Documentos revelan que el Palacio de Buckingham prohibió que personas de minorías étnicas ocuparan puestos oficiales

Los cortesanos de la Reina prohibieron a “inmigrantes de color o extranjeros” servir en los puestos clericales de la casa real hasta por lo menos el final de la década de los 60, de acuerdo con documentos recién descubiertos que reiniciarán el debate sobre la familia real británica y los temas de raza. 

Los documentos también muestran cómo el Palacio de Buckingham negoció cláusulas controversiales (que siguen activas hoy en día) exceptuando a la Reina y su familia de cumplir con leyes que previenen la discriminación racial y sexual. 

Los documentos fueron descubiertos en los National Archives, como parte de la continua investigación de The Guardian sobre el uso de la familia real del procedimiento parlamentario arcano, llamado consentimiento de la Reina, para influenciar en secreto los contenidos de las leyes británicas. 

Estos revelan cómo en 1968, el administrador financiero de la Reina informó a funcionarios públicos que “no existe, de hecho, la práctica de designar a inmigrantes de color o extranjeros” a puestos clericales en la casa real, aunque sí se les permitía trabajar como empleados domésticos. 

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No está claro cuándo terminó la práctica. El Palacio de Buckingham se rehusó a contestar preguntas sobre la prohibición y cuándo fue revocada. Dijeron que sus registros muestran que personas pertenecientes a minorías étnicas fueron empleadas en la década de los 90. Añadieron que antes de esa década no llevaban el registro de los contextos raciales de sus empleados. 

Excepciones de la ley

En la década de los 60, los ministerios del gobierno buscaron promulgar nuevas leyes para volver ilegal la negación a contratar a un individuo por motivos de raza o etnicidad. 

La Reina ha permanecido personalmente exenta de dichas leyes de igualdad durante más de cuatro décadas. Esta excepción hizo imposible que las mujeres o personas de minorías étnicas empleadas en su residencia emitieran quejas ante las cortes en caso de sufrir discriminación. 

En un comunicado, el Palacio de Buckingham no negó que la Reina esté exenta de las leyes, y añadieron que hay un proceso separado para atender las quejas relacionadas con la discriminación. El palacio no respondió cuando se les preguntó en qué consiste dicho proceso. 

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La excepción de la ley entró en vigor en la década de los 70, cuando políticos implementaron una serie de leyes de igualdad racial y sexual para erradicar la discriminación.

Los documentos oficiales revelan cómo los funcionarios del gobierno en la década de los 70 se coordinaron con los consejeros de Elizabeth Windsor para la redacción de las leyes. 

Es probable que los documentos devuelvan la atención a las relaciones históricas y actuales de la familia real con la raza. 

Una gran parte de la historia familiar está estrechamente vinculada con el imperio británico, que subyugó a personas en todo el mundo. Algunos miembros de la familia real también han sido criticados por sus comentarios racistas. 

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En marzo, la Duquesa de Sussex, la primera persona de raza mixta en la familia, dijo que tuvo pensamientos suicidas durante el tiempo que pasó con la familia real, y aseveró que un miembro expresó preocupación por el color de piel de su hijo.

La acusación llevó a su cuñado, el príncipe Guillermo, a declarar que la familia real “para nada” es racista. 

El consentimiento de la reina

Algunos documentos descubiertos por The Guardian se relacionan con el uso del consentimiento de la reina, un mecanismo parlamentario oscuro mediante el cual se le otorga permiso parlamentario a la monarca para debatir las leyes que le afectan a ella y a sus intereses privados. 

El Palacio de Buckingham dice que el proceso es simplemente una formalidad, a pesar de la amplia evidencia de que la reina ha utilizado repetidamente el poder para presionar secretamente a los ministerios para corregir legislaciones que no le agradan. 

Los documentos recién descubiertos muestran cómo el procedimiento se utilizó para influenciar en secreto la conformación de los proyectos de leyes de relaciones raciales. 

En 1968, el entonces secretario de interior, James Callaghan, y los funcionarios públicos del ministerio de interior aparentemente creían que no deberían solicitar el permiso de la reina para que el parlamento debatiera sobre la ley de relaciones raciales hasta que sus consejeros estuvieran satisfechos con que no se usaría en su contra ante las cortes. 

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En ese entonces, Callaghan quería expandir las leyes de discirminación racial en el Reino Unido, que sólo prohibían la discriminiación en los espacios públicos, para que también previnieran el racismo en empleos o servicios como la vivienda. 

