‘Está ocurriendo ahora’: cómo el aumento del nivel del mar está provocando una crisis migratoria en EU

El nivel del mar ha subido aproximadamente 22 cm desde 1880, y un tercio de ese aumento corresponde solo a los últimos 25 años. Cada año se publica una serie de informes que advierten sobre el riesgo que corren los pueblos y ciudades de las zonas costeras.

Una cosa es escuchar que se avecina una catástrofe y otra es ver cómo se desarrolla el cataclismo en tiempo real. Eso es lo que está ocurriendo en Taholah, un pueblo ubicado en la costa de Washington que actúa como la capital de la Nación India Quinault, una tribu de alrededor de 3 mil 600 miembros. En Taholah, el aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático ha llevado a la comunidad a retroceder rápidamente de la costa y, con ello, a un mayor riesgo de inundaciones: según los cálculos de los Quinault, el nivel del océano podría aumentar en 79 cm para el año 2100, haciendo que el aumento de la marea sea mayor y acercando las olas al pueblo.

En una mañana nublada de febrero, Larry Ralston, el tesorero de 62 años de la Nación Quinault, condujo su todoterreno Ford plateado a través de una red de caminos de terracería sin señalizar de Taholah, contándome cómo lucía este lugar en el pasado, antes de que el cambio climático cambiara permanentemente el paisaje.

Estacionándose en una pared de roca con vista al Pacífico, señaló con la cabeza un peñasco cubierto de musgo que sobresalía del agua. De pequeño, en los años 60, comentó Ralston, podía caminar hasta el peñasco. ¿Y ahora? Calcula que el agua tiene nueve metros de profundidad. En aquel entonces, el océano no parecía una amenaza, al menos no una amenaza existencial. Pero ya no es así: alrededor de 660 residentes de Taholah que bordean el océano ahora se encuentran viviendo en una zona de inundaciones cada vez más peligrosa. La única solución es que todos -y todo- en el pueblo se desplacen cuesta arriba

“Podemos ver directamente lo que está ocurriendo”, me dijo Ralston. “No se puede negar”.

Taholah es una muestra de lo que se avecina para las comunidades costeras de todo el país.

En la actualidad, aproximadamente 15 millones de hogares estadounidenses corren el riesgo de sufrir inundaciones, y la amenaza no hará más que empeorar. Un informe publicado en febrero por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) preveía que el nivel del mar a lo largo de la costa de Estados Unidos subiría entre 25 y 30 centímetros en promedio en los próximos 30 años, un aumento que haría que las inundaciones perjudiciales ocurrieran 10 veces más frecuentemente que en la actualidad.

“Es importante que estas comunidades comprendan que el aumento del nivel del mar está ocurriendo actualmente”, dijo William Sweet, oceanógrafo del Servicio Nacional de Oceanografía de la NOAA y principal científico del país que estudia el aumento del nivel del mar. “Sus efectos están ocurriendo ahora, y esos efectos se agravarán en los próximos 30 años. Las inundaciones de poca importancia serán sustituidas por inundaciones más perjudiciales para las economías y las infraestructuras”.

Ese futuro podría desencadenar fácilmente una migración masiva de personas lejos de la costa y de las zonas de inundación. Una investigación publicada en 2020 en la revista PLOS One calculó que el aumento del nivel del mar podría provocar que más de 13 millones de estadounidenses se reubicaran tierra adentro en 2100, un resultado con enormes consecuencias económicas, sociales y políticas.

Sin embargo, incluso con la avalancha de advertencias, no existe un salvavidas centralizado disponible para las comunidades costeras. Existe una serie de programas federales destinados a prestar ayuda a este tipo de zonas a través de organismos gubernamentales como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), no obstante, estos fondos distan de ser suficientes para afrontar un problema de esta magnitud. Algunos gobiernos locales han decidido ofrecer -y en algunos casos obligar- la adquisición de viviendas a los propietarios residentes en zonas vulnerables, que terminan dispersándose. Otros prefieren mantener el vecindario intacto, en el caso de Taholah, trasladando todo el pueblo.

