El inicio real de la búsqueda forense masiva

                                                          La pesadilla en la que te abandonaron en el olvido de esa fosa oscura… ya terminó.

Cien mil personas no han regresado a sus casas y no sabemos dónde están, ¿cómo buscarlas? Primero hay que tener claro que pueden estar vivas o muertas, entonces conocer la información que rodea al fenómeno de la desaparición en México, formular hipótesis, conjeturas, suposiciones de en qué lugares hay características de cautiverio o retención que les impidan liberarse.

Sabiendo que la mayoría de los seres humanos desaparecidos son víctimas de personas o grupos que desean ocultarlos para siempre, una constante a tomar en cuenta es que en muchos casos las llevan a lugares distintos y distantes de la entidad federativa en la que fueron atacadas.

Esa práctica se realiza por los perpetradores con la convicción de que las instituciones locales y la federal no tienen entre sí mecanismos formalmente estructurados de comunicación, ni bases de datos que intercambien información sobre víctimas de las que se ignore su paradero, ni de localizaciones de personas con o sin vida. En excepciones donde hay alguna forma de compartir datos no son procedimientos institucionales sino improvisados por determinados servidores públicos que lo hacen por iniciativa propia, sin tecnología adecuada, por lo que no son eficaces ni eficientes.

En este cúmulo de posibilidades de localización hay aproximadamente 53 mil personas sin vida depositadas en espacios forenses institucionales, prácticamente desechadas y olvidadas por las instancias de administración de justicia y autoridades municipales, estatales y federales.

Las instituciones responsables de recoger o recibir los cuerpos sin vida o sus partes que proceden de distintos contextos, casi siempre los tienen un tiempo en los servicios forenses, si nadie los reclama y se les acumulan, entonces los envían a sepultar en esas fosas (aunque también los sepultan ahí de asilos, albergues, universidades sin pasar por el servicio forense). A muchos no les toman muestras biológicas ni registran en fotos o video sus características físicas, mucho menos obtienen el perfil genético, no se avisan entre los estados que encontraron a personas sin vida ni que hay otras reportadas como desaparecidas, así también se convierten en víctimas de desapariciones por burocracia, desdén e irresponsabilidad.

Es entonces que las acumulan mayormente en fosas comunes de los panteones o espacios similares que quedan legal y físicamente bajo el resguardo de los municipios, a veces ni siquiera la autoridad ministerial que determinó la inhumación y depende de las fiscalías conoce físicamente la ubicación de esas fosas, con el tiempo y el cambio de personal o el fallecimiento de los llamados “panteoneros”, quienes prácticamente viven dentro de los panteones, se pierde la ubicación de esas fosas, que son prácticamente hoyos profundos donde son arrojadas las bolsas de plástico con los cuerpos, se cubren de tierra sobre la que después crece hierba silvestre y como no se delimitan ni se les pone señalamientos de su dimensión ni existencia, se olvidan. Incluso se asignan tumbas sobre ellas y se llegan a realizar enterramientos de vecinos del mismo municipio y así desaparecen para siempre, no hay posibilidad de que se sepa que debajo de esas tumbas hay una fosa común con los cuerpos de otros seres humanos.  

Hace seis años, aun en condiciones adversas, cuando no se contaba con leyes en materia de desaparición, ni instituciones de investigación ni búsqueda, gracias a la lucha de las hermanas María y Amalia Hernández a la que nos sumamos como Red Eslabones por los Derechos Humanos se lograron rescatar alrededor de 200 personas de las fosas de Tetelcingo y Jojutla en Morelos, de las pocas que se han identificado (12), casi todas estaban siendo buscadas por sus familiares como desaparecidas desde muchos años atrás, habían sido víctimas de diversos delitos como secuestro y feminicidio. Si no las hubiéramos liberado de esas fosas, todavía las seguirían buscando. 

Es por esta realidad que es enorme la importancia de la publicación del decreto del pasado 13 de mayo de 2022, que ordena la creación del Centro Nacional de Identificación Humana que operará la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Abre una gran puerta para iniciar la verdadera búsqueda forense masiva con fines de identificación, de miles de personas que hoy se encuentran abandonadas en esas fosas y otros sitios forenses. 

Es una decisión federal que de manera operativa, mediante el marco jurídico que lo respalda, podrá solicitar, concentrar, analizar, procesar y cotejar la información nacional de personas sin vida que están en las fosas, como de las muestras de referencia que proporcionan las familias buscadoras, sin límite de fronteras estatales ni jurisdicciones ministeriales; podrá recuperar, recolectar, resguardar, trasladar, transportar y analizar los cuerpos, partes de cuerpos y secciones de hueso con fines de identificación humana. También dota a las 33 comisiones de búsqueda de facultades para solicitar al ministerio público y peritos información, así como que atiendan sus solicitudes de investigaciones que requieran control judicial en el contexto de la búsqueda forense en un término de 72 horas y extraordinariamente de 144. Otra herramienta muy valiosa es que el CNIH realizará campañas a nivel nacional de toma de muestras referenciales a familias que tengan un ser querido desaparecido, incluso cuando no tengan denuncia ante las autoridades ministeriales, ya que muchas personas no denuncian por miedo pero sí buscan a su familiar desaparecido.

Como las anteriores iniciativas que se han materializado en temas de desaparición, atención victimal y justicia, este decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada también es un logro que deriva de recomendaciones internacionales y principalmente de la iniciativa y trabajo coordinado de grupos de víctimas, organismos internacionales y de la de la CNB.