La reina Isabel II presionó en secreto a ministros escoceses para que la eximieran de la ley climática

Los abogados de la reina Isabel II presionaron en secreto a los ministros escoceses para que cambiaran un proyecto de ley para eximir sus terrenos privados de una importante iniciativa para reducir las emisiones de carbono, según revelan los documentos.

La exención implica que la reina, una de las mayores terratenientes de Escocia, es la única persona del país que no está obligada a facilitar la construcción de tuberías para proveer calefacción a los edificios utilizando energías renovables.

Sus abogados garantizaron la exención por parte del gobierno escocés hace cinco meses valiéndose de un oscuro procedimiento parlamentario conocido como el consentimiento de la reina, el cual le permite a la monarca revisar por adelantado la legislación.

El procedimiento parlamentario secreto se ha tomado prestado de Westminster, donde ha existido como una costumbre desde el siglo XVIII.

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En una serie de informes sobre el consentimiento de la reina en los últimos meses, The Guardian reveló cómo la reina utilizó en repetidas ocasiones su acceso privilegiado a los proyectos de ley para presionar a los ministros de que cambiaran la legislación de Reino Unido en beneficio de sus intereses privados o para que reflejaran sus opiniones entre finales de la década de 1960 y 1980.

Los nuevos documentos, descubiertos por Lily Humphreys, una investigadora de los Demócratas Liberales Escoceses, a través de las leyes de libertad de información, revelan cómo la monarca utilizó su acceso especial en la legislación escocesa para intervenir en el proceso parlamentario en febrero.

Los documentos también sugieren que el gobierno de Nicola Sturgeon no reveló las presiones de la monarca este año, cuando un político escocés aprovechó un debate parlamentario para cuestionar por qué la reina estaba consiguiendo una exención del proyecto de ley sobre energía verde.

La acción parece contradecir el compromiso público de la familia real de hacer frente a la crisis climática, con el príncipe William uniéndose recientemente a su padre, Carlos, en una campaña para reducir las emisiones y proteger el planeta.

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El gobierno de Sturgeon anunció el proyecto de ley como una pieza clave de la legislación para combatir la emergencia climática. Dijo que la legislación, conocida como proyecto de ley de redes de calefacción, ayudaría a reducir las emisiones, disminuir la pobreza energética y crear empleos verdes.

La legislación posibilitó la construcción de tuberías para proveer calefacción a las unidades habitacionales y negocios utilizando energía renovable, en lugar de calentadores separados de combustibles fósiles.

El 12 de enero, John Somers, principal secretario privado de Sturgeon, le escribió a Edward Young, el asesor principal de la reina, para pedirle su consentimiento para el proyecto de ley de redes de calefacción. En su carta, Somers dijo que el proyecto le permitiría a las empresas y a las autoridades públicas comprar obligatoriamente terrenos de los propietarios.

El 3 de febrero, los funcionarios que trabajaban para Paul Wheelhouse, el entonces ministro de Energía, documentaron que los abogados de la reina habían expresado su preocupación por el proyecto de ley. También registraron que el ministro había aceptado alterar el proyecto de ley, señalando que “el ministro aceptó una propuesta de enmienda que atendía las preocupaciones de los abogados de la reina”. Esto se había hecho en relación con el proceso de consentimiento de la reina.

El 17 de febrero, un cortesano comunicó al gobierno escocés que la reina había dado su consentimiento para permitir la aprobación del proyecto de ley.

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Cinco días después, cuando los Miembros del Parlamento Escoces debatieron el proyecto de ley, Wheelhouse presentó una enmienda que se aplicaba únicamente a los terrenos de propiedad privada de la reina. Esta enmienda impide específicamente que las empresas y las autoridades públicas obliguen a la reina a vender sus terrenos para posibilitar la construcción de las tuberías de energía verde.

El Palacio de Buckingham dice que el consentimiento de la reina, un proceso que requiere que los ministros notifiquen a los abogados cuando una propuesta de proyecto de ley pueda afectar a sus poderes públicos o intereses privados, es una parte “meramente formal” del proceso parlamentario.