Una propuesta clave de la ley era la Race Relations Board, que actuaba como el ombudsman para las quejas de discriminación y podía iniciar procedimientos ante la corte contra individuos o compañías que mantuvieran prácticas racistas.

‘No la práctica de designar a inmigrantes de color’

En febrero de 1968, un funcionario del ministerio de interior, TG Weiler, resumió el progreso de las discusiones con Lord Tryon, administrador de los ingresos privados de la familia real, responsable de manejar las finanzas de la reina, y con otros cortesanos. 

Tryon, escribió, les informó que el Palacio de Buckingham estaba preparado para cumplir con la propuesta de ley, pero sólo si gozaban de excepciones similares a las ofrecidas al servicio diplomático, que podía rechazar solicitudes de empleo de personas que llevaran menos de cinco años residiendo en el Reino Unido. 

De acuerdo con Weiler, Tryon consideraba que el staff en la residencia de la reina cumplía con alguno de los tres tipos de roles: “(a) altos mandos, que no eran designados con avisos o con algún otro sistema de designación y que por lo tanto se podían aceptar como fuera del objeto de la ley; (b) clericales y otras oficinas, para lo que, de hecho, no era la práctica designar a inmigrantes de color; y (c) puestos domésticos ordinarios para los que podía considerarse libremente a los solicitantes de color, pero que en cualquier caso se pueden cubrir con la propuesta excepción general para el empleo doméstico”. 

“Estaban particularmente preocupados”, escribió Weiler, “de que su la propuesta aplicaba también para la residencia de la reina, por primera vez sería legalmente posible criticarla. Muchas personas ya lo hacen, pero esto tiene que aceptarse y está en una posición distinta a las provisiones legales”. 

Para marzo, el Palacio de Buckingham estaba satisfecho con la ley. Un funcionario del ministerio de interior resaltó que los cortesanos “estaban de acuerdo con que el camino estaba abierto para que el secretario de estado buscara el consentimiento de la reina para poner sus intereses a disposición del parlamento con vistas a la propuesta”. 

El fraseo de los documentos es altamente significativo, porque sugiere que Callaghan y los funcionarios creían que no era posible obtener el consentimiento de la reina para que el parlamento debatiera la ley de igualdad racial a menos que la monarca asegurara su excepción. 

Como resultado de esta excepción, la Race Relations Board, que tenía la tarea de investigar la discriminación racial, enviaba cualquier queja del staff de la reina a la secretaría de interior en lugar de las cortes. 

En 1970, el gobierno implementó tres leyes para contrarrestar la discirminación racial y sexual en los sitios de trabajo. Los implicados en general eran empoderados para llevar sus casos directamente a las cortes. 

Pero el staff de la familia real no podía hacerlo, aunque la redacción de la prohibición era suficientemente vaga para que el público no se diera cuenta de las excepciones. 

Un funcionario señaló que la excepción en el Sex Discrimination Act de 1975 era “aceptable para el palacio, principalmente porque no señalaba explícitamente a las personas empleadas por Su Majestad en sus capacidades personales para la excepción especial”, mientras de hecho los sacaba del foco. 

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La excepción fue extendida hasta el día de hoy cuando en el Equality Act de 2010 reemplazó el Race Relations Act de 1976, el Sex Discrimination Act de 1975 y el Equal Pay Act de 1970. Durante muchos años, los críticos han señalado regularmente que la familia real emplea a pocas personas negras, asiáticas o de minorías étnicas. 

En 1990, el periodista Andrew Morton reportó en el Sunday Times que “una cara negra jamás ha adornado las jerarquías ejecutivas del servicio real, la residencia y los oficiales” e “incluso entre el staff clerical y doméstico, sólo hay un puñado de reclutas de minorías étnicas”. 

Al año siguiente, el investigador real Philip Hall publicó un libro, Royal Fortune, en donde citaba a una fuente cercana a la reina confirmando que no había cortesanos no blancos en los altos rangos del palacio. 

En 1997, el Palacio admitió ante The Independent que no llevaban a cabo las políticas de monitoreo de las estadísticas del equipo para asegurar la igualdad de oportunidades. 

Un portavoz del Palacio de Buckingham dijo: “La familia real y la soberana cumplen con las provisiones del Equality Act, en principio y en práctica. Esto se refleja en la diversidad, inclusión y dignidad en las políticas de trabajo, en los procedimientos y las prácticas dentro de la residencia.

“Cualquier queja que pueda levantarse bajo el acto sigue un proceso formal que proporciona un medio de audiencia y remedio de cualquiera”. El palacio no respondió cuando se preguntó si la monarca es sujeto de este acto y de esta ley.