La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) irregularidades por 2 mil 577 millones de pesos y ha presentado al menos 18 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra exfuncionarios y empresarios por los malos manejos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
De acuerdo con el diario El País, se trata de otra serie de desvíos de recursos en la trama de corrupción dentro de la oficina pública para atender la pobreza, que dirigía Ignacio Ovalle, y donde se había hallado ya un quebranto de 15 mil millones de pesos.
La ASF presentó las denuncias tras realizar labores de fiscalización y no encontrar documentos, bienes o productos que demostraran la licitud de las salidas de dinero entre 2019 y 2020, y destacan desfalcos en pagos para garrafones de agua, tarimas, costales para granos, aceite vegetal y fertilizantes que no fueron entregados.
Asimismo pagos injustificados en la subcontratación de personal; salidas millonarias de dinero en efectivo de las cuentas de la institución; robos de toneladas de maíz y frijol en los almacenes; robos de productos de la canasta básica comprados por la paraestatal; pérdidas de dinero por no cobrar adeudos a proveedores, o por no multarlos por incumplimiento, o por haber pagado anticipos sin ninguna garantía.
En tanto, un juez federal ordenó asegurar las cuentas bancarias a presuntos implicados en el caso de la supuesta compra simulada de Segalmex por 7 mil 840 toneladas de azúcar, por un valor de 142 millones 440 mil 883 pesos.
El diario Reforma da a conocer que Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, tomó esa decisión por solicitud de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), según documentos judiciales.
La medida precautoria fue solicitada y ordenada el 16 de enero pasado, pero se notificó a los procesados apenas el pasado 17 de julio, medio año después de que se inmovilizaran los recursos por la orden judicial.
El aseguramiento también fue dictado 10 meses después de que se libraran las órdenes de aprehensión en el caso de la compra de azúcar, un plazo en el que los imputados pudieron disponer de sus recursos.