La lista de EU contra la corrupción en Centroamérica

El gobierno estadounidense ha añadido docenas de nombres de políticos, fiscales, jueces y empresarios a la lista Engel, de presuntos actores corruptos en Centroamérica, manteniendo una estrategia que hasta el momento ha fracasado en su intento de hacer mella en la corrupción que aqueja a la región.

El Departamento de Estado incluyó más de 60 nuevos nombres en una actualización de la llamada “Lista Engel”, publicada por primera vez en julio de 2021 como una manera de sancionar a personajes públicos de El Salvador, Guatemala y Honduras que “a sabiendas han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticos” y realizan “actos significativos de corrupción”.

Los nuevos nombres aparecen en un borrador de la lista se filtró el 15 de julio. Sin embargo, las autoridades estadounidenses afirmaron que aún no se publica el documento oficial que podría incluir nuevos personajes.

Todos los nombres incluidos en la Lista Engel —llamada como el congresista estadounidense Elliot Engel, uno de los promotores de la lista— tienen vetado el ingreso a Estados Unidos.

Anunciar con nombre propio en una lista de la infamia a señalados de corrupción ha sido un pilar clave de la política estadounidense en Centroamérica, pero sus detractores argumentan que no ha impedido que algunos de estos actores desmonten los sistemas de justicia y se lucren del crimen organizado.

Y a pesar de los nuevos nombres, hay pocas señales de que la administración del president Joe Biden esté dispuesta a hacer algo más que enunciar los funcionarios corruptos, que, en muchos casos, parecen no afectarse en lo más mínimo con dichas medidas.

A continuación, InSight Crime analiza por qué la actualización de la Lista Engel tiene pocas esperanzas de dar un empujón a las iniciativas del país del norte por atacar la corrupción en los países del Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras.

El Salvador

En este país, el Departamento de Estados mantuvo su estrategia de poner en la picota pública a los funcionarios cercanos al presidente Nayib Bukele. Estados Unidos ha señalado al gobierno de Bukele por muchos problemas, desde negociaciones secretas con las pandillas hasta malos manejos financieros que afectan el estado de derecho, y en 2021 sancionó a muchos altos funcionarios de su administración.

Para la actualización de la lista Engel, el gobierno estadounidense apuntó a un aliado cercano a Bukele en la asamblea legislativa, Christian Reynaldo Guevara Guardón, jefe del bloque parlamentario del partido de gobierno Nuevas Ideas. El Departamento de Estado acusa a Guevara Guardón de socavar “las instituciones o procesos democráticos” con la presentación de una ley que penaliza la divulgación de mensajes de las pandillas en los medios de comunicación con penas de hasta 15 años de prisión. Los representantes del gobierno de Estados Unidos ya habían criticado dicha ley, tildándola como un intento de censura de los medios e impedir el cubrimiento de hechos de corrrupción.

La lista Engel también al actual ministro de hacienda José Alejandro Zelaya Villalobo. El funcionario salvadoreño de mayor rango en la lista, Zelaya Villalobo está señalado de retener cerca de 500 millones de dólares en fondos municipales destinados a servicios esenciales con el ánimo de afectar a sus rivales políticos y sumar apoyo antes las elecciones del 2021.

A finales de 2020, el fiscal general de El Salvador Raúl Melara comenzó a investigar la retención de fondos por parte del Ministerio de Hacienda, pero pocos meses después legisladores cercanos a Bukele lo destituyeron. Zelaya Villalobo no ha sido llamado a responder por cargos penales en relación con el caso.

El secretario de prensa y viejo aliado de Bukele, José Ernesto Sanabria, también figura en la lista. Estados Unidos acusa a Sanabria de “abusar de su cargo y de su influencia con Bukele para ejercer presión indebida” sobre políticos opositores para que renunciaran bajo amenaza de cargos penales.

Estados Unidos también señaló a un asesor presidencial, Francisco Javier Argueta Gómez, acusado de ser “el autor intelectual” de la destitución de cinco magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general, que fueron reemplazados por aliados de Bukele a mediados de 2021

Al igual que la lista Engel del año pasado, la falta de claridad en la conexión entre los delitos de los que se acusa a los funcionarios salvadoreños lleva a cuestionar la coherencia de los criterios usados para designar a personajes corruptos.

Las anteriores listas de corrupción publicadas por Estados Unidos han sido ridiculizadas o ignoradas por los funcionarios salvadoreños, en lugar recibirlas con la disposición de investigar a fondo las denuncias. Este año no fue la excepción.

“No les tengo miedo”, trinó Guevara Guadrón, jefe del bloque parlamentario de Bukele, después de que se filtró la actualización de la lista. Además tildó a la administración Biden de “torpe, débil e ineficiente” en un pronunciamiento escrito con fecha del 15 de julio.

El jefe del Congreso de El Salvador, por su parte, criticó la lista como “un capricho, no de Washington, sino de alguien en Washington”, en un trino publicado el mismo día.

Guatemala

Al igual que el año anterior, el Departamento de Estado enumeró una serie de funcionarios judiciales acusados de tráfico de influencias en un esquema de corrupción diseñado para otorgar puestos en las altas cortes de Guatemala. Adicionalmente, Estados Unidos amplió el alcance de la lista Engel para incluir fiscales de alto perfil y miembros de la influyente élite empresarial de Guatemala.

