Juez ordena no incomunicar y garantizar la vida y salud de Jesús Murillo Karam

Jesús Murillo Karam, extitular de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), obtuvo una suspensión de plano para que no sea incomunicado, reciba la atención médica necesaria y se garantice su integridad física y su vida mientras permanece en el Reclusorio Norte, donde está a la espera de continuar su audiencia.

Antonio González García, juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, admitió a trámite la demanda de garantías.

“Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas unidades de medida y actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable no obedezca la medida cautelar debidamente notificada, independientemente de cualquier otro delito en que incurra”, dice el resumen del Expediente 789/2022, publicado en las lista de acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), este lunes 22 de agosto.

El juez también llamó a tomar las medidas para evitar que el exprocurador se contagie de Covid-19.

Ante ello, el director del Reclusorio Norte, “queda obligado a garantizar, por sí o por conducto de quien corresponda, la salud e integridad física y psicológica, por lo que de manera inmediata deberá tomar todas las prevenciones, acciones y medidas pertinentes para controlar y/o evitar su contagio”.

El pasado viernes 19 de agosto, la FGR y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), detuvieron a Murillo Karam por los probables delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, todos relacionados con el caso Ayotzinapa, así como por la fabricación de la “verdad histórica”.

El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre, cuando hubo una matanza de estudiantes en la plaza de las tres culturas, en Tlatelolco, en la capital de México.

Según la polémica primera versión que presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Sin embargo, el último reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos grupos criminales, y no hay indicios de que estén vivos.

-Con información de EFE.