‘Traumatizados y aterrorizados, sin ningún otro lugar al cual ir’: el enorme número de personas atrapadas en la frontera de EU
Durante los últimos ocho meses, Henry Ruiz y su familia han vivido en un albergue, incapaces de aventurarse más allá de unas pocas cuadras por miedo a ser detenidos por las autoridades mexicanas o por delincuentes. Foto: Nina Lakhani/The Guardian

Cuando Henry Ruiz* y Raquel Hernández subieron a un autobús con dirección al norte con sus dos hijos pequeños, sabían que no habría vuelta atrás.

Era junio de 2021, y unas semanas antes Ruiz, un agricultor de plátanos de 28 años del centro de México, fue secuestrado por un grupo de hombres armados y llevado a un rancho aislado donde estaban retenidas otras 15 personas –13 hombres y dos mujeres–.

Los agresores eran miembros de un cártel mexicano ultraviolento que luchaba para apoderarse de la industria del plátano local, y necesitaban reclutar a lugareños como informantes y sicarios con el fin de expulsar a una banda rival y a la fuerza de autodefensa de la comunidad.

Ruiz fue golpeado con tablas de madera y alambre, dejándolo con dos costillas rotas, cortes en la espalda y sin poder ver con el ojo derecho. Las fotos vistas por The Guardian confirman las lesiones.

De acuerdo con Ruiz, él y otros cinco fueron obligados a matar y enterrar al resto de los detenidos mientras los miembros de la banda filmaban los macabros actos. Se llevaron la moto, la cartera y los datos bancarios de Ruiz antes de abandonarlo sobre la carretera cerca de su casa. Unos días después vaciaron su cuenta bancaria.

La familia huyó en cuanto Ruiz estuvo lo suficientemente fuerte para viajar y llegó a Sonoyta, una pequeña ciudad fronteriza del estado de Sonora, con la esperanza de pedir asilo en Estados Unidos.

Sin embargo, la frontera estaba cerrada debido al Título 42, una orden de salud pública emitida en marzo de 2020 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) bajo la presión del gobierno de Donald Trump.

Estábamos traumatizados y aterrorizados, sin ningún otro lugar al cual ir“, dijo Ruiz, llorando mientras relataba sus experiencias.

El Título 42, que el gobierno de Biden decidió mantener en vigor, ha provocado que desde el inicio de la pandemia se les haya negado a cientos de miles de personas su derecho legal a solicitar asilo.

La orden sustituyó eficazmente al programa Quédate en México –otra polémica política disuasoria de la era Trump también conocida como Protocolos de Protección al Migrante (MPP)– y ha utilizado el pretexto del Covid-19 para autorizar más de 1.4 millones de expulsiones en la frontera en los últimos dos años.

“En general, la política de inmigración no ha cambiado con Biden, y ese es el problema”, dijo Aaron Reichlin-Melnick, asesor político de American Immigration, con sede en Washington.

Al otro lado de la frontera, un gran número de personas se encuentran varadas, incapaces de avanzar o retroceder.

Ruiz comentó: “El Título 42 nos ha impedido vivir, todos los días me despierto y nada ha cambiado. Pero la pandemia solo es una excusa, como si la gente sin papeles pudiera contagiarse de Covid-19 y las personas con papeles fueran inmunes”.

Durante los últimos ocho meses, la familia ha vivido en un albergue, sin poder aventurarse más allá de unas pocas cuadras por miedo a ser detenidos por las autoridades mexicanas o por delincuentes. Su hija, una niña brillante y tímida con una gran sonrisa que acaba de cumplir siete años, extraña la escuela y a sus abuelos; su hijo de un año hace poco aprendió a caminar. “No sé si llorar o gritar, estamos varados y no tenemos idea de cuándo terminará esto“, dijo Hernández, de 23 años, esposa de Ruiz.

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Voluntarios de Ajo Samaritans cruzan el desierto de Sonora. Foto: The Guardian

Sonoyta es una ciudad desértica poco llamativa con 20 mil habitantes, una industria de espárragos en auge y un pequeño cruce de frontera popular entre los jubilados estadounidenses y los turistas que se dirigen a la playa.

