Acusan a Pfizer de obligar a Brasil ‘a pedir rescate’ por las exigencias del contrato de vacunas
El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, y la mascota de la campaña de vacunación del país, Zé Gotinha, celebran la llegada de las vacunas Covid-19 de Pfizer/BioNTech al aeropuerto de Viracopos, cerca de São Paulo. Foto: Amanda Perobelli/Reuters

Pfizer fue acusado de pedir un “rescate” a Brasil en relación con las exigencias de protección frente a posibles demandas por efectos secundarios de la vacuna en su contrato de suministro de 100 millones de vacunas Covid-19 para el país.

En su acuerdo de mil millones de dólares con Pfizer Export BV, que se firmó en marzo, a pesar de sus quejas previas, el gobierno brasileño aceptó que “se firmara una exención de responsabilidad de cualquier posible efecto secundario de la vacuna, eximiendo a Pfizer de cualquier responsabilidad civil por efectos secundarios graves derivados del uso de la vacuna, de forma indefinida”.

La indemnización por demandas de compensación es común en los contratos entre muchos países y las grandes compañías farmacéuticas desde finales de la década de 1980.

El contrato también estableció que Brasil se sometería a los tribunales secretos de Estados Unidos en caso de cualquier disputa contractual relacionada con las vacunas.

En abril, el contrato se filtró en la página web del Ministerio de Salud, un acuerdo de confidencialidad con Pfizer impide la publicación de sus contratos. Poco después lo retiraron y pasó prácticamente desapercibido fuera de Brasil hasta que un abogado y escritor francés tuiteó la información el mes pasado.

El comprador se compromete a indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Pfizer, BioNTech, (y) a cada una de sus filiales… de y contra cualquier demanda, reclamación, acción, petición, pérdidas, daños, responsabilidades, acuerdos, sanciones, multas, costos y gastos… causados por, derivados de, relacionados con, o resultantes de la vacuna”, se lee en el contrato.

Coincidiendo con la agria disputa de AstraZeneca con la Unión Europea, el gobierno brasileño se quejó previamente de la estipulación de Pfizer de que “si existe un retraso en la entrega, no hay penalización“. Sin embargo, en el contrato se acordó que, aunque Pfizer “haría esfuerzos comercialmente razonables para cumplir el plazo de entrega”, en última instancia, “bajo ninguna circunstancia estaría sujeta o sería responsable de ninguna penalización por un retraso en la entrega“.

La filtración también reveló que Brasil se comprometió a no “utilizar el nombre, el nombre comercial, las marcas de servicio, las marcas comerciales, la imagen comercial o los logotipos” de Pfizer en “comunicados de prensa, publicidad o cualquier otra publicación” sin su “consentimiento previo por escrito” en cada caso.

La Agencia de Periodismo Investigativo informó en febrero que Pfizer exigió a Brasil y a Argentina que aportaran activos soberanos como garantía de indemnización, así como la creación de un fondo de garantía con el dinero depositado en una cuenta bancaria en el extranjero. Pfizer declaró que no interfirió “en los activos diplomáticos, militares o culturalmente significativos de ningún país”.

“Todo el mundo ya conoce las cláusulas de Pfizer”, comentó en enero el entonces ministro de Salud, Eduardo Pazuello. “Supongo que no hace falta que lo repita, pero seré breve: exención total de responsabilidad por los efectos secundarios desde hoy hasta el infinito. Así de sencillo. Los tribunales brasileños renuncian a cualquier acción legal sobre la empresa. Así de simple. (Además de) activos brasileños en el extranjero disponibles como garantía y depósito a largo plazo para futuras acciones en el extranjero”.

El contrato también revela que Brasil obtuvo vacunas de Pfizer mucho más baratas que la Unión Europea, con un precio aproximado de 10 dólares por dosis, mientras que el gigante farmacéutico aumentó el número de dosis que se comprometió a suministrar.

Los activistas señalaron que Pfizer mostró un comportamiento que sugería que estaba más interesado en proteger sus ganancias que en salvaguardar a la población.

Alena Ivanova, responsable de campañas de Global Justice Now, señaló: “Pfizer está muy contento de aprovecharse de las vacunas contra el coronavirus financiadas con fondos públicos, pero no quiere asumir ningún riesgo. Es una estrategia muy conocida de las empresas farmacéuticas, que parecen interesarse más en proteger sus ganancias que en proteger a la población”.

“No podemos seguir confiando en las empresas privadas para que nos proporcionen medicamentos que salvan vidas, solo para ver cómo piden rescates a los países“.

