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Revelación: la mayoría de los acusados por el ataque al Capitolio no están en la cárcel

Al menos siete de cada 10 han sido liberados mientras esperan audiencias, en comparación con una tasa típica del 25% de los acusados​​federales.

Protestas en los terrenos del Capitolio de los Estados Unidos en Washington 06 de enero, 2021. Foto: WILL OLIVER/EFE.

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Al menos 70% de las personas acusadas de los disturbios del Capitolio han sido liberadas mientras esperan el juicio, según un análisis de The Guardian.

Esa alta tasa de liberación previa al juicio contrasta con las tasas de detención habituales en el sistema federal, donde apenas el 25% de los acusados ​​en todo el país suelen ser liberados antes de su juicio.

Eric Munchel, conocido como ‘Zip Tie Guy’, que supuestamente fue fotografiado vistiendo equipo táctico y sujetando esposas de plástico en la cámara del Senado, fue puesto en libertad a fines de marzo, junto con su madre, después de que un tribunal de apelaciones cuestionó si representaba algún peligro fuera del contexto específico del 6 de enero.

Richard Barnett, el hombre de Arkansas fotografiado con el pie sobre el escritorio de Nancy Pelosi, fue liberado a fines de abril, casi dos meses después de gritar durante una audiencia judicial que “no es justo” que todavía estuviera detenido cuando “todos los demás que hicieron cosas mucho peores ya están en casa”.

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Muchos presuntos miembros de Proud Boys y Oath Keepers, dos grupos que enfrentan los cargos de conspiración más graves relacionados con sus supuestos planes de violencia, han sido liberados antes de juicio, aunque algunos de sus líderes permanecen bajo custodia.

La disparidad en las tasas de detención preventiva resalta lo que los expertos legales dijeron que fue un desarrollo más amplio en los casos del 6 de enero: la probabilidad de que una parte sustancial de los presuntos alborotadores no sean condenados a pasar tiempo en prisión, incluso si son condenados o se declaran culpables .

Muchos acusados ​​del ataque al Capitolio han sido liberados antes del juicio porque enfrentan cargos de niveles relativamente bajos, coincidieron los expertos, aunque otros factores, incluido el prejuicio racial, también pueden influir.

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Estoy sorprendido y no sorprendido. La mayoría de estas personas son blancas”, dijo Erica Zunkel, directora asociada de la Clínica Federal de Justicia Criminal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. “La mayoría de las personas en el sistema federal son personas de color“.

La oficina del fiscal de Estados Unidos para el distrito de Columbia que procesa los casos dijo en un comunicado que los presuntos alborotadores del Capitolio enfrentaban tipos de cargos muy diferentes a los de la mayoría de las personas en el sistema federal.

“Comparar el porcentaje de acusados ​​detenidos el 6 de enero con el promedio federal general es comparar peras con manzanas”, comentó un portavoz de la oficina. “La mayoría de los acusados​​ federales están acusados ​​de delitos de inmigración o drogas, los cuales suelen ir acompañados de detención. Los acusados ​​del 6 de enero están acusados ​​de una variedad de cargos de obstrucción, asalto y allanamiento de morada. La comparación no tiene sentido”.

Zunkel, un exabogado defensor federal, argumentó que era absolutamente justo preguntar por qué los fiscales y los jueces tomaban decisiones de detención diferentes para los casos de drogas e inmigración que para las personas acusadas de participar en el ataque del 6 de enero, que son más del 90% de raza blanca.

Más del 96% de las personas acusadas de delitos federales de inmigración son hispanos, y más del 70% de los acusados ​​de delitos federales de drogas son hispanos y negros, dijo Zunkel, citando datos de sentencias federales.

“Tenemos un problema con nuestro sistema, algo resulta tremendamente mal al ver que si tenemos una tasa de detención del 75% en todo el país, y tenemos un subconjunto donde tenemos una tasa de liberación de más del 70%“, afirmó.