En 2017, el Consejo Tribal de Quinault adoptó el Plan Maestro de Reubicación de la Aldea de Taholah, que trasladaría el enclave inferior de la aldea aproximadamente media milla cuesta arriba para 2030, donde un nuevo desarrollo de 200 acres ofrecería un terreno libre de inundaciones para más de 300 unidades de vivienda, una estación de policía, un juzgado, una escuela de educación K-12 (de 4 a 16 años) y un museo, entre otros edificios. La iniciativa convierte a Quinault en una de las primeras comunidades de Estados Unidos -junto con otras comunidades de Luisiana y Alaska, entre otras- en elegir voluntariamente una estrategia de retirada gestionada para alejarse de las inminentes amenazas climáticas.

Hasta la fecha, el consejo ha podido construir un nuevo complejo administrativo, un edificio denominado “generations” para albergar los programas Head Start y de personas mayores, y aproximadamente 150 viviendas, construcción que corresponde a una combinación de subvenciones del

Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dinero de HUD y fondos propios de la tribu.
Para pagar el resto, Ralston calcula que necesitarán 200 millones de dólares adicionales, una suma abrumadora, sobre todo si se considera que el proyecto de ley bipartidista de infraestructuras que promulgó el presidente estadounidense, Joe Biden, el año pasado proporcionaba solo 130 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de reubicación de las 574 tribus reconocidas a nivel federal en todo el país.

De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, hay aproximadamente 5.7 millones de indígenas americanos y nativos de Alaska en los Estados Unidos, de los cuales muchos se encuentran en el frente del cambio climático. Un estudio de varios años publicado el año pasado en la revista Science reveló que las naciones indígenas de Estados Unidos no solo perdieron el 99% de sus tierras históricas, sino que lo relativamente poco que se les asignó al final suele estar más expuesto a los peligros del cambio climático en comparación con sus tierras históricas.

La Nación Quinault se asentó de forma permanente en su reserva de 189 mil 621 acres -la mayor parte de ellos son bosques de coníferas e inadecuados para la agricultura- en el siglo XIX, tras una larga y en ocasiones conflictiva negociación con el gobierno de Washington y la Oficina de Asuntos Indígenas.

Aunque la tierra asignada distaba mucho de lo que se perdió, el océano proporcionaba una nevera natural para el salmón rojo (conocido como “blueback” entre los quinault), un pez único que es fundamental para la identidad quinault, y que se ve amenazado en parte por la acidificación del océano y el calentamiento de las aguas.

“Existe una paridad entre el pueblo Quinault y el blueback”, comentó Ralston mientras su todoterreno pasaba por delante de una gran ilustración del salmón pegada a un poste de luz. “Intentamos salvar nuestro blueback, para poder salvarnos a nosotros mismos”.
‘Quería esta comunidad’

Dos semanas después y a 3 mil 862 kilómetros de distancia de Taholah, me encontraba en la zona residencial de Allen Field, en Houston, Texas, conversando con Dolores Mendoza, de 35 años y madre de tres hijos. Está intentando averiguar cómo puede convencer a los habitantes del vecindario -de los cuales muchos son parientes- de que el esfuerzo del condado para desalojarlos de sus hogares no debe ser ignorado.

Taholah y el condado de Harris son un ejemplo de contrastes: el primero, un programa con poco dinero que, en caso de tener éxito, mantendría un vecindario intacto; y el segundo, un esfuerzo complicado pero mejor financiado que, en última instancia, alejará a las personas de las zonas de alto riesgo, pero destrozará una comunidad.

Conocí a Mendoza, que trabaja como gerente de crédito y cobranza en una agencia de inspección, en una fría tarde en su antigua casa, de tres habitaciones, situada a pocos metros de la cuenca de Greens Bayou. El condado de Harris compró la casa en diciembre por un total de 300 mil dólares (70 mil dólares por la casa y 230 mil dólares por el traslado). La venta supuso un golpe para ella, ya que pagó 62 mil dólares para comprar la casa de mil 200 pies cuadrados en 2010. Desde entonces, se mudó a Kingwood, un vecindario más rico, ubicado a unos 24 kilómetros de distancia.

Eso no quiere decir que Mendoza tuviera ganas de irse. Ella creció en Allen Field y, según sus cuentas, todavía tiene familia que vive en 13 casas diferentes cercanas. “Quería esta comunidad”, comentó. “No es bonita a la vista, pero mi familia está aquí”. Solo es cuestión de tiempo para que eso deje de ser así.

Mientras caminábamos por la casa de color beige, que fue saqueada y vandalizada en los dos meses posteriores a su venta, Mendoza recordó el aspecto que tenía el lugar cuando ella y sus tres hijos vivían ahí. “Este era mío”, dijo, señalando un cuarto que estaba vacío excepto por los pedazos de vidrio esparcidos por el piso. “Aquí tenía mi cama. Mi tocador de maquillaje aquí. Mi televisión aquí”.

