La SCJN invalidó la prohibición 10 años para que exservidores públicos laboren en la iniciativa privada

Sábado 5 de julio de 2025

La SCJN invalidó la prohibición 10 años para que exservidores públicos laboren en la iniciativa privada

La SCJN invalidó el artículo 24 de la Ley de Austeridad Republicana que impedía a servidos públicos trabajar en la industria privada tras su salida del gobierno federal.

scjn
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La SCJN ordenó que se investigue a mandos militares por la desaparición forzada de dos hombres, en 2007 en un operativo en Oaxaca

Las servidores públicos de rangos superiores que se separen de su cargo podrán trabajar en empresas privadas, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición de 10 años para trabajar en la industria privada, contemplada en el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Austeridad Republicana.

Con una votación unánime, los ministros de la Corte invalidaron este punto de dicha ley, promulgada el 19 de noviembre de 2019, que impedía que los funcionarios federales con cargos altos, ocuparan un puesto en empresas privadas tras su salida del servicio público en los siguientes 10 años.

“Los servidores públicos (…) que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”, dice el párrafo segundo del artículo 24, que fue invalidado por el Pleno de la SCJN.

Esta prohibición afectaba a quienes ocuparan cargos en secretaría de Estado, subsecretarías, oficialía mayor jefaturas de unidad o direcciones generales y coordinaciones en cualquier dependencia federal.

La ministra encargada de este proyecto, Norma Lucía Piña Hernández, indicó que este párrafo viola el artículo 5 de la Constitución que prevé derecho de libertad el dedicarse a una actividad productiva.

El Pleno de la SCJN dejó pendiente el análisis de del artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que permite que el titular del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la república, determine por decreto a dónde se irán los recursos ahorrados gracias a la ley de austeridad.

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