La Corte invalida primera parte del ‘plan b’ electoral

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de la primera parte de la reforma electoral, conocida como el “plan b”, referente a las modificaciones de Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La determinación se dio por mayoría de votos, toda vez que nueve de los once ministros y ministras coincidieron en que existieron “numerosas violaciones” en el proceso legislativo que afectaron la deliberación de la reforma electoral impugnada por los partidos políticos de oposición.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa, y la ministra Loretta Ortiz Ahlf, fueron las únicas que se opusieron a la declaración de invalidez del “plan b” electoral que propuso en su proyecto el ministro Alberto Pérez Dayán, ya que consideraron que las violaciones no son causantes para tal determinación.

Por su parte, el resto de ministros y ministras, a pesar de que no estuvieron de acuerdo con la mayoría de las consideraciones del proyecto, señalaron que, al acelerar el proceso legislativo para aprobar la reforma electoral, la mayoría parlamentaria de Morena le impidió a las diputadas y diputados minoritarias de la oposición conocer de fondo lo que estaba a discusión.

La ministra presidenta, Norma Piña Hernández, destacó que la mayoría parlamentaria de Morena no justificó debidamente las razones por las que le dio un trámite de urgente resolución a la reforma electoral, una obligación de acuerdo con las reglas parlamentarias.

“El decreto impugnado fue emitido sin observar ninguna de las reglas constitucionales y legales del proceso democrático que dan lugar a un potencial invalidante”, aseguró.

“Se emitió sin que todas las fuerzas políticas tuvieran conocimiento de la iniciativa que iba a votarse, además no tuvieron tiempo para analizarla, previo a la deliberación, derivado a que se dispensaron los trámites sin motivar la urgencia de esa medida”, subrayó.

El ministro, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, remarcó que la iniciativa de reforma electoral de Morena, que nace de una propuesta similar del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se discutió casi al momento de presentarse ante el Pleno, lo que afectó la deliberación democrática del proceso.

“Me parece que sí existieron violaciones al proceso legislativo que afectaron grandemente y de manera determinante la deliberación democrática de las normas que se están impugnando”, dijo el Zaldívar Lelo de Larrea durante su intervención en la sesión de hoy.

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La Suprema Corte declaró la invalidez de la primera parte de la reforma electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en diciembre pasado. Fotografía:Archivo/ Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La ministra, Ana Margarita Ríos Farjat, resaltó que su voto en favor de la declaración de invalidez de la reforma electoral no busca violar el principio de división de poderes, si no respetar lo establecido en la Constitución.

“Como sucede con cualquier árbitro, nuestras decisiones gustarán a algunos y disgustarán a otros. Celebro que eso sea posible porque da cuenta del fortalecido pluralismo de nuestra nación”, apuntó.

El ministro, Juan Luis González Alcántara Carrancá, también consideró que la mayoría en la Cámara de Diputados violó varios de los procesos prestablecidos, los cuales son causales de una potencial invalidez y, particularmente destacó la afectación a la deliberación democrática y participación de los grupos minoritarios.

“Es evidente que el proceso que se siguió en la Cámara de Diputados para aprobar el decreto impugnado anula la posibilidad de la deliberación democrática y esa razón es suficiente para apoyar el sentido de la propuesta”, atajó.

El ministro, Luis María Aguilar, también consideró que cada una violaciones e irregularidades durante el proceso legislativo son suficientes para declarar la invalidez del “plan b” electoral.

“Estoy de acuerdo con declarar la invalidez total del decreto impugnado, porque se encuentran acreditadas múltiples irregularidades y violaciones al proceso legislativo que, incluso, en forma individual, serían suficientes para declarar la invalidez de todo el decreto”, remarcó.

En contraste, la ministra, Yasmín Esquivel Mossa, negó que los diputados y diputadas de los partidos minoritarios no hubiesen tenido tiempo para estudiar el llamado “plan b” ni que la urgente resolución que se le dio a la reforma afectara la deliberación democrática.

“Considero que, al limitarnos a simplemente, expulsar del orden jurídico el decreto reclamado, sin analizar el contenido de las normas reclamados, que es lo que le interesa a la ciudadanía, se deja de cumplir con el mandato constitucional que nos obliga a privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales”, dijo

“El respeto a la división de poderes también es respetar la Constitución”, añadió.

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