La ciudad también cuenta con cuatro albergues en los que casi 200 mexicanos y centroamericanos han permanecido varados durante meses o más, con la esperanza de que el gobierno de Joe Biden anulara el Título 42.

Sin embargo, el mes pasado, alrededor de un tercio se marchó después de que los abogados de inmigración que visitaron el centro de recursos para migrantes les comunicaron que la frontera probablemente seguiría cerrada a menos que el litigio pendiente lograra eximir a las familias del Título 42.

Se desconoce a dónde se dirigieron todos ellos, no obstante, algunos probaron suerte buscando asilo en otros cruces de frontera como Reynosa, Tamaulipas (que limita con Phar, Texas), donde el gobernador del estado le prohibió a Biden expulsar a las familias con niños menores de siete años. Otros le pagaron a coyotes o traficantes para cruzar el desierto de Sonora, lugar donde miles de personas han muerto intentando atravesar el remoto y castigador terreno.

El Título 42 no tiene ninguna relación con el Covid-19, es un vehículo estupendo para detener la inmigración“, dijo John Orlowski, de Shelters for Hope, una organización sin fines de lucro que ayudó a crear el centro de recursos que ofrece alimentos, ropa, internet y atención médica. “Para las personas que están aquí, la situación es peor con Biden: no hay avances, hay pocas excepciones y no hay actualizaciones”.

Básicamente, el Título 42 ha prohibido que la inmensa mayoría de los mexicanos y centroamericanos de Honduras, El Salvador y Guatemala –los países que históricamente representan la mayor parte de los migrantes y refugiados– puedan solicitar asilo en Estados Unidos.

Al otro lado de la frontera sur, poco más de la mitad de las personas que han llegado fueron rechazadas y expulsadas a México o enviadas a casa en vuelos chárter desde el comienzo de la pandemia, incluyendo miles de solicitantes de asilo haitianos. (Millones de estadounidenses y personas con visas entran en el país por tierra y en avión cada mes).

Sin embargo, en el suroeste de Arizona, zona en la que Trump construyó un muro fronterizo de 9 metros a lo largo del desierto de Sonora a través de tierras indígenas sagradas y parques nacionales protegidos, más del 80% de las personas han sido expulsadas sin tener la oportunidad de exponer su caso.

“El sector de Tucson presenta una de los índices más altos de expulsión a lo largo de la frontera y las exenciones no tienen ningún sentido ni razón, lo cual deja a la gente desesperada. El gobierno de Biden sigue escondiéndose detrás de los CDC, pero la evidencia sugiere que el Título 42 se ha convertido en parte de la política de disuasión, y no tiene nada que ver con la salud pública”, señaló Reichlin-Melnick.

Existe una importante estación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) entre Sonoyta y Ajo, Arizona, una antigua comunidad minera que ahora es popular entre jubilados, artistas y grupos humanitarios.

No obstante, la gente desesperada hace cosas desesperadas, y en esta zona se ha registrado el nivel más alto de muertes en el desierto.

En un día caluroso y sin nubes de la semana pasada, The Guardian acompañó a los voluntarios de Ajo Samaritans en una ardua caminata para dejar galones de agua y latas de frijoles en dos zonas remotas por las que pasa la gente actualmente.

Fue en lo más profundo del desierto –un viaje de dos horas desde Ajo, seguido de un viaje de ida y vuelta de nueve millas a pie a través del monumento nacional Organ Pipe Cactus y el refugio de vida silvestre Cabeza Prieta– con prácticamente ninguna sombra. En verano, las temperaturas regularmente superan los 38ºC.

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Los voluntarios dejan agua, frijoles, Gatorade y una manta médica en un lugar con sombra en el desierto por donde han pasado los migrantes. Foto: Nina Lakhani/The Guardian

A medida que los migrantes se ven obligados a tomar rutas más largas y difíciles para evitar la tecnología de vigilancia y las patrullas fronterizas, los grupos humanitarios se esfuerzan por mantener el ritmo y llevar el agua a los lugares adecuados.

