PRI-PAN-PRD impugnan la extinción de Financiera Rural

Diputados federales del PRI, PAN y PRD presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el decreto de extinción de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Los legisladores argumentaron que la desaparición de Financiera Rural vulnera los derechos a la seguridad alimentaria, a la tierra y a la propiedad, afectando de manera determinante a la sociedad mexicana.

Tras aseverar que no se puede permitir que impunemente se consolide esa mala decisión, los diputados expusieron que este organismo llegó a acreditar a cerca de millón y medio de ejidatarios y más de 110 mil pequeños productores; mientras que, previo al cierre, los créditos no superaban los 32 mil beneficiados. De acuerdo con el Censo Agropecuario 2022, señalaron, solo el 18 por ciento de las hectáreas de uso agrícola estaban sembradas, por la falta de créditos y apoyo económico.

Así mismo, argumentaron que se violó el debido proceso legislativo, el derecho de participación en el debate legislativo de las minorías, puesto que no se les permitió participar en un análisis y discusión real, abierto e informado de la iniciativa, con lo que se transgredieron los principios fundamentales de legalidad, progresividad, certeza jurídica y transparencia.

Los legisladores subrayaron que el dictamen se integró de manera precipitada en el orden del día de la sesión, pues ilegalmente se dispensaron las lecturas, no circuló con 24 horas de anticipación y tampoco fue publicado en la gaceta con suficiente tiempo de anticipación. Detallaron que además de ser inconstitucional por sesionar en el Senado y votar la ley de manera nominal sin quórum legal, también se quebrantó el derecho a la alimentación, generando discriminación, pobreza, desigualdad y un conflicto de crisis alimentaria.

Acompañados por representantes y líderes campesinos, mostraron los “atropellos” cometidos contra los miembros integrantes del Consejo Directivo de Financiera Rural, que representan a miles de campesinos, pequeños y medianos productores, así como a los más de mil 842 trabajadores y cinco mil 800 jubilados y pensionados con conocimientos especializados.

“Los funcionarios públicos designados a partir de 2018, quienes, de manera unilateral, opaca y sin la mínima conciencia o análisis, decidieron suspender de facto el otorgamiento y dispersión de créditos a los productores desde el 15 de diciembre de 2022”, agregaron en su reclamo los congresistas.

Consideraron falsos los datos que ofrece el Ejecutivo Federal para justificar la extinción de la financiera, ya que, de acuerdo con sus propios Balances Generales publicados, si bien la financiera cuenta con un pasivo considerable, solamente representan el 36 por ciento con respecto al activo total.

Enfatizaron que la desaparición de este organismo puede dificultar el acceso de los agricultores a financiamiento adecuado, lo que afectaría su capacidad para producir de manera suficiente y sostenible, pone en duda el apoyo técnico y su capacitación; debilita el fomento al desarrollo rural integral, equitativo y sostenible, mientras que acrecienta la desigualdad en el acceso a recursos, beneficiando a aquellos con mayor poder económico, dejando rezagados a los pequeños productores.

“El cierre de la financiera tiene grandes repercusiones, como el desplazamiento de comunidades rurales enteras, abrir las puertas al control territorial del narcotráfico en el sector, conducir al aumento de cultivos ilícitos, como la marihuana, coca o la amapola, nos dejaría en una situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica”, destacaron.

A finales de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto por el que se extingue a Financiera Rural.