Según lo exigido por la legislación nacional, el gobierno publicó en internet todos los contratos de adquisición de vacunas, excepto los de Johnson & Johnson y Pfizer debido a las cláusulas de confidencialidad. A Pfizer se le atribuye el mérito de haber salvado innumerables vidas con su vacuna, pero también se le ha criticado por la disparidad de su distribución después de priorizar las ventas de mayor precio en los países más ricos.

Arthur Rollo, exsecretario nacional de Consumo del Ministerio de Justicia de Brasil, señaló que era “absolutamente cuestionable mantener la confidencialidad de un contrato administrativo“.

Y añadió: “La administración pública tiene la obligación de ser transparente, más aún en tiempos en los que se sospecha malversación en la compra de vacunas. En la medida en que Janssen (filial de Johnson & Johnson) y Pfizer afirman que sus contratos están normalizados, no parece razonable exigir esta cláusula de confidencialidad porque es imposible comparar si el contrato es igual o no en otros países“.

El abogado y escritor francés Juan Branco, que publicó el contrato en Twitter, señaló que, puesto que se cree que el costo de producción de una vacuna de Pfizer es de un máximo de 2 dólares, se debería cuestionar la legitimidad de las ganancias. “No se puede realizar este debate si la población y los ciudadanos quedan marginados“, añadió.

Las ventas de la vacuna Covid-19 de Pfizer generaron 3 mil 500 millones de dólares en los tres primeros meses de este año, casi una cuarta parte de sus ingresos. Pfizer/BioNTech pretende producir 3 mil millones de dosis para finales de este año y 4 mil millones en 2022. Los analistas prevén que los ingresos de la vacuna de Pfizer/BioNTech superarán los 6,600 millones de dólares en 2023, según Reuters, en su mayoría por las dosis de refuerzo.

El mes pasado, Brasil anunció que comenzaría a administrar las dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer/BioNTech a las personas inmunodeprimidas o vulnerables, y a los mayores de 80 años. Mientras tanto, las empresas señalaron que firmaron un acuerdo con la empresa brasileña Eurofarma Laboratórios SA para fabricar su vacuna y distribuirla en América Latina.

Esto supone un cambio importante para el gobierno brasileño. El año pasado, el presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, que se mostró públicamente desdeñoso con las propuestas de Pfizer, afirmó sarcásticamente que las vacunas podrían convertir a los receptores en “lagartos” y funcionarios de su gobierno calificaron como “abusivas” las exigencias de la empresa.

El Congreso de Brasil inició una investigación sobre la respuesta del gobierno a la pandemia y la lenta distribución de vacunas. Las personas que lideran la investigación creen que la administración de Bolsonaro fue “negligente” al no comprar vacunas en 2020, mientras promovió medicamentos ineficaces como la cloroquina, y que se podrían haber salvado vidas si el gobierno hubiera actuado antes.

En una investigación del Congreso en mayo, el presidente de Pfizer para América Latina, Carlos Murillo, señaló que las cláusulas de indemnización son vigentes en más de 110 países y rechazó las afirmaciones de que la empresa actuó de forma explotadora.

“En esta pandemia, Pfizer, en una situación sin precedentes, buscó que todos colaboraran con este proceso. Por esta razón, definió las mismas condiciones para todos los países como lo hizo para Brasil”, señaló.

La vocera de Pfizer, Sharon Castillo, indicó que las cláusulas de indemnización son comunes en las emergencias de salud pública. “En el contexto de las negociaciones bilaterales, Pfizer y BioNTech no pretenden interferir con los activos diplomáticos, militares o culturalmente significativos de ningún país, y cualquier sugerencia de lo contrario es engañosa y objetivamente incorrecta”, señaló.

“Pfizer mantiene una relación de colaboración con los gobiernos con los que ha negociado contratos bilaterales”, explicó. “Como resultado, la vacuna Covid-19 de Pfizer/BioNTech ha llegado a más de 120 países y territorios en todas las regiones del mundo.

“En todos nuestros contratos, Pfizer/BioNTech aplican una estructura de precios para los países de ingresos altos, medios y bajos/medios bajos”, señaló.

“Pfizer autofinanció su vacuna Covid-19. La empresa destinó 2 mil millones de dólares incluso antes de saber si la vacuna sería exitosa porque entendimos lo que estaba en juego. Hace poco, autorizamos el gasto de 600 millones de dólares adicionales en la investigación y desarrollo de Covid-19, lo cual elevará nuestro gasto total en investigación y desarrollo en 2021 a más de 1,000 millones de dólares”.

Tomamos con mucha seriedad los efectos adversos que están potencialmente asociados a nuestra vacuna Covid-19“.

El Ministerio de Salud de Brasil comentó que se atenía a la “cláusula de confidencialidad” y que no podía hacer comentarios.

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