Aung San Suu Kyi podría enfrentar dos años de cárcel por walkie-talkies ilegales

La policía de Myanmar acusó a la líder depuesta Aung San Suu Kyi de la posesión de walkie-talkies importados ilegales, lo que podría llevarla a una sentencia de dos años de prisión ya que la campaña de desobediencia civil creció en contra del golpe militar.

El documento de una estación de policía en la capital, Naypyidaw, dice que los oficiales militares que registraron la residencia de Aung San Suu Kyi encontraron dos radios importados ilegales que sus guardaespaldas usaban sin permiso. Los cargos, que confirmaron los miembros de su partido, aparentemente le pueden costar dos años en prisión como máximo.

Un diario del estado reportó que el nuevo gobierno militar investigaría lo que se describe como fraude en las elecciones de noviembre, en las que su partido aliado fue derrotado por amplio margen por la Liga Nacional por la Democracia, NLD, de Aung San Suu Kyi.

El presidente depuesto, Win Myint, fue acusado de romper las reglas del coronavirus por reunirse con personas durante su campaña.

Estas medidas probablemente aumentarán el enojo en contra de los militares. En uno de los primeros actos organizados en contra del golpe de estado del ejército, los trabajadores de la salud de 70 hospitales y departamentos médicos de Naypyidaw, Yangon y otras ciudades dicen que no van a trabajar bajo un régimen militar, y acusan a los generales de anteponer sus prioridades a las de la gente durante la pandemia.

“Nos negamos a obedecer cualquier orden por parte del régimen ilegítimo militar que demostró que no tienen interés en nuestros pobres pacientes”, dijeron los organizadores.

Grupos de maestros, incluyendo la Federación de Maestros de Myanmar, anunciaron que se unirán a la campaña de desobediencia civil, y la página de Facebook que se creó para coordinar esta acción lleva acumulados más de 180,000 seguidores. El Sindicato de Estudiantes  de la Federación de Todo Burma hizo un llamado para que otros trabajadores del gobierno se unan a la huelga.

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“No van a detener este movimiento hasta que el gobierno electo sea restablecido”, dijo Kyaw, un cirujano del hospital general de West Yangon que renunció a su trabajo en el hospital del gobierno en donde trabajaba.

“Me molesta estar lejos de mis pacientes, pero no me arrepiento, y sé que hice lo mejor para combatir la pandemia”, dijo.

Los médicos están atendiendo a los pacientes en sus casas y en las clínicas de beneficencia.

No se han reportado manifestaciones callejeras en contra del ejército, pero se palpa la furia de la gente en contra del gobierno ya que vivió cinco décadas bajo un gobierno militar represor.

El miércoles por la noche los sartenes y las ollas retumbaron por toda la ciudad de Yangon ya que la gente salió a sus balcones para protestar simbólicamente en contra del ejército.  En las redes sociales muchos pusieron un filtro rojo en sus perfiles para expresar su apoyo a Aung San Suu Kyi, quien pasó casi 15 años en la cárcel mientras realizaba una campaña en contra del gobierno militar antes de su liberación en 2010. Dentro de Myanmar, se le considera una heroína a pesar de la condena internacional por su trato a los Rohingya.

El NLD exige la liberación de Aung San Suu Kyi y que el ejército reconozca los resultados de la elección, que este partido ganó de forma abrumadora.

El ejército detuvo a Aung San Suu Kyi el lunes en la mañana unas horas antes de que comenzara a sesionar el parlamento. Acusa de fraude al NLD, acusaciones que los observadores niegan. Supuestamente permanece bajo arresto domiciliario.

Salió a relucir que el Fondo Monetario Internacional envió la semana pasada 350 millones en efectivo al gobierno de Myanmar como parte de un paquete de ayuda sin compromisos para apoyar al país a combatir la pandemia del coronavirus. Días después los generales tomaron el poder.

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EU ya declaró formalmente que las acciones del ejército son un golpe de estado y amenaza con el restablecimiento de sanciones y varios países de todo el mundo exigieron que se libere a los detenidos y que el ejército entregue el poder.

El Grupo de los 7 países con las economías más desarrolladas condenó el miércoles el golpe de estado y dijo que existe preocupación por el destino de los líderes políticos.

En una reunión del consejo de seguridad de la ONU el martes, China y Rusia bloquearon una declaración que condena el golpe y exige que se revierta. India y Vietnam expresaron sus reservas.

China y Rusia ya se habían opuesto a los intentos de presionar a Myanmar por las atrocidades que se cometieron en contra de los Rohingya en 2017, cuando se usó al ejército en contra de ellos y 700,000 personas tuvieron que buscar asilo en Bangladesh. Ahora se encuentran atrapados en Cox Bazar, Bangladesh, y los refugiados dicen que ahora que el ejército tiene el control total tienen más miedo de regresar.

“El ejército nos mató, violó a nuestras hermanas y madres, y quemó nuestras aldeas. ¿Cómo vamos a estar a salvo bajo su poder?” dijo Khin Maung, presidente de la Asociación de Jóvenes de Rohingya en los campos en el distrito de Cox Bazar, a AP. “Va a pasar mucho tiempo porque la situación política está peor ahora en Myanmar”.

Louis Charbonneau, director de Human RIghts Watch de la ONU, dijo que el fracaso del consejo de seguridad de la ONU para condenar al ejército dará seguridad a sus líderes para “sentir que pueden cometer abusos horribles y pagar poco o nada por eso”.

El ejército asegura que el golpe de estado está en línea con la constitución. El jefe de la armada, Ming Aung Hlaing, ahora jefe del nuevo gabinete, defendió el martes las acciones militares como inevitables. Los líderes civiles, dice, no escucharon las acusaciones de fraude que realizó el ejército.

Al aumentar las acciones públicas para resistirse al ejército, este emite una advertencia en el Global New Light que es un diario que controla el ejército en Myanmar.

“Algunas organizaciones y personas están publicando rumores en las redes sociales y emitiendo comunicados para organizar desmanes e inestabilidad”. Pidió a la gente “no realizar esas actividades y cooperar con el gobierno de acuerdo a la ley actual”.

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Muchos se apresuraron a descargar la app de mensajes Bridgefy, que se usó durante las protestas en Hong Kong en 2020 cuando los servicios de teléfono e internet se cayeron a principios de semana. La compañía dijo que la app se ha descargado más de 1 millón de veces esta semana en Myanmar.

El ejército tiene antecedentes de recurrir a la violencia para acallar a los manifestantes, y las protestas en contra de ellos conllevan muchos riesgos.

Una activista de derechos humanos en Yangon dice que cree que otros trabajadores del gobierno quieran unirse a las acciones de desobediencia civil. “Los números crecerán, lo están haciendo ahora”, dijo.