Tultitlán enfrenta alza delictiva y señalamientos por presunta corrupción en su gobierno municipal

En medio de un repunte en los índices de inseguridad, el municipio de Tultitlán, en el Estado de México, vive un escenario marcado por la violencia, los robos y diversas denuncias ciudadanas contra la administración que encabeza Ana María Castro Fernández, quien asumió la presidencia municipal en enero de 2025.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportan un incremento constante en el delito de lesiones, especialmente en aquellos cometidos con armas de fuego o armas blancas. Durante los primeros ocho meses del año se han contabilizado más de mil casos, lo que coloca a este ilícito entre los de mayor crecimiento.

Robos en distintas modalidades han aumentado

Los robos en distintas modalidades también muestran un comportamiento ascendente. Entre enero y agosto se registraron 672 denuncias por robo de vehículos, motocicletas y autopartes, mientras que los asaltos a transportistas suman 102 incidentes. En tanto, los atracos a transeúntes superan los 300 casos, y los cometidos en unidades de transporte público alcanzan 101 registros. Los comercios, por su parte, han sufrido más de 500 asaltos en lo que va del año.

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Paralelamente a la situación de inseguridad, la gestión de Castro Fernández enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades en la asignación de contratos y el uso de recursos públicos. De acuerdo con información difundida por medios locales, el Ayuntamiento habría adjudicado más de 72 millones de pesos mediante procedimientos directos o licitaciones con un solo participante.

A esto se suman las investigaciones que lleva la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México bajo la carpeta TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02, en la que se señalan posibles actos de desvío de recursos públicos. En el expediente figuran tanto la actual alcaldesa como su antecesora y cuñada, Elena García Martínez, hoy diputada local. Entre las anomalías documentadas se encuentra la transferencia de 38.5 millones de pesos a una asociación civil para la compra de 27 hectáreas ejidales en San Francisco Chilpan, sin que existan escrituras que acrediten la operación.

Acusan nepotismo

Vecinos de las colonias Fimesa han denunciado, además, pagos adicionales por 5 millones de pesos al Fondo Nacional de Habitaciones Populares sin que se haya concretado la regularización de sus predios. Aseguran que existe riesgo de despojo y han manifestado su inconformidad por el cambio de nombre de su comunidad a “Cuarta Transformación”, medida que generó bloqueos y protestas a inicios del año.

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Los señalamientos por presunto nepotismo también se han hecho presentes. De acuerdo con testimonios de residentes y actores políticos locales, varios familiares directos de la presidenta municipal ocupan cargos en el gobierno. La relación entre la alcaldesa y la diputada Elena García es considerada clave en la conformación de una estructura política que, según críticos, busca mantener el control administrativo del municipio.

Mientras las indagatorias continúan y las denuncias vecinales se acumulan, Tultitlán enfrenta un panorama de creciente violencia, reclamos por transparencia y exigencias de mayor rendición de cuentas por parte de la administración municipal.

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