Zunkel y una colega, Judith P Miller, quien también fue abogada defensora federal, dijeron que el nivel de escepticismo y cuidado que los jueces federales aplican a la decisión de si los acusados ​​del Capitolio son realmente lo suficientemente peligrosos como para mantenerlos encarcelados no es en absoluto la norma.

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El problema, dijeron, no es que los jueces estuvieran haciendo una decisión incorrecta al liberar a los acusados ​​del Capitolio, sino que los jueces no toman medidas similares para la mayoría de las personas en el sistema federal.

“Para mis clientes negros y morenos, se siente como si tuvieran que alcanzar un umbral tan increíblemente alto para ser liberados”, dijo Miller, profesor de derecho de la Universidad de Chicago. “El tipo de sensibilidad que los tribunales han mostrado hacia las reclamaciones de reparación de los acusados ​​del Capitolio; desearía que algo de esa sensibilidad se mostrara de manera más amplia”.

La oficina del fiscal de EU para el distrito de Columbia se negó a confirmar cuántos acusados ​​en el Capitolio se encuentran actualmente en detención preventiva, y señaló que el número “tiene el potencial de fluctuar con frecuencia en función de las decisiones de detención en curso”.

A mediados de mayo, al menos 440 personas habían sido arrestadas por cargos relacionados con la invasión al Capitolio del 6 de enero, según el Departamento de Justicia, incluidas al menos 125 acusadas de agredir u obstaculizar la aplicación de la ley.

De 398 acusados ​en el caso del ataque al Capitolio del Departamento de Justicia al 10 de mayo, al menos 330 figuraban en el sitio correspondiente, o en los registros de la corte federal, como liberados de la custodia. Al menos 56 de esos acusados ​​permanecían detenidos.

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El número exacto y el porcentaje de acusados ​​en el Capitolio que son liberados en comparación con los detenidos cambia a menudo, ya que hay nuevas detenciones de presuntos alborotadores, otros ganan su liberación y algunos corren el riesgo de ser arrestados nuevamente por violar las condiciones de su liberación. El número y el estatus de los casos en el sitio web del ataque al Capitolio del Departamento de Justicia también muestra un rezago ante los documentos presentados en los tribunales.

Sin embargo, la tendencia más amplia en los casos es clara: la abrumadora mayoría de los acusados ​​del Capitolio no están detenidos antes de los juicios.

De acuerdo con su probabilidad de riesgo de fuga o de ser un peligro para sus comunidades, algunos de los acusados ​​del Capitolio deben cumplir con condiciones de liberación más intensivas, que incluyen monitoreo por dispositivos GPS, toques de queda o detención domiciliaria, y limitaciones en su acceso a internet o redes sociales, según los registros judiciales.

Muchos de los acusados ​​del Capitolio se enfrentan solo a cargos federales de nivel relativamente bajo, como ingresar a un edificio restringido o mostrar una conducta desordenada dentro de un edificio restringido. Un análisis del Washington Post de documentos judiciales a mediados de mayo concluyó que el 44% de los acusados ​​en el Capitolio solo enfrentaban cargos por delitos menores.

Algunos de los jueces federales que atienden los casos del Capitolio han expresado su preocupación de que ciertos acusados ​​ya hayan pasado más tiempo bajo custodia del que probablemente enfrentarían como castigo por sus delitos.

“Aquellos que sean acusados​​únicamente de delitos menores, probablemente no cumplan un tiempo sustancial y es posible que no cumplan ningún tiempo en absoluto”, dijo Mary McCord, experta en movimientos extremistas que se desempeñó durante casi 20 años como fiscal en la oficina de la procuraduría de EU en Washington, DC. “Es muy posible que si se declaran culpables, la condena sería equivalente al tiempo que han pasado detenidos, o a 30 días”.

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Hay una tensión entre el dramático efecto colectivo de la turbamulta del 6 de enero, que interrumpió la ceremonia de certificación de la elección de Biden como presidente y amenazó la legitimidad de la democracia estadounidense, y lo que los fiscales federales pueden probar que hicieron personas individuales, consideraron los expertos.