Sin embargo, cada vez hay más ejemplos en los que la reina se ha aprovechado de sus privilegios de consentimiento para solicitar cambios antes de dar su consentimiento formal para que la ley siga su curso en el Parlamento. Eso parece haber sucedido en esta ocasión en Escocia, donde el procedimiento funciona de la misma manera.

Durante el debate parlamentario sobre el proyecto de ley, Andy Wightman, en ese momento un miembro independiente del Parlamento Escocés, se opuso a la enmienda, argumentando que era incorrecto distinguir a la reina por trato preferencial.

Wheelhouse respondió que la enmienda era “necesaria para garantizar la fluidez del proyecto de ley”. Sin embargo, no reveló que los abogados de la reina habían presionado para el cambio. La enmienda fue aprobada con la oposición de Wightman y de otros tantos miembros del Parlamento Escocés.

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Después ser informado sobre los nuevos documentos, Wightman dijo que estaba “sorprendido de descubrir que la enmienda se realizó con el fin de asegurar el consentimiento de la reina. Eso debería haberse comentado en el debate”.

“Si se solicitan cambios para garantizar el consentimiento de la reina, se debe informar a la gente sobre ello y parece que en este caso no se nos informó“.

A diferencia del procedimiento más conocido de consentimiento real, una formalidad que convierte un proyecto de ley en ley, el consentimiento de la reina le proporciona a la monarca un mecanismo para inmiscuirse de forma encubierta en las propuestas de leyes de Reino Unido sin que el público tenga conocimiento de su intervención.

Las revelaciones a principios de este año sobre cómo la reina había revisado los proyectos de ley antes de que fueran aprobados por los representantes electos de Reino Unido provocaron que más de 65 mil personas pidieran una investigación sobre el “insondable” proceso.

Adam Tucker, profesor titular de derecho constitucional en la Universidad de Liverpool, dijo que las revelaciones hacían evidente que el proceso era más que una mera formalidad y “debería generar serias preocupaciones sobre la existencia continua de la práctica”.

Willie Rennie, quien renunció recientemente como líder de los Demócratas Liberales Escoceses, dijo que los documentos creaban preocupación sobre que las “puertas secretas” hacían posible que la monarca cambiara las leyes. “Aquellos que presionan para que se produzcan cambios tienen que declararlo“, consideró. “Eso debería aplicarse para todos”.

Rennie añadió: “La reina, con todo derecho, no expresa sus opiniones públicamente y lo hace en privado con el primer ministro y el ministro principal. Sin embargo, esto es diferente. Se trata de los intereses patrimoniales y directos de la jefa de Estado. Cualquiera de estas comunicaciones debería notificarse pública y abiertamente de manera que podamos juzgar por nosotros mismos”.

Un vocero del Palacio de Buckingham dijo: “Se puede consultar a la Casa Real sobre los proyectos de ley con el fin de garantizar la precisión técnica y la coherencia de la aplicación del proyecto de ley en la Corona, un principio jurídico complejo regido por los estatutos y el derecho común. Este proceso no cambia la naturaleza de ningún proyecto de ley“.

Wheelhouse, que perdió su puesto en las últimas elecciones, declaró: “Dirigí varios proyectos de ley en mi época y este tipo de exenciones para los intereses de la reina en ocasiones se requieren como un paso necesario“.

El gobierno escocés no contestó a las preguntas sobre el número de proyectos de ley que otorgaron exenciones especiales a la reina, ni tampoco si era necesaria una mayor transparencia.

En una breve declaración, un vocero comentó: “La política del gobierno escocés es que la Corona debe estar sujeta a los requisitos regulatorios en las mismas condiciones que todos los demás, a menos que haya una razón legítima para una exención o variación. Sin embargo, es necesario por ley el consentimiento de la Corona en caso de que un proyecto de ley afecte a la propiedad privada o a los intereses de la monarca, y eso es lo que ocurrió en este caso”.