Los operadores electorales en Coahuila: El poder tras bambalinas

Están a cargo de desarrollar e implementar la estrategia política que permita a su candidato y su partido ganar las elecciones. Bajo su mando hay una red de organizaciones, grupos y personas que lo mismo promueven la imagen de su abanderado que “comprometen” y “amarran” votos. Por su manos pasan millones de pesos que se distribuyen para financiar eventos, propaganda, recorridos, “acarreos”, “apoyos”… 

Tienen la capacidad de desplegar un “ejército” de representantes en territorios, secciones y casillas para cuidar –en función de los intereses de su partido— los votos durante los comicios. Son “los que hacen que las cosas sucedan” a lo largo del proceso electoral. 

No suelen ser mediáticos –los reflectores, por supuesto, están enfocados en el candidato–, pero están en el centro de las decisiones; gozan de la confianza de “su jefe”, al que le pueden hablar al oído y, en su nombre, tejer acuerdos y aceitar los engranajes de la negociación política… Su poder lo ejercen tras bambalinas.

Son los operadores político-electorales.

De cara a las votaciones del próximo 4 de junio en Coahuila, El Coahuilense ofrece los perfiles de los principales operadores de las cuatro fuerzas políticas que participan en la contienda.

José Ramón Gómez Leal (Morena-Armando Guadiana)

José Ramón Gómez Leal, “el JR”, es senador de la República de la LXV legislatura del Congreso de la Unión desde marzo de 2023 en representación de Tamaulipas por Morena. 

Comenzó su carrera política en el 2008 cuando ocupó el cargo de regidor del municipio de Reynosa. En 2010 fue electo diputado de representación proporcional por el PAN en el Congreso de Tamaulipas, donde presidió la Comisión de Comunicaciones y fue secretario de la Comisión de Educación.

Tras casi 20 años de militancia en el PAN, se sumó a las fuerzas de Morena en el 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República. Ese mismo año ocupó el cargo de delegado de Programas para el Desarrollo en Tamaulipas.

Tras la muerte del exsenador Faustino López Vargas, en octubre de 2022, Gómez Leal contendió por el puesto y ganó las elecciones con 325 mil votos.

Al ocupar su cargo actual, el presidente López Obrador dijo tener de él una buena impresión pese a tener lazos familiares con Francisco Javier Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, sobre quien pesan acusaciones de corrupción y presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Noé Garza Flores (PT-Ricardo Mejía Berdeja)

A Noé Garza Flores lo precede una larga trayectoria política que durante cuatro décadas lo llevó a desempeñar diversos cargos en el sector público y el sector social, relacionados con el campo. Fue dirigente del PRI en Coahuila y líder del congreso local en los años 90. Ha sido diputado federal y tiene actividad productiva en la región de los Cinco Manantiales. 

Durante el sexenio de Rubén Moreira fue secretario de Desarrollo Rural en Coahuila (2011-2015), cargo al que renunció en medio de una polémica por expresar su interés en contender por la gubernatura. En 2017, luego de renunciar al PRI, partido por el que militó por más de 40 años, aspiró a la gubernatura de Coahuila por vía independiente, emulando a su amigo de juventud, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”.

En 2019, Rodríguez Calderón, siendo gobernador de Nuevo León, lo nombró director general de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León y secretario ejecutivo del Fideicomiso Puente Internacional Colombia. Por acciones realizadas en esos cargos, en 2022 se le involucró en un caso de corrupción por beneficiar a una empresa de su familia y un socio.

Fue señalado de avalar un contrato gratuito de un terreno a la empresa Logística Portuaria Expeditad, que pertenece a uno de sus socios. Además, durante su administración firmó un contrato de arrendamiento con la empresa Clip Logistics, en la que aparecen como socios su hija Julia Aymee Garza y su yerno José Clemente Sánchez.

De acuerdo a Mejía Berdeja, fue Garza Flores quien lo convenció de postularse a la gubernatura.

