La Reina presionó por cambios en tres leyes más, revelan documentos
El príncipe Felipe fue visto en 2019 conduciendo sin cinturón de seguridad por la finca de Sandringham, que la reina había tratado de eximir de las leyes de seguridad vial 50 años antes. Ilustración: Guardian Design

Cuando descubrieron que el príncipe Felipe estaba manejando sin cinturón de seguridad en un camino de Norfolk en 2019, menos de 48 horas después de haber estado involucrado en un choque automovilístico, la policía emitió “una amables palabras de consejo”.

Tal vez perdonaron al príncipe consorte que entonces tenía 97 años porque pudo haber asumido que las ley de seguridad en los caminos no se aplican cuando maneja en Sandringham, la propiedad de su esposa.

Justo esa fue la posición legal que los consejeros de la Reina adoptaron hace 50 años cuando le dijeron al gobierno que a la monarca no le gustaba la idea de que las leyes nacionales de tránsito se aplicaran en sus propiedades.

Detalles de este y otros ejemplos de cabildeo secreto por parte del palacio de Buckingham aparecen en documentos que desenterró The Guardian de los Archivos Nacionales. En estos se aprecia que la monarca usó el arcaico proceso parlamentario que se conoce como el Consentimiento de la Reina para presionar en secreto a los ministros para cambiar la legislación.

El lunes, The Guardian dio a conocer que los representantes de la Reina hicieron labores de cabildeo durante el gobierno de Edward Heath para cambiar la ley de transparencia propuesta y de esa manera esconder su riqueza privada del ojo público.

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Ahora The Guardian puede revelar tres instancias, incluyendo la ley de transporte de 1968, que aparentemente demuestran que la Reina aprovechó que podía revisar con antelación las leyes propuestas para presionar a los ministros para que hicieran cambios en beneficio de la corona o de sus intereses privados o para reflejar sus opiniones.

Los documentos son históricos y se encuentran escritos en el lenguaje oficioso de los mandarines y de los cortesanos de la realeza. Con esto se viene abajo la creencia de que la Reina no interfiere en los asuntos del parlamento.

También contradicen la insistencia del Palacio de Buckingham de que la Reina siempre aprueba las leyes que le pide el gobierno por una “pura formalidad” de la convención parlamentaria.

El doctor Adam Tucker, destacado académico de ley constitucional de la Universidad de Liverpool, dice que se quedó “impactado” cuando revisó los documentos que publicó The Guardian.

Dice que le restan credibilidad a la noción de que el consentimiento de la Reina era una simple formalidad. “El tono de esta documentación es que se trata de una situación normal. Todos los involucrados lo tratan como un diálogo genuino sobre una leyes y como una oportunidad para que se cambie la legislación.

“Si este fuera un proceso meramente formal, que se supone debería ser, entonces no existiría toda esta documentación. No se darían conversaciones sustanciales sobre cambios a la legislación”.

Thomas Adams, quien enseña ley constitucional en la Universidad de Oxford y que también examinó los documentos, observó: “La mera posibilidad de que el consentimiento de la Reina no se diera en la etapa adecuada del proceso para que el proyecto se convirtiera en ley se utiliza claramente para influir la forma general de esa legislación”.

El Palacio de Buckingham declinó hacer comentarios sobre qué tan seguido la monarca trató de usar el mecanismo de consentimiento para influir en una propuesta de ley durante su reinado. Tampoco quiso responder a cuestionamientos sobre los tres nuevos casos que se descubrieron que demuestran que sus asesores realizaron labores de cabildeo para cambiar proyectos de ley específicos.

Caso 1: monumentos nacionales

En uno de los casos recién descubiertos, que data de 1982, se hizo una solicitud formal de consentimiento para un proyecto de ley del gobierno relacionada con la conservación de los monumentos nacionales y que provocó una respuesta apresurada del palacio que exhortaba a que se hicieran alteraciones primero a la ley.

El gobierno de Margaret Thatcher había escrito a palacio con una propuesta de sus planes para reorganizar la conservación de los monumentos nacionales de Gran Bretaña. Se incluía una propuesta de crear una organización encargada de preservar monumentos antiguos y edificios históricos de Inglaterra, esencialmente un antecedente del English Heritage.

El 17 de noviembre de 1982, un funcionario de Whitewall explicó a Philip Moore, el secretario privado de la Reina, que esta nueva organización podría incorporar una comisión real que ya existía.

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Seis días después, Moore protestó “con vehemencia porque no se les consultó en una etapa más temprana de acuerdo con las leyes establecidas claramente”, y se quejó de que el proyecto de ley ya se había introducido a la Casa de los Lores.

Escribió que la Reina no tenía objeción contra algunas de las propuestas del proyecto de ley. Sin embargo, dijo, “Su Majestad se inclina a pensar que no sería adecuado que las funciones de la comisión real pasen a manos de una nueva comisión. Por lo tanto no parece ser una buena idea incluir en el proyecto de ley un poder, por estatuto, que permita que las funciones de la comisión real sean asumidas por la nueva comisión en algún momento del futuro”.

