Exigen la renuncia de un funcionario de Oaxaca por ciberacoso a mujeres indígenas

Víctimas de ciberacoso exigen la renuncia de Donato Vargas Jiménez, coordinador de Delegados de Paz en Oaxaca, por presuntamente estar implicado en chats donde se violenta a las mujeres de la zona mixe.

Sandra Domínguez, abogada y víctima de un chat similar, levantó la voz para informar sobre la existencia de otro grupo llamado “Mega Peda”, en el que participan políticos denunciados previamente y en el que destaca la participación de Donato Vargas, “que en los últimos días, ha sido de conocimiento público los antecedentes de violencia familiar y amenazas de muerte que hizo contra una de sus exparejas, de nombre Martha Aracely Cruz”.

Esto se dio a raíz de denuncias públicas y jurídicas que se realizaron desde el año pasado, y por los cuales se “cuestionó al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, al tolerar en su gabinete a una persona con antecedentes de violencia hacia la mujer”.

“Donato, otra vez, eres tú el que se ve involucrado en un chat de hombres, de funcionarios, en donde exhiben a mujeres en situaciones sexuales. Hace tiempo, yo denuncié un chat al que llamaron ‘Sierra XXX’, tú mismo me pediste una disculpa, aceptaste la existencia de este chat y diste los nombres de tus compañeros funcionarios y otra vez vuelve a pasar”, declaró Domínguez en un video.

Además, acusó que el gobierno actual no escucha a la ciudadanía ni a las mujeres, a la par que permite que Vargas Jiménez “sigas ahí, burlándote, exhibiendo a mujeres, cuando ya hay denuncias, no le hacen caso a tu expareja por haber sido violentada y abusada”.

“Este es el gobierno que tenemos, señoras y señores oaxaqueños, un gobierno que protege a este tipo de violentadores de mujeres, que es omiso a las denuncias públicas y ante fiscalía. Por eso, te pido, Donato Vargas que presentes tu renuncia, por respeto a las mujeres”, puntualizó Sandra Domínguez.

Asimismo, en una conferencia de prensa, Salomón Jara consideró a Donato Vargas como un “compañero muy trabajador”.

“Donato, le reconozco su trabajo, su dedicación, su tiempo completo. Lo han retenido ocho o 10 veces en las carreteras, cuando va a dialogar a las comunidades, porque se atreve a dialogar, a resolver los conflictos que hay en las comunidades”, comentó el gobernador el pasado 27 de marzo.

Y pidió que presenten la queja o denuncia contra el funcionario en caso de tener algún “agravio contra un ciudadano o ha cometido algún delito, pero yo le reconozco a Donato, muy pocos como él se atreven a ir a donde son los conflictos muy fuertes”.

Caso ‘Sierra XXX’

En 2020, salió a la luz la existencia de un grupo de WhatsApp denominado como “Sierra XXX”, donde diversos funcionarios federales, estatales y políticos compartían contenido misógino y hacían uso de imágenes de mujeres indígenas, además realizaban comentarios sobre sus cuerpos y se les denigraba o sexualizaba.

Sandra Domínguez, víctima de este caso, denunció este grupo de WhatsApp y se tomaron acciones para destituir a Rolando Vázquez Pérez, en aquel entonces funcionario del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), y Humberto Santos, quien buscaba la diputación local en Oaxaca.

“Como consecuencia de la valiente denuncia de una de las víctimas Sandra Domínguez y luego de verificarse la existencia de dicho grupo se tomaron acciones institucionales para destituir a Rolando Vázquez Pérez , en ese entonces funcionario del INPI, tiempo después también se retiró de la contienda por una diputación local en Oaxaca al ciudadano Humberto Santos, creador del chat”, se detalló en un comunicado.

En aquel momento, 215 organizaciones de mujeres indígenas y afrodescendientes, así 344 defensoras de derechos humanos, emitieron una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador para expresar su preocupación y exigir las medidas correspondientes para esclarecer el caso.

“Es reprochable que el director del INPI (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas), Adelfo Regino Montes, haya minimizado públicamente los hechos, señalando que son prácticas ‘cotidianas’, restando importancia y gravedad a estos actos”, se aseguró en el documento.

Y afirmaron en aquel entonces que el “INPI debe realizar los actos administrativos correspondientes ante los posibles hechos delictivos, para que de oficio se inicien las investigaciones contra los servidores públicos federales que se encontraban en el grupo”.

Ante esto, el instituto condenó cualquier tipo de acción que atente contra la integridad y dignidad de las mujeres.

Detalló que se presentó la denuncia respectiva ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) y la Fiscalía General de la República (FGR). Además, precisó que el instituto no “minimiza la denuncia pública y es falso que se normalice la violencia contra las mujeres”.