Elección popular de jueces busca captura política del Poder Judicial: especialistas de la UNAM

La elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no busca democratizar al Poder Judicial, representará una “purga” para su captura partidista, además de que sería muy costoso económicamente, consideraron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el segundo día de los foros para la reforma judicial que lleva a cabo la máxima casa de estudios, se puso sobre la mesa el análisis de la elección de juzgadores a través de voto directo que establece la iniciativa de reforma, así como la renuncia de mil 600 juzgadores a sus cargos, lo que, advirtieron, tiene una clara intencionalidad política.

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“Esta no es una reforma para democratizar al Poder judicial, es una reforma para capturarlo (...) busca controlar políticamente a todas las judicaturas, y eso en una democracia constitucional donde hay separación de poderes, donde hay pesos y contrapesos e independencia judicial, es inaceptable”, consideró el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Agregó que “una purga de esas proporciones sería histórica, o sea, nunca en la historia moderna de México podemos pensar en una destitución de todas las personas juzgadoras a nivel federal y a nivel local”.

La doctora Guadalupe Zalmorán Villar del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que la elección por voto popular no es una vía idónea para democratizar al Poder judicial.

“Ello subordina a la judicatura al poder político. El sistema electivo se configura como una ruta jurídica para dotar de legalidad a una operación autoritaria. La limpieza total de las personas juzgadoras en aras de abrir camino a la colocación de perfiles según las preferencias y los lazos con el partido en el gobierno”.

Héctor Huitrón Cruz, maestro de la FES Aragón, externó su preocupación respecto a cuáles serán los filtros para ser candidato a juzgador, pues la iniciativa sólo habla de que sea gente honesta y con experiencia mínima, por lo que no garantiza la profesionalización.

“Qué se necesita? Ser carismático? Tener conocimientos jurídicos o qué es lo que se va a necesitar para efecto de que estos juzgadores sean del agrado de la sociedad? Se va a publicar posiblemente su formación, su experiencia, pero no todas las personas que voten por alguien van a tener el feeling para saber que la formación, desarrollo que tuvo, le va a ser suficiente para tener un encargo”.

El magistrado federal Ariel Rojas Caballero, subrayó que un proceso electoral de jueces, magistrados y ministros sería también muy costoso económicamente. Recursos que, dijo, podrían destinarse a instalaciones dignas en los poderes judiciales y hacer más eficiente el acceso a la justicia.

“La iniciativa de reforma judicial parte de un diagnóstico inadecuado y propone una pésima solución, que además es costosísima, tortuosa y agravará los problemas que afectan al Poder Judicial, y desde luego, no resolverá los que indica en la exposición de motivos. Además, lo más grave es que esta reforma va a acentuar la falta de acceso de los más débiles al sistema de justicia”.

Respecto a los costos que tendría la elección, recordó que en un primer momento el senador Ricardo Monreal hizo un cálculo de 3 mil 500 millones de pesos; posteriormente la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, 7 mil millones de pesos; la Suprema Corte calculó que 30 mil millones de pesos, mientras que el INE “simplemente no sabe”.

“La gente lo que requiere, lo que demanda, es un sistema efectivo, moderno, rápido, cercano de administración de justicia. Y eso se logra con presupuesto, con carrera judicial, y sobre todo, con la profesionalización de los juzgadores. La reforma va en sentido contrario de lo que se requiere”, advirtió.

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Luis Carballo Balvanera, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, puntualizó que la falta de independencia y profesionalización pondría en riesgo la impartición de justicia.

“En los sistemas democráticos, la elección de ciertos funcionarios por voto popular es común(...) Hay otros cargos que, por su especialización, sólo deben ser elegidos por ciertos órganos con la capacidad de verificar el grado de preparación de conocimiento para el desempeño de un trabajo precisamente especializado. En este supuesto están los jueces y magistrados del Poder Judicial”, señaló.

Los especialistas de la UNAM pusieron como ejemplo el caso de Bolivia, donde desde 2011 eligen a sus juzgadores por voto popular, lo que, de acuerdo con Sonia Venegas, directora de la Facultad de Derecho, ha arrojado un resultado “desastroso”.

"(Han tenido) una enorme flexibilización del proceso, que finalizó con acreditar la posesión de un título de abogado sin importar si había o no ejercido la profesión, ya no hablemos de carrera judicial sino si simplemente teniendo un título, sin ninguna producción intelectual relevante, de modo que terminó por ser un procedimiento en el cual algunos sobresalían y otros no y en donde definitivamente lo que se veía eran listas de apoyados del partido político con mayoría”.

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En ese sentido, la doctora María Guadalupe Durán Alvarado de la FES Aragón, destacó que la experiencia internacional ha demostrado que es difícil lograr que las personas adquieran suficiente información respecto a los perfiles que buscan ser electos y los cargos que desempeñarán, pues las personas desconocen o confunden el trabajo que se hace en las fiscalías, la policía y la judicatura.

“Es difícil lograr que las personas adquieran suficiente información sobre la función judicial y la competencia de candidatos y candidatas para tomar una decisión informada. Las personas desconocen el trabajo de las personas juzgadoras y no entienden la diferencia entre los cuerpos policiacos, estamos hablando de las fiscalías y las policías y el trabajo de la Judicatura, piensan que es lo mismo”.