Entre las adiciones más notables se cuentan José Rafael Curruchiche Cucul, jefe de la Fiscalía Especializada Contra la Impunidad (FECI), adscrita al Ministerio Público. Estados Unidos acusa a Curruchiche de desviar casos de interés público y de lanzar afirmaciones dudosas contra los fiscales antiimpunidad, incluidos los mismos fiscales de la FECI.

Esto supone un viraje extraordinario para la institución, que fue una aliada crucial de Estados Unidos en el combate contra la corrupción hasta que la fiscal general, Consuelo Porras, destituyó al fiscal jefe y nombró a Curruchiche el año pasado.

El país del norte también sancionó a Porras, quien junto con Curruchiche ha presidido el desmonte continuado de la FECI con la destitución, o incriminación, de fiscales que trabajaban en casos de alto perfil. Porras no ha cambiado su postura a pesar de las sanciones en su contra, y lo más seguro es que Curruchiche siga la misma línea.anticorrupción, Guatemala reelige a fiscal general

Por primera vez, la lista incluyó a miembros del poderoso sector privado de Guatemala. En ella quedaron dos de los dueños de la firma de energía privada Corporación Energías de Guatemala, Ramón Campollo Codina y Steffan Christian Emanuel Lehnhoff. Ambos están acusados de “sobornar a servidores públicos” en detrimento de las metas de la política estadounidense.

Los empresarios no se han pronunciado públicamente sobre los señalamientos.

Firmas vinculadas a Campollo Codina han estado involucradas en la financiación de las campañas de importantes políticos, muchos acusados de corrupción, según notas de prensa local. En respuesta a estas denuncias, un abogado de las firmas de Campollo Codina declaró al portal de noticias guatemalteco Vox Populi que “ellos están en su derecho de financiar partidos políticos”.

La lista de corrupción también puso la lupa en el sector de la construcción, tradicionalmente utilizado para el lavado de dinero y la malversación de fondos públicos. Dos copropietarios de la empresa Asfaltos y Petróleos, Ramiro Mauricio López Camey y Mauricio López Oliva, entraron en la lista por presuntos sobornos a funcionarios de gobierno para obtener contratos de obras públicas. Ninguno de ellos ha respondido en público a las denuncias.

La empresa tiene presuntos vínculos con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y ha recibido más de 100 millones de dólares en contratos de obras públicas desde el inicio del mandato del jefe de Estado en 2020, como informó elPeriódico.

En listas de corrupción anteriores, las élites empresarias de Guatemala habían salido inermes. Su inclusión en la nueva lista Engel indica que Estados Unidos está dispuesto a perseguir el sector privado que, por largo tiempo, se ha beneficiado de sus conexiones políticas de alto nivel para ganar favores a cambio de patrocinio financiero, muchas veces ilícito. Por el momento, no se sabe cómo afectarán las restricciones en el tema de visas los flujos de caja sospechosos entre el sector privado y la política en el país.

Honduras

En Honduras, la selección del Departamento de Estado apuntó a la possible corrupción en la nueva administración de la presidenta Xiomara Castro, mientras que desenterró fantasmas de la pasada administración de su esposo, el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009).

El Departamento de Estado incluyó en la lista al vicepresidente del Congreso de Honduras, Rasel Antonio Tomé Flores, alto miembro del partido Libre, que lidera Castro. Estados Unidos sostiene que Tomé Flores se apropió de más de 320 mil dólares de dineros públicos cuando fungió como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) del país.

Tomé Flores ya era investigado por presuntos delitos en 2015, pero esos señalamientos no se materializaron en denuncias formales. En 2018, fue declarado culpable de abuso de autoridad por la contratación ilegal de un canal de televisión cuando era director de Conatel.

En un trino de Twitter el 15 de julio, Tomé Flores alegó que delegados del gobierno estadounidense le aseguraron que no está incluido en la lista oficial.

A Tomé Flores lo acompañaría en la lista el su copartidario vicepresidente del Congreso y también miembro de Libre, Edgardo Antonio Casaña Mejía, acusado de canalizar más de 5 millones de dólares en fondos pensionales para los maestros a aliados políticos y constituyentes con el fin de “asegurar votos y mantener el poder político”.

El presunto esquema llevó a la Corte Suprema de Honduras a inhabilitar a Casaña para el ejercicio de cargos públicos por un periodo de seis años en diciembre de 2021. Sin embargo, más adelante se le permitió ser designado miembro del Congreso. Casaña ha desestimado esas acusaciones, calificándolas como una persecución política.

El gobierno estadounidense también designó a contados funcionarios que sirvieron en el gobierno del expresidente Zelaya. Entre ellos se cuentan Enrique Alberto Flores Lanza, ministro presidencial en el mandato de Zelaya, acusado por Estados Unidos de “recibir 2 millones de dólares en fondos públicos del Banco Central de Honduras para redistribuirlos indebidamente entre sus aliados políticos”.

Otros tres exfuncionarios del gobierno de Zelaya fueron incluidos en la lista, acusados de aceptar sobornos o de usar su influencia para dirigir contratos públicos a sus aliados.

Con la designación de exfuncionarios y representantes del actual gobierno cercanos a Castro y su esposo, Estados Unidos muestra su disposición de ir tras funcionarios corruptos vinculados al clan político de la nueva presidenta.

Con las relaciones bilaterales todavía estableciéndose luego de la posesión de Castro en enero, el país del norte puede tener más influencia en Honduras que en los vecinos Guatemala y El Salvador, donde los representantes de gobierno tienen más experiencia en sortear las consecuencias de las listas de sanciones.

Este texto fue originalmente publicado en InSight Crime, puedes consultarlo aquí