos en su contra. “No es una vía que permite resarcir el dolor y el ultraje de una mujer al ser violada”, explica Guillermo Celis, que en aquel entonces, era el único diputado del movimiento SUMA y votó en contra de esa causal.

El abogado mantiene aún su posición. Y ello, a pesar de que entre 2014 y 2020, 456 mujeres fueron procesadas penalmente por este tema, según datos de Surkuna, algunas de ellas incluso entrando en prisión, preventiva o por condena.

SUMA hoy defiende una doble salida al debate del aborto en el país. La primera, que se celebre una consulta popular y que sean los ecuatorianos quienes se pronuncien. La segunda, mantener la legislación penal actual pero ampliando el apoyo a la mujer. “Planteé una ley para que desde el vientre, en este tipo de casos (violación), una madre pueda entregar en adopción a su hijo inmediatamente”, explica Celis. Ello se complementaría con apoyos económicos, médicos y psicológicos del estado a la víctima.

Los colectivos pro derecho sobre el propio cuerpo esperan contar con los bloques de izquierdas, progresistas e indígenas de la Asamblea para aprobar la despenalización el aborto en caso de violación. “Nos da mucha esperanza, y más, al ver que cada vez más mujeres organizadas y en las calles luchando por sus derechos”, explica Vera. “Esperamos que la Asamblea esté a la altura”, añade. 

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