CFE
Le preguntamos a cuatro especialistas sobre las implicaciones de esta reforma. El consenso fue contundente: es un error que podría salir caro.
La oposición a Morena busca acercamientos con la IP. Consideran que lastimará el derecho a un ambiente sano, energías baratas y los acuerdos del T-MEC.
Los mercados eléctricos internacionales funcionan bajo los mismos principios que el de Mexico de hoy, que la 4T busca cambiar con la (contra) reforma, lo que va en contra de la energía barata y limpia.
La ceguera del presidente consiste en que al atacar a las empresas y cambiar el orden de despacho eléctrico como lo pretende hacer en su iniciativa de reforma, afecta no solo a esas grandes “enemigas de México”, la empresas privadas; sino a cientos de miles de mexicanos.
Una cosa es el qué y la otra es el cómo: si bien la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica parece no tener ningún freno para ser aprobada en el Congreso, del firmado al ejecutado pueden pasar muchos juicios (y mucho tiempo).
López Obrador mantiene un consistente desprecio por el derecho que no embona en su agenda, cualquier resolución judicial que vaya contra sus intereses es puesta en el blanco de sus disgustos, toda demanda o denuncia hacia sus obedientes colaboradores carece de autoridad con esa salida fácil de “los otros datos”.
Hasta ahora conocemos la postura de la CFE, de las empresas privadas y de los grupos ambientalistas pero, ¿por qué no hay reclamos de los bancos que financian los proyectos privados de generación de energía?
Ya nos llaman traidores a la Patria a quienes simplemente hacemos notar que una ley federal no puede ir por encima a la Constitución.
El cambio es sencillo: tienes que encontrar una forma de hacer que sí o sí se queme combustóleo. Ya lo intentaron hacer dos veces, pero la Corte les dijo que era contrario a la Constitución. Entonces propusieron un cambio legal, que igual será contrario a la Constitución.
Los apagones nos llegaron, no sólo como realidad, sino como metáfora política de un gobierno oscurantista que no asume el poder como responsabilidad, sino como el pago tardío de una deuda nacional, la de no haberle votado antes, como se debía, y que hoy le cobra a todos con interés compuesto.