El Salvador es ‘responsable de la muerte de una mujer encarcelada después de un aborto espontáneo’

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que El Salvador fue responsable de la muerte de Manuela, una mujer que fue encarcelada en 2008 por matar a su bebé cuando sufrió un aborto espontáneo.

La Corte ordenó al país centroamericano que reforme sus políticas drásticas en materia de salud reproductiva.

La decisión del martes marcó la primera ocasión que una Corte internacional emite un fallo sobre las extremas leyes de aborto de El Salvador y fue celebrada por los activistas de los derechos de las mujeres, que creen podría abrir puertas para el cambio en toda la región.

Desde 1998, el aborto en El Salvador está prohibido sin excepción, incluso en casos de violación e incesto. En las dos últimas décadas, más de 180 mujeres fueron encarceladas por homicidio por haber abortado después de sufrir emergencias obstétricas, según los grupos de derechos.

Se presentó el caso de Manuela contra El Salvador después de que esta mujer de 33 años, madre de dos hijos, que vivía en el campo, murió de cáncer tras recibir un diagnóstico y un tratamiento médico inadecuados, dejando a sus dos hijos huérfanos. Estaba cumpliendo una condena de 30 años de prisión por homicidio agravado tras un aborto espontáneo.

Cuando Manuela, cuyo nombre completo nunca se ha hecho público en El Salvador, fue al hospital después de haber abortado, el personal no le proporcionó un tratamiento oportuno y, en cambio, la sometió a abusos verbales y la acusó de haber abortado, según el Centro de Derechos Reproductivos. Manuela fue esposada a la cama y se le negó el derecho a un abogado mientras la policía la interrogaba.

“No cabe duda de que Manuela sufrió una urgencia obstétrica“, declaró el histórico fallo de la Corte. “Este tipo de situaciones, al tratarse de condiciones médicas, no pueden conducir a una sanción penal”.

La Corte también dictaminó que el Estado debe pagar una indemnización a la familia de Manuela, y que debe desarrollar políticas de educación sexual integrales y garantizar la confidencialidad médico-paciente.

“La Corte Interamericana hizo justicia al reconocer que Manuela fue una víctima más de un contexto legal injusto que se origina en la prohibición absoluta del aborto”, expresó Morena Herrera, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, una de las partes del caso que apoya a la familia de Manuela.

“La historia de Manuela es triste, pero representa un cambio y se convierte en un camino para la justicia y la esperanza para todas las mujeres de América Latina y el Caribe que son penalizadas por acontecimientos obstétricos”.

La mayoría de los países de la región respetan la jurisdicción de la Corte Interamericana, lo que abre la puerta para un cambio radical, dijeron las activistas.

“Se trata de un enorme avance para los derechos reproductivos, no solo en El Salvador sino en toda América Latina”, dijo Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, otra de las partes en el caso. “Este es un estándar que podemos aplicar para las constituciones y los estados de toda la región”.
Martínez Coral añadió que, aunque se debía celebrar el fallo, la cuestión de la pobreza que repercute en el acceso a los derechos reproductivos seguía siendo un reto.

“Existen más de 180 casos de mujeres encarceladas, o que fueron encarceladas, por estos temas”, señaló Martínez Coral, quien también trabajó como litigante en el caso contra el Estado salvadoreño.

“Eso significa que nos enfrentamos a un Estado que penaliza a las mujeres y, sobre todo, penaliza a las mujeres pobres de las zonas más rurales y empobrecidas”, dijo.