Inocencio Aguirre (PRI-Manolo Jiménez)

Inocencio “Chito” Aguirre es economista por el Tec de Monterrey. Además de actividades empresariales, ha tenido una amplia trayectoria en el servicio público, señaladamente en áreas asistenciales: fue titular del Voluntariado de Coahuila, del DIF estatal, de la Procuraduría Social y de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del estado, este último cargo entre 2017 y 2019.

En 2019 se incorporó al Comité Estatal del PRI donde se le designó secretario de Elecciones, cargo que ocupa hasta la fecha.

Yolia Vitela (UDC-PVEM – Evaristo Lenin Pérez Rivera)

Representante legal de la fundación María Delfina AC. Afiliada a Morena. 

Como integrante de Morena participó en algunas actividades partidistas desde 2018 y su relación política más destacada fue con el diputado federal por el PT, Javier Borrego Adame en 2021.

Actualmente participa en el partido UDC como coordinadora electoral de la campaña a la gubernatura.

El acecho de los mapaches

Dentro de las acciones permitidas por la ley, los operadores electorales trabajan con las personas y llevan un control sobre quiénes pudieran representar un voto para el partido, y así, el día de la jornada electoral, invitarlos a votar. 

“Pueden ir a sus casas y decirles ‘vayan a votar’, así nada más invitarlos, no hay ningún problema. Lo prohibido es decirles por quién voten, lo prohibido es coaccionarlos u obligarlos a que voten, lo prohibido es pedirles que voten a cambio de un apoyo”, dice Gustavo Espinosa, exconsejero electoral, en referencia a los operadores electorales que trabajan a ras de tierra: directamente en las colonias y comunidades.

Comenta que los problemas surgen con las malas prácticas políticas que llevan a cabo todos los partidos y que se han normalizado con el pasar de los años.

Recuerda que las fuerzas políticas se encuentran en constante operación durante todo el año, haciendo uso de los recursos que les son entregados para sus actividades ordinarias y cotidianas como pagos de sueldos, rentas, servicios, así como para la promoción política. Cuentan con una estructura integrada por personas de distintas colonias y sectores, encargadas de dar “apoyos” o algún tipo de gestión a los vecinos en nombre del partido político al que representan.

“A veces los gobiernos bajan recursos a través de lideresas, para ser entregados a los ciudadanos, de tal manera que cuando llega la campaña estos han formado una estructura de operación política de los candidatos”, expresa el especialista.

Los operadores electorales, encargados de la promoción y censo de ciudadanos a favor del partido, comienzan a llevar a cabo prácticas de coacción al voto, obligando o comprometiendo a la ciudadanía con entregas de “apoyos” en especie o efectivo a cambio del voto el día de la jornada electoral lo cual representa un delito según el artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Con las listas que armaron previo a la campaña, los operadores movilizan a las personas en transportes privados para llevarlos a votar a las casillas y les exigen que les demuestren que votaron por el candidato al que representan. En la jerga política esto lo llevan a cabo los “mapaches electorales”.

“En estricto sentido, no representa ninguna ilegalidad la existencia de un coordinador de estrategia electoral que se encargue de buscar ciudadanos que quieran representarlos en casillas, de buscar quienes trabajen durante todo el año y durante la campaña para buscar apoyos entre sus vecinos para que voten por el candidato. El problema viene cuando estas personas comienzan a utilizar recursos indebidos o que los gobiernos comiencen a bajar recursos gubernamentales a través de estas personas con la intención de coaccionar el voto”, explica Gustavo Espinosa.

Es una práctica que se ha normalizado en la historia política del país alrededor de los últimos 90 años. Las autoridades electorales informan y concientizan a la ciudadanía sobre lo que representa un delito en los procesos electorales. La Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos Electorales (Fepade) es la institución que se encarga de investigar, perseguir y castigar acciones que violen el derecho al voto. Sin embargo, en la historia política del país y de estado no ha sido efectiva en el combate a la corrupción electoral.

“El instituto electoral de Coahuila, que es el órgano administrativo, no puede hacer mucho tan poco, sólo recoger o tramitar las quejas que presenten los partidos, candidatos o cualquier ciudadano en contra de los partidos por un delito electoral”, comenta el experto.

Esta nota fue originalmente publicada en El Coahuilense.