Políticos y policías vinculados a red de explotación sexual infantil en Colombia

La policía de la ciudad colombiana de Cúcuta, cerca a la frontera con Venezuela, desarticuló una red de explotación sexual infantil que ofrecía migrantes menores de edad, un ejemplo aberrante de cómo el crimen organizado aprovecha la precariedad en regiones fronterizas.

A finales de junio, la policía de Colombia descubrió a cinco menores de edad, en edades entre 12 y 15 años, en una habitación de alquiler en el segundo piso de un bar en Cúcuta, departamento de Norte de Santander, noreste de Colombia. A las menores, algunas identificadas como migrantes venezolanas, les habían retenido sus documentos de identificación, según informó la cadena de noticias Caracol.

Según las autoridades, citadas por el medio La Opinión, en la red de explotación sexual participaban políticos locales, funcionarios de gobierno, narcotraficantes y miembros de las fuerzas de seguridad del país, así como miembros de la unidad de infancia y adolescencia de la Dijín tenían conocimiento de la red y permitieron que siguiera operando. Hay tres detenidos, entre ellos, Yhizley Yhatzury Pedraza Pérez, más conocida como “La Yiya”.

“La Yiya” presuntamente reclutó a menores colombianas y venezolanas por medio de redes sociales, con promesas de iniciar una carrera como modelos. Luego les quitaba sus documentos de identificación y las obligaba a tomarse fotos y videos íntimos para enviar a sus clientes. Las menores se anunciaban a la venta en las redes sociales y en catálogos en el bar.

El operativo encubierto fue resultado de dos años de trabajo por parte de la policía colombiana con apoyo del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés). Durante el operativo, algunos indicios de corrupción entre las autoridades locales de Norte de Santander obligaron a trasladar el caso a las unidades de la policía en Bogotá, capital colombiana.

Se dice que las investigaciones sobre la red se iniciaron en noviembre de 2019, con la captura de un empresario del sector de seguridad sorprendido por la policía cuando se dirigía a un motel con tres menores de edad.

Ese mismo año, la policía comenzó a recibir denuncias sobre “chiquitecas” locales, fiestas en las que se reunían menores de edad a oír música y donde muchas veces se les inducía a consumir drogas y licor. Las autoridades transmitieron las denuncias a las autoridades municipales de Cúcuta, pero no se emprendió ninguna acción.

Al parecer la red de trata se valía de esas fiestas para reclutar a niñas y niños con fines de explotación sexual. Se dice que los menores eran intoxicados o drogados y luego obligados a sostener relaciones sexuales con los clientes.

Esta no es la primera red de trata desmantelada en Cúcuta en el último año. En agosto de 2021, las autoridades capturaron a seis personas conectadas a una red de trata dirigida por dos hermanas y la madre de estas. Las mujeres atraían a sus víctimas con anuncios falsos que ofrecían oportunidades laborales en Panamá y Ecuador.

Análisis de InSight Crime

Las redes de trata desarticuladas en el último año ilustran cómo las zonas fronterizas se han convertido en focos de explotación sexual, así como el rol de la tecnología, la corrupción y las mujeres para facilitar esta economía criminal.

Venezuela tiene actualmente el segundo mayor número de desplazados del mundo. Desde el inicio de la debacle socioeconómica en ese país en 2015, se estima que 2,3 millones de habitantes han emigrado a Colombia, segundo mayor país receptor de refugiados en el mundo.

Según las Naciones Unidas, los refugiados y desplazados internos son más vulnerables a la explotación sexual y son más propensos a la coerción con promesas laborales. Además de eso, en el caso de los migrantes venezolanos en Colombia, “su condición irregular” dificulta la detección en caso de desaparición.

Como resultado de dicha dinámica, las mujeres venezolanas conformaron el 34 por ciento de los casos de trata de personas atendidos por la Defensoría del Pueblo en Colombia durante 2021. Norte de Santander, el departamento con el segundo mayor número de venezolanos en Colombia, es también el departamento con mayor número de víctimas de explotación sexual.

La trata de mujeres y niñas presenta un incremento sostenido en Norte de Santander desde 2019, muy probablemente exacerbado por la recesión global que conllevó la pandemia de COVID-19. Un informe publicado por Border Lab en 2021 halló que la trata de personas en el departamento casi se había triplicado en 2020.

Los elevados índices de pobreza y desempleo, y la presencia de grupos armados ilegales, fuerzas militares y operaciones de minería ilegal, también han contribuido a que Cúcuta y otras ciudades fronterizas se conviertan en focos de trata de personas con fines de explotación sexual. Las ciudades en las zonas fronterizas presentan dos factores comunes: la fuerte oferta de víctimas potenciales y una demanda paralela de la economía criminal.

Entre tanto, las redes sociales, la corrupción y las victimarias de género femenino facilitan la economía criminal. Las redes sociales se usan para “cazar” o “embaucar” víctimas, muchas veces atraídas por ofertas laborales. Posteriormente, se obliga a las víctimas a “trabajar” en bares o establecimientos de entretenimiento, o como modelos webcam.

Como se evidenció en este caso reciente, la continua explotación sexual de menores no sería posible sin la corrupción, incluida la de la estructura política local y las mismas instituciones de policía encargadas de proteger a las menores.

El caso también pone de relieve la participación de las mujeres en la explotación sexual. A nivel global, las mujeres constituyen la tercera parte de los perpetradores de la trata de personas, pero es menos probable que sean detenidas y procesadas judicialmente que sus homólogos hombres.

En lo corrido de 2022, las autoridades colombianas han rescatado a 661 menores de la trata de personas con fines de explotación sexual, lo que en solo seis meses supera los 649 menores rescatados en 2021, según información de Blu Radio. Pero lo más seguro es que el número de víctimas supere en mucho esta cifra.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, por cada víctima registrada, hay veinte más sin identificar.

Este trabajo publicado por Insight Crime y se puede leer aquí