Pero en medio del vasto e inhóspito bosque de cactus había indicios de actividad humana reciente: latas vacías de bebidas energéticas, un par de pantalones de mezclilla beige rasgados, un suéter negro y varios zapatos hechos con alfombra, pantuflas improvisadas de mezclilla para evitar dejar huellas. Los tres galones de agua que dejaron los voluntarios una semana antes –su primera gota en este lugar– habían desaparecido.

El grupo encontró dos huesos degradados en distintos lugares. Fotografiaron cada uno de ellos y los enviaron al forense del condado de Pima, etiquetaron la ubicación con GPS y marcaron el lugar con una cinta roja que tenía la fecha. Tras este acto se guardó un momento de silencio para reflexionar sobre los 3 mil 830 inmigrantes que han muerto en el desierto de Sonora, en Arizona, y los desaparecidos que aún no han sido encontrados.

El forense confirmó posteriormente que ninguno de los dos huesos era humano. No obstante, en los últimos 15 días se han encontrado dos restos humanos degradados durante las entregas de agua realizadas por estos voluntarios. En enero, se encontraron 15 cuerpos en todo el desierto, la mayoría meses después de su muerte, según Humane Borders y el condado de Pima. En 2021, se recuperaron 226 cuerpos, en su mayoría de personas fallecidas recientemente, una cifra récord.

“No se trata únicamente del Título 42 o de Quédate en México, sino de la política de prevención a través de la detención (PTD) y del continuo aumento de la militarización en la frontera desde 1994, que ha obligado a la gente a adentrarse cada vez más en el desierto. La legislación PTD está diseñada para matar a las personas, y desde su aplicación el número de muertes ha aumentado cada año”, señaló Jo, una experimentada voluntaria que pidió que no se revelara su apellido.

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Un cartel en el desierto de Sonora. Foto: Nina Lakhani/The Guardian

En su discurso del Estado de la Unión de 2022, los defensores de los derechos humanos reaccionaron con sorna a la promesa de Biden de reformar la inmigración.

“El presidente Biden no solo está continuando el legado tóxico y supremacista blanco de la era Trump, sino que increíblemente en algunos casos lo ha reforzado”, dijo Erika Andiola, del grupo de defensa Raices, en respuesta al discurso.

Tanto la Casa Blanca como los CDC recientemente relajaron las indicaciones sobre las medidas de salud pública por Covid-19 como parte de la “nueva fase” de la pandemia, sin mencionar el Título 42.

Avril Benoît, directora ejecutiva de Médicos sin Fronteras de Estados Unidos, dijo: “El gobierno de Biden promueve una política de aprender a vivir con el virus y, sin embargo, sigue aplicando el Título 42 para rechazar a las personas que buscan protección en Estados Unidos… Se trata de una doble moral escandalosa”.

Mientras la administración pedía al tribunal supremo que anulara una decisión de un tribunal inferior que impedía poner fin al programa Quédate en México, también amplió el grupo de inmigrantes que pueden ser objeto de esta política. Los CDC, que eximieron a los niños no acompañados del Título 42 poco después de que Biden asumió el cargo, señalaron que siguen revisando si la orden sigue siendo necesaria para proteger la salud pública cada 60 días.

De regreso en Sonoyta, Ruiz y Hernández no tienen dinero para pagarle a un coyote para intentar cruzar el peligroso desierto o incluso para llevarlos a otro puerto de entrada donde se les pueda permitir solicitar asilo. Incluso si pudieran pedir prestado el dinero, no existe manera de saber si se les concedería una rara exención o simplemente serían rechazados.

Ruiz comentó: “Tenía un buen trabajo, éramos felices. Pero ahora no tenemos opción, debemos esperar una oportunidad para sentarnos con alguien y explicarle lo que ocurrió y por qué nunca podemos regresar”.

*Se cambiaron los nombres por seguridad.

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