“La ironía es que tenemos tantas leyes, tantas cosas son que son ilegales; es sorprendente que no puedan encontrar cargos que sean más serios”, dijo Zunkel.

Algunos cargos potenciales más serios, como conspiración o conspiración sediciosa, requieren evidencias de un acuerdo previo para cometer un crimen que parece faltar a muchos participantes en la caótica turba del Capitolio, declaró Daniel Richman, profesor de derecho de la Universidad de Columbia y exfiscal federal.

“Cuando miras a cada individuo, lo que hicieron podría equivaler a la destrucción de propiedad o entrada ilegal, y eso es con toda probabilidad de lo que serán acusados, pero la dimensión más grande de su participación en un ataque masivo queda fuera de la ruta, afirmó Richman.

Asimismo, advirtió que parte de la dinámica actual de los casos del Capitolio es ver cómo las limitaciones normales del sistema de justicia penal se enfrentan a las mayores expectativas de un público que observó cómo se desarrollaba la impactante violencia del 6 de enero en tiempo real.

Los procesos penales nunca terminan en momentos gloriosos de rendición de cuentas en los que todos están satisfechos de que se hizo lo correcto”, dijo Richman.

A muchos acusados ​​del Capitolio que enfrentan estos cargos de menor nivel, los fiscales del Departamento de Justicia ni siquiera intentaron mantenerlos detenidos antes del juicio, y fueron liberados rápidamente en condiciones típicas.

Los fiscales federales lucharon durante meses para mantener a otros acusados ​​bajo custodia, y los jueces federales finalmente los denegaron, particularmente después del fallo fundamental de la corte de apelaciones que cuestionó la detención de Munchel, el presunto ‘Zip Tie Guy’, y su madre, quienes dieron entrevistas hablando sobre su disposición a participar en actos de violencia para promover sus creencias, pero no fueron acusados ​​de ningún acto específico de violencia o vandalismo mientras deambulaban por el Capitolio, con las esposas de plástico en la mano.

“Supongo que los jueces que decidieron liberar a algunas de estas personas bajo fianza estaban pensando: el 6 de enero, hubo una tormenta ideal de condiciones para que estas personas cometieran un delito, y ahora ya no existe esa situación, así que no es probable que lo vuelvan a hacer”, alertó Wanda Bertram, estratega de comunicaciones de Prison Policy Initiative, una organización sin fines de lucro que se enfoca en los daños del encarcelamiento masivo.

Pero la misma lógica podría aplicarse a delitos de bajo nivel: “invertir en las comunidades de las personas” para “crear condiciones diferentes” que harían poco probable que repitan el mismo comportamiento, dijo Bertram.

“El tratamiento de las personas involucradas en los disturbios del Capitolio debería mostrarnos lo que es posible y lo que es lógico en términos de cómo tratar a las personas en el futuro”.

Exfiscales defendieron el trabajo del Departamento de Justicia en los casos del Capitolio y dijeron que el esfuerzo continuo para identificar y arrestar a una gran proporción de los cientos de personas que irrumpieron en el Capitolio fue un esfuerzo masivo y exigente, y mostró lo que el gobierno quería garantizar de que habrían consecuencias reales por participar en el ataque.

“Han sido agresivos, y continúan siéndolo, al tratar de encontrar a todos los que participaron en ese motín”, dijo Laurie Levenson, profesora de la Facultad de Derecho de Loyola. “Para el procurador, los números importan. Realmente importa que se responsabilice a cientos de personas. Ese es el mensaje para la gente: que no quieras jugar con el sistema”.

“Creo que lo que quieren es que se asiente en sus antecedentes penales que son responsables por estas acciones”, agregó Levenson. “Tiene relevancia el que estas personas van a resultar con un registro federal de delitos menores. Eso tiene un impacto en su empleo, en su vida, en su situación en su comunidad. Incluso si sólo obtienen la libertad condicional, van a tener que vigilar sus pasos”.

The Guardian
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