Perdimos el Estado de Derecho

Viernes 21 de febrero de 2025

Enrique Rodríguez
Enrique Rodríguez

Periodista y abogado con más de 35 años de trayectoria. Reportero, comentarista y consultor experto en temas jurídicos. Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2011. Especialista en el Poder Judicial de la Federación y analista político.

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Perdimos el Estado de Derecho

“Cuanto más se aleja una sociedad de la verdad, más odiará a los que la dicen”. (George Orwell)

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Estado de Derecho

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Foto: Tingey Injury Law Firm/ Unsplash

La certeza dotada desde el equilibrio entre los Poderes de la Unión se esfumó, la gravedad de esta condición impacta irremediablemente en la forma de concebir a nuestro país. Lo que pareciera una mera declaración académica es mucho más profunda de lo que por ahora imaginamos. Sí, hemos perdido el Estado de derecho porque una de sus condiciones es que el Ejecutivo y Legislativo no estén por encima del Judicial, otro aspecto vulnerado es el respecto a los derechos humanos y se agrava cuando desde el gobierno se impulsa una regresión que ha quedado sellada con la desaparición de instituciones que garantizaban su respeto.

Lo verdaderamente lamentable es que el país y una desmoronada ciudadanía acepta con indiferencia el golpe a la democracia. Empresarios, partidos de oposición (desaparecidos en su mediocridad y complacencia) grupos sociales que fueron combativos en el reciente proceso electoral y algunos medios de comunicación que privilegian sus intereses comerciales han normalizado esta anomalía.

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La primera presidenta de México ha dado continuidad a la agenda de simulaciones que dominó el sexenio anterior. El país no estaba bien, pero el obradorato llegó para echar raíces como cizaña entre el trigo que había y en ese contexto se han hecho cambios prácticamente irreversibles que traicionan el espíritu de un orden jurídico progresivo. Hemos perdido la certidumbre, una condición sine qua non de un Estado de derecho.

Ese es el contexto en el que ha navegado la abogacía organizada cuya representación más sólida, reconocida y prestigiada recae en la Barra Mexicana Colegio de Abogados fundada en 1922 que agrupa a los más reconocidos juristas dedicados al litigio a través de sus 27 capítulos y 40 Comisiones de Estudio y Ejercicio en todas las especialidades del derecho.

El Colegio ha tenido altas y bajas en su rica historia de 103 años. En medio de una coyuntura histórica marcada por la demolición de la autonomía del Poder Judicial de la Federación y los cambios que han desfigurado el espíritu de nuestra Constitución, la Barra se ha sostenido como una institución coherente. Un papel que merece ser destacado entre muchas organizaciones que optaron por el silencio o la complicidad ante el riesgo de las represalias que caracterizan a un régimen autocrítico como el que padecemos.

En las últimas décadas la presidencia de la Barra ha sido encabezada por algunos de los abogados postulantes más reconocidos, entre ellos personajes como Javier Quijano Baz, Jesús Zamora Pierce, Miguel Estrada Sámano, Luis Madrigal Pereyra, Claus Von Wobeser o Emilio González de Castilla, entre muchos otros.

En medio de un huracán de regresiones la Barra asumió los riesgos del disenso para señalar múltiples atropellos, se optó por exhibir el inédito ataque contra instituciones como la Suprema Corte de Justicia que marca esta época de involución.

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Considero oportuno hablar de la Barra Mexicana Colegio de Abogados porque este jueves 20 de febrero concluye la presidencia de Víctor Oléa Peláez en esta organización tan emblemática para el mundo del derecho en nuestro país. El prestigiado penalista atravesó un campo minado durante los 24 meses de su periodo al frente del Colegio y reforzó su papel histórico para alzar la voz y visibilizar los efectos de la debilitación de la República. Ante la extinción progresiva de los defensores de la seguridad jurídica, la Barra se ha consolidado como un referente dentro y fuera del país con sus aportaciones en diversos foros nacionales e internacionales desde los que se han denunciado atropellos tan nocivos como la reforma judicial, la concesión obsequiosa de una súper mayoría artificial del partido hegemónico en el Congreso de la Unión, la aprobación automática de leyes abiertamente inconstitucionales o la desaparición de la división de Poderes.

Durante su presidencia, Víctor Oléa fortaleció el prestigio y recuperó la mística de la Barra, deja una ruta trazada para darle continuidad a ese papel tan necesario en la vida nacional. Como lo determinan sus estatutos, comienza un nuevo ciclo de 2 años con la presidencia de Ana Kudisch Castelló, una reconocida civilista, apenas la segunda mujer en encabezar este Colegio, quien considera que la verdadera equidad de género se muestra sin fanatismos o poses oportunistas. El relevo muestra además la madurez de una organización de profesionales incluyente y consciente de los retos que enfrenta la abogacía en tiempos extraordinariamente complicados para el litigio profesional al que tocará operar frente a una impartición de justicia politizada, carente de autonomía e independencia.

A pesar de todos los inconvenientes del presente, la Barra Mexicana Colegio de Abogados tiene la oportunidad de ser un factor de unidad que privilegie el diálogo frente a la exacerbada polarización, deberá refrendar su activismo como auténtica conciencia jurídica y sostenerse como una agrupación sólida en la deseable recuperación del Estado de derecho.

Los abogados tienen el deber de trabajar para vencer el estigma de la corrupción que los rodea, sacar la casta para privilegiar las bondades del derecho en la solución pacífica de las controversias ante jueces militantes y menos preparados. Sin órganos autónomos, sin un Poder Legislativo que aporte contrapesos y con la devaluada Corte que vendrá tras la elección judicial, el compromiso honesto de la abogacía organizada tendrá que reinventarse en una República fracturada y dominada por la tendencia demagógica que nos tiene al borde de un colapso que pareciera irremediable.

Cada vez será más riesgoso defender la verdad y las razones del derecho. Orwell fue premonitorio.

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EDICTOS

No es broma, ridículo monumental el que revela José Ramón Cossío Díaz (@JRCossio) en X. El ministro en retiro mostró algunas de las solicitudes hechas por candidatos a juzgadores federales que participarán en la elección con tufo de burlesque a realizarse en junio. Encabezados por Lenia Batres, autonombrada “ministra del pueblo” se puede leer en ese listado a otro adefesio como Ángel Mario García Guerra que pide al INE usar el sobrenombre de “El Ángel de la Justicia”. El aspirante a magistrado Emanuel Montiel Flores quiere ser reconocido en la boleta como “El Defensor Popular”, otro patético caso es el de Joel Blanno Castro que pretende hacerse llamar “Magistrado del Cambio”. Y ya que estamos en plena temporada de ideotas, Yasmín Esquivel Mossa podría también usar en el diseño de su publicidad un parche en el ojo, un garfio o un loro en el hombro para aprovechar su bien ganada fama.