De sesiones solemnes y bandas de guerra

El pasado miércoles 1º de febrero, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados prohibió la entrada de la escolta y banda de guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional al Salón de Sesiones, pues acudieron con metralletas R-15. Por ello, los honores a la bandera tuvieron lugar en el recinto.

La decisión del diputado Santiago Creel fue polémica: mientras la oposición la apoyó, considerando este acto un atentado a la inviolabilidad del órgano legislativo, las bancadas gobiernistas lo tacharon de ignorante, burro y traidor, iniciando una controversia que todavía sigue. ¿Tienen Morena y aliados la capacidad para retirar al presidente de la Mesa Directiva de sus funciones? No, pues para ello se requiere de mayoría calificada. Pero las tensiones pueden crecer hasta generar un problema en agosto, cuando se elija la integración de este órgano durante el último año de sesiones de la actual LXV Legislatura.

¿Qué tan acertada fue la decisión del diputado Santiago Creel? En principio, el artículo 61 Constitucional garantiza la autonomía del Congreso y faculta al presidente de la Mesa Directiva a permitir el ingreso de la fuerza pública en caso de requerirse para garantizar las sesiones. También el numeral 4 del artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que en el recinto está estrictamente prohibida la entrada a personas armadas, y en caso de transgresión, el presidente hará que abandonen el recinto por los medios que resulten convenientes, poniendo a disposición a los infractores ante las autoridades competentes.

Hasta ahí pareciera todo en orden. De hecho, la prohibición al ingreso al salón de sesiones con armas viene de la Revolución, e incluso el 18 de agosto de 1943 hubo un caso de suicidio al interior del recinto, por un diputado al que se le había negado su triunfo en las elecciones. Recordemos que en aquel entonces la Cámara de Diputados calificaba los comicios. En todo caso, hay razones por las que no deben ingresar armas.

Sin embargo, abundan los grises cuando se analiza el caso detenidamente. El Código del Ejército obliga a la escolta a usar fusiles de alto poder. Además, las armas que ingresaron no tenían cartuchos útiles. Ante un remoto escenario donde las Fuerzas Armadas deseasen violentar la soberanía del Congreso, es absurdo pensar que harían pasar el golpe de Estado como la introducción de una banda de guerra: suponerlo semeja más un guión de Star Wars que el 23F de Antonio Tejero.

Ante situaciones como ésta, el numeral 1 del artículo 260 del Reglamento de la Cámara de Diputados faculta a la Mesa Directiva a realizar la interpretación de las normas y de los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria que se requiera para el cumplimiento de sus atribuciones. Es decir, había margen de maniobra para consensuar una solución con el otro órgano de gobierno: la Junta de Coordinación Política.

Pero más allá de la anécdota, el caso tenía demasiadas aristas que se debieron haber considerado, y cuya desatención lo convirtieron en un problema político. Esto se agrava cuando una persona que representa la voluntad de la asamblea manifiesta tener ambiciones políticas. Tal y como sucedió, además, con el antecesor de Santiago Creel: Sergio Gutiérrez Luna.

Un cargo como la presidencia de la Mesa Directiva requiere de la confianza del Pleno para no ser cuestionada y podemos hablar de fortalecerla, como en otros órganos legislativos del mundo. Sin embargo, siempre tendrá un atractivo político por lo que representa y la exposición que el cargo conlleva. ¿Qué podría hacerse? Aprovechando la posibilidad de reelección inmediata, diseñar reglas que fomenten una especialización en estas labores, desde las secretarías, pasando por las vicepresidencias. De esa forma, quien aspire a la presidencia tenga una trayectoria reconocible por sus pares.