La muerte asistida parece humana, pero ¿podemos proteger a los vulnerables de los malignos?
Tony Curran en el papel de Tully en el reciente drama Mayflies de la cadena BBC, que abordó el tema de la muerte asistida. Foto: Jamie Simpson/BBC/© Synchronicity Films

Vivimos en un mundo en el que las respuestas a las espinosas cuestiones morales suelen ser blancas o negras. Los matices son para los perdedores: si te alejas demasiado de tu tribu, te acusan de alinearte con los fundamentalistas religiosos de derecha o con los guerreros woke de izquierda.

Muy pocas ideas encajan realmente en estas camisas de fuerza impulsadas por las redes sociales. Lo mismo ocurre en el caso de la muerte asistida.

Como liberal, la muerte asistida –permitir que las personas con enfermedades terminales pongan fin a su vida en el momento que elijan– es algo de lo que instintivamente opino que estoy a favor. Este sentimiento solo se ve avivado por los testimonios de personas que padecen enfermedades como la motoneurona, que sienten que su vida ya no merece la pena y que no quieren pagar miles de libras para ir a Dignitas, en Suiza, o arriesgarse a implicar penalmente a sus seres queridos en un suicidio asistido. Sin embargo, las historias que están surgiendo ahora en Canadá, donde la muerte médicamente asistida es legal desde 2016, me han hecho reflexionar.

Canadá legalizó hace seis años la muerte asistida para personas que sufren enfermedades terminales, tras una sentencia dictada por su Corte Suprema. En 2021, la ley se amplió a la eutanasia voluntaria, es decir, a la muerte médicamente asistida para personas que no padecen una enfermedad terminal, pero sí una afección médica “grave e irremediable”. Estaba previsto ampliarla a las enfermedades mentales crónicas a partir de marzo, aunque los ministros acaban de anunciar que la pospondrán ante la preocupación de los médicos.

Han surgido historias preocupantes que sugieren la existencia de una falta de garantías: familiares escandalizados por la falta de indagación de los doctores sobre los familiares que han solicitado la eutanasia voluntaria; los trabajadores sociales del gobierno que sugieren proactivamente el proceso a los veteranos, entre ellos Christine Gauthier, una exparalímpica que llevaba cinco años intentando que el gobierno instalara una rampa para sillas de ruedas en su casa y que comentó que “nos estaba agotando hasta el punto de no retorno”; un hombre con importantes discapacidades que declaró ante un comité parlamentario que las enfermeras intentaron obligarlo a someterse a la muerte médicamente asistida amenazándolo por la fuerza con darlo de alta sin los cuidados que necesitaba y negándole agua y comida durante días.

En el Reino Unido, la ayuda al suicidio constituye un delito. Pero el Servicio de la Fiscalía de la Corona (Crown Prosecution Service) solo emprenderá acciones judiciales si es en interés público, y los procesamientos son escasos: únicamente se iniciaron 26 de los 174 casos remitidos entre 2009 y 2022. La mayoría de las propuestas de reforma que se han debatido en el parlamento se centran en la muerte asistida –legalizar que los médicos ayuden a una persona con una enfermedad terminal que probablemente vaya a morir en un plazo de seis meses a poner fin a su vida–, sin embargo, algunos activistas apoyan el principio de la eutanasia voluntaria, ahora consagrado en la ley canadiense.

A primera vista, la muerte asistida podría parecer un cambio limitado en la ley que no conlleva ningún riesgo de que Gran Bretaña acabe como Canadá. Pero cuando se empiezan a indagar sus límites, rápidamente se vuelve evidente cuán difícil es establecer una distinción entre lo que está permitido y lo que no lo está.

No hay mayor apuesta que acabar con una vida. ¿Cómo se sabe si una persona está dando un consentimiento significativo? El primer escenario verosímil que nos viene a la mente es el de una relación abusiva y controladora en la que un hombre presiona a su pareja mujer, diagnosticada con cáncer terminal, para que ponga fin a su vida. No obstante, los doctores no están particularmente capacitados para evaluar si alguien se encuentra bajo coacción.

El último proyecto de ley parlamentario, presentado por Molly Meacher en 2021, contiene la salvaguardia de que un juez tendría que aprobar la muerte asistida, pero también sabemos por los tribunales familiares que los jueces pueden equivocarse gravemente en lo que respecta al control coercitivo. ¿Qué estándar probatorio podría aplicarse para afirmar que no hay ninguna posibilidad de que se esté acabando injustamente con la vida de alguien? ¿El equilibrio de probabilidades, como en el derecho de familia? ¿Más allá de la duda razonable?

Existen otros tipos de coerción, como las presiones ejercidas por la familia extensa. Los defensores de los derechos de las personas con discapacidad señalan el hecho de que incluso una leve sugerencia por parte de un familiar o un profesional de que es algo que alguien debería considerar podría hacer que una persona vulnerable sintiera que es la única opción correcta. En los lugares donde la muerte asistida es legal, los estudios sugieren que el hecho de no querer ser una carga es una razón frecuentemente mencionada.

¿Y cómo sabemos hasta qué punto puede ser intemporal el consentimiento? Las percepciones que tienen las personas con enfermedades que limitan la vida –incluso terminales– pueden cambiar significativamente con el tiempo. ¿Qué ocurre con el papel que puede desempeñar la depresión en la decisión de una persona? Los diagnósticos de salud mental no son fáciles de precisar y hay algunas pruebas de que en Oregón, otra jurisdicción en la que la muerte asistida es legal, es posible que algunas de las personas que la eligieron padecieran una depresión no diagnosticada.

El callejón sin salida –la idea de que una vez que se hace posible cualquier tipo de muerte asistida traspasa un umbral que inevitablemente se volverá más permisivo con el paso del tiempo– se ha convertido en un cliché, uno que ha resultado más cierto en algunas jurisdicciones que en otras. No obstante, las definiciones siempre son flexibles: en Canadá, las condiciones médicas graves e irremediables incluyen casos de personas con sensibilidades químicas graves que eligen una muerte médicamente asistida porque no han sido capaces de encontrar una vivienda adecuada con la ayuda del Estado.

“Terminal” puede ser menos preciso de lo que parece: los doctores señalan que es muy difícil predecir con exactitud cuánto tiempo de vida le queda a una persona una vez que se superan los pocos días. Existe otro peligro: invertimos de forma insuficiente en los cuidados paliativos necesarios para garantizar que todos tengan una muerte lo más digna y menos dolorosa posible. Es posible realizar enormes mejoras y sigue existiendo una importante discriminación contra las personas con discapacidad en materia de asistencia médica y personal. La muerte asistida podría hacer que las mejoras en este sentido fueran menores, en lugar de mayores.

No tengo ninguna duda de que hay algunas personas que se beneficiarían enormemente de la muerte asistida y a las que se debería conceder la autonomía de elegir este camino. Es tentador hacer una ley pensando en esas personas, particularmente tomando en cuenta que la atención al final de la vida en este país no es lo que debería ser. Sin embargo, cuanto más lo pienso, más dudas albergo de que se pueda eliminar eficazmente el riesgo de que las personas vulnerables sufran un homicidio culposo como consecuencia de relaciones abusivas o presiones familiares. Por el momento, eso hace que me resulte difícil apoyarla.

Sonia Sodha es columnista de The Observer.