La Fiscalía de CDMX va por el diputado panista Christian Von Roehrich

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que hay una orden de aprehensión contra Christian Von Roehrich, exalcalde de Benito Juárez y hoy diputado local del PAN, por presunto uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público, así como asociación delictuosa.

“Christian, actual diputado local y exalcalde en Benito Juárez, a quien agentes de la Policía de Investigación (PDI) ya buscan luego de que el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público además de asociación delictuosa”, detalló Ulises Lara, vocero de la FGJCDMX, en un mensaje a medios.

En la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia porque las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo que el diputado no tiene inmunidad procesal.

Ulises Lara también informó sobre las aprehensiones de Ismael, José Ramón y Alejandro, exservidores públicos de la Benito Juárez, quienes, según las investigaciones, “habrían fungido como prestanombres de otros exservidores públicos de alto nivel en la misma alcaldía, quienes actualmente enfrentan proceso penal y en el caso de uno de ellos ha aportado información de alta relevancia para la investigación”.

Ismael fue capturado en la colonia Santa Isabel Industrial, alcaldía Iztapalapa; José Ramón en la colonia Circuito Actores, en Ciudad Satélite, del municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México; y Alejandro en la colonia Río Loma Bonita, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Lara detalló que Ismael se desempeñó como contralor interno, asesor de la entonces jefatura delegacional, director de Recursos Materiales y Servicios Urbanos y director General de Administración.

José Ramón fue subdirector de Servicios Generales en la alcaldía Benito Juárez, y Alejandro fungió como subdirector de Servicios Generales.

“Los tres exservidores públicos fueron asegurados por su probable participación en los delitos de: uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos, así como asociación delictuosa”, agregó el vocero de la Fiscalía.

Los tres implicados desempeñaron cargos públicos en esa demarcación durante la administración que encabezó Christian Von Roehrich

Las autoridades van a trasladar a los aprehendidos al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde un juez de control definirá su situación jurídica.

Anteriormente la Fiscalía de la Ciudad de México inició una investigación contra dos exfuncionarios públicos de la alcaldía Benito Juárez, lo que permitió identificar actividades financieras que acreditaban la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito, y dos órdenes de aprehensión se ejecutaron en julio y octubre de 2022.

Las diligencias permitieron identificar a más personas que, al desempeñar sus funciones en la anterior administración en la alcaldía, “posiblemente habrían realizado actividades financieras a nombre de los referidos exfuncionarios, como es el caso de los ahora aprehendidos Ismael, José Ramón y Alejandro”.

También la Fiscalía tiene una línea de investigación por datos aportados por un exempleado procesado, que “podrían configurar la posible asociación delictuosa de personajes de alto nivel jerárquico en diferentes administraciones de la alcaldía Benito Juárez, lo que se sumaría a las indagatorias por la violación de uso del suelo en dicha demarcación”.

Posterior a sismo de 2017, la alcaldía Benito Juárez erogó cerca de 207 millones de pesos asignados a presuntas empresas fantasmas.

La asignación fue a través de tres contratos, dos de ellos emitidos por un monto exacto destinado a dos empresas diferentes por concepto de arrendamiento de maquinaria para trabajos de demolición, más un contrato adicional por mantenimiento de inmuebles públicos afectados, que posiblemente sirvieron para “simular un correcto uso de los recursos públicos”.

Ulises Lara mencionó que las indagatorias continúan en proceso y siguen recabando pruebas a través del análisis de contratos, actas constitutivas y demás documentación.