Agregó que: “Me agradaría tener la seguridad de que se consultará a la Reina antes de que se tome cualquier decisión al respecto”. 

A pesar de la solicitud formal del consentimiento de la Reina para la nueva ley, la carta de Moore, que detalla las preferencias de la Reina en cuanto al enfoque de las políticas, no hace mención de su consentimiento. Al no dar su consentimiento, la respuesta de la Reina, en efecto, negaba al parlamento la posibilidad de debatir la ley en ese punto.

Un servidor público interesado escribió: “El secretario de estado debería revisar directamente la respuesta anexada que recibió el departamento de parte del Palacio de Buckingham sobre el enfoque formal del consentimiento de la Reina… Claramente este punto de vista afectará la forma en que avancemos”.

Finalmente la Reina dio su consentimiento para el proyecto de ley seis meses después. Sin embargo, la comisión real tendría vigencia otros 17 años. Se fusionó con el English Heritage en 1999.

Tucker dijo: “Esto parece ser un ejemplo de consentimiento retenido con base en una objeción del contenido de la legislación. Retener significa que se pida algo y no se otorgue”.

Caso 2: seguridad en el camino

El segundo caso se refiere al intento de Harold Wilson en 1968 de pasar una legislación para actualizar la ley de seguridad en el camino. Los archivos sugieren que los consejeros de la Reina intentaron usar el procedimiento del consentimiento para tratar de extraer un compromiso por parte del gobierno para que la nueva ley no se aplicara en sus propiedades privadas”.

El entonces secretario de transporte, Richard Marsh, había escrito a la Reina pidiendo su consentimiento para realizar enmiendas para un nuevo proyecto de ley de transporte. Las enmiendas que racionalizarían una ley de tránsito para que todos los caminos a los que el público tiene acceso, incluyendo los de la corona, siguieran las mismas leyes.

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El abogado privado de la Reina en aquel entonces, Mathew Farrer, llamó por teléfono a los servidores públicos. “Explicó que la razón por la que no habíamos tenido todavía noticias del palacio (al parecer está en camino aparentemente) es que no está del todo complacido con la cláusula por la forma en que se presenta”, hace notar un servidor público.

A Farrer le “molestaba” lo de los caminos en propiedades privadas de la Reina como en Sandringham, “en donde ciertamente no le gustaría que se aplicara ninguna ley”. “Sólo le preocupan las propiedades privadas de la corona”, dijo el funcionario.

Finalmente la Reina dio su consentimiento para el proyecto pero sólo con la condición de que una cláusula muy importante no se aplicara en sus propiedades y de que “las objeciones … que presentaron las propiedades de la corona y los ducados de Lancaster y Cornwall se resolvieran satisfactoriamente”.

Una nota escrita a mano en un documento de Whitehall indica: “La consecuencia de todo esto es que se insertaron dos pequeños cambios en las subsecciones 1 y 2 de la nueva cláusula”.

Caso 3: arrendamiento de tierras

El tercer caso está relacionado con un proyecto de ley del gobierno laborista en 1975 relacionado con el arrendamiento de propiedades privadas para el desarrollo. Bajo las propuestas, los interesados en arrendar tierras para desarrollos tendrían que hacerlo a través de las autoridades locales en un intento por asegurar que los precios fueran razonables.

Sin embargo, los abogados que representan a las propiedades de la familia real, incluyendo a Farrer, se reunieron con los servidores públicos para explicar un aspecto de la ley “que estaba causando graves preocupaciones”.

Advirtieron a los servidores públicos que “a menos de que se hiciera una modificación a los términos del proyecto de ley”, se presentarían  quejas a un ministro de mayor rango. “Queda muy claro que se estaba presionando al gobierno para modificar los términos del proyecto de ley”, dice Tucker. La Reina dio su consentimiento para el proyecto de ley.

El Palacio de Buckingham dijo: “El consentimiento de la Reina es un proceso parlamentario en el que el papel de la soberana es puramente formal. El consentimiento que otorga la reina se hace cuando lo solicita el gobierno. Cualquier afirmación de que la soberana bloqueó una legislación es incorrecta.

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“Si el consentimiento de la reina se necesita lo decide el parlamento, independientemente de la casa real, en asuntos que puedan afectar los intereses de la corona, incluyendo la  propiedad privada y los intereses personales de la monarca.

Si se necesita su consentimiento, el borrador de la ley se presenta, por convención a la soberana para que otorgue por consejo de los ministros  y como asunto del registro público”.

La Oficina del Gabinete dijo:”El consentimiento de la Reina es una convención de larga data y un requerimiento del proceso parlamentario. El consentimiento se busca por rutina por parte del gobierno y la monarca da su aprobación por cuestión de rutina.

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