El condado de Harris es una región en expansión de 4.7 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente la mitad vive en Houston. Al igual que Taholah, se encuentra en la mira del cambio climático. Los huracanes son cada vez más frecuentes en la zona y traen consigo suficiente agua de lluvia como para inundar los sistemas de pantanos del estado. El huracán Harvey, que azotó Houston en 2017 y cobró la vida de al menos 88 personas en Texas, fue la tercera “inundación de 500 años” en los últimos tres años. Peor aún, la costa de Texas se ha hundido aproximadamente 60 centímetros en el último siglo, en parte debido al excesivo bombeo de agua subterránea, lo cual hace que el estado sea más vulnerable a las inundaciones.

Sin embargo, el condado de Harris también tiene otra distinción: es el líder nacional en la compra de viviendas con financiamiento federal, responsable de alrededor de 2 mil 500 adquisiciones, además de las mil viviendas compradas por el distrito de control de inundaciones del condado de Harris con fondos locales. Desde la década de 1980, la FEMA ha financiado más de 43 mil adquisiciones de viviendas en Estados Unidos. Esta cifra es muy inferior a los 3.63 millones de personas del país que probablemente se verán afectadas por las inundaciones cada año.

Hasta hace pocos años, las adquisiciones en el condado de Harris eran voluntarias y favorecían a los beneficiarios blancos y adinerados, reflejando una tendencia nacional. En 2020, todavía con las secuelas del huracán Harvey, el condado consiguió fondos a través de la FEMA y las agencias estatales para introducir un nuevo programa de adquisición obligatoria para aproximadamente 400 propiedades, en su mayoría residenciales, distribuidas en ocho áreas.

Se calcula que el programa obligatorio afectará a cerca de 2 mil personas, aproximadamente el 13% de la población local. En Allen Field, muchas de las casas que entran en los lineamientos de adquisición obligatoria se encuentran en la calle Darjean, donde todavía vive la familia de Mendoza.

Los propietarios de viviendas elegibles en Allen Field -el 86% de ellos no son blancos, según los datos del censo- comentan que el proceso de adquisición ha sido confuso e ineficiente.

Algunos residentes se sintieron desconcertados cuando recibieron por primera vez un correo lleno de terminología legal en el que se les explicaba que tendrían que venderle su casa al gobierno. Muchos habitantes de la zona no dominan el inglés, lo cual hizo que los folletos fueran todavía más confusos.

“Hay muchos trámites burocráticos que dificultan mucho que las familias sepan cómo manejar el proceso”, dijo Shirley Ronquillo, una activista de la comunidad local que ha ayudado a los residentes a orientarse en los programas de adquisición.

Para muchos tampoco está claro cómo serán sus vidas cuando se muden a un nuevo vecindario, que podría estar a muchos kilómetros de distancia. Según un estudio de 2019 publicado en la revista Social Problems, las adquisiciones causan una erosión más importante en el tejido social de las comunidades que tienen viviendas de menor valor y de los residentes afroamericanos y morenos, en gran parte porque se ven obligados a mudarse más lejos para encontrar una vivienda asequible. (El vocero del departamento de servicios comunitarios señaló que el programa le asigna a toda persona que esté en el programa de adquisición un especialista en reubicación para “proporcionar remisiones a recursos y organizaciones de la comunidad para brindar mayor asistencia a los residentes”).

También existe el problema de la prolongación. “El condado de Harris sigue tardando más de dos años en concluir la compra de una propiedad promedio“, explicó Rob Moore, analista principal de políticas del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, un grupo de defensa del medio ambiente. Algunas personas, cansadas de esperar al gobierno, venden sus casas a especuladores explotadores, con frecuencia por un precio muy inferior al que obtendrían en un programa de adquisición.

‘¿Por qué les piden que se vayan?’

Aunque Taholah es un proyecto mejor organizado, también es, paradójicamente, uno menos financiado.
“Lamentablemente, los limitados recursos federales disponibles son incluso menos accesibles para las comunidades tribales”, dijo el representante de Washington Derek Kilmer, que trabajó para conseguir 500 mil dólares para los esfuerzos de reubicación de los Quinaults en el año fiscal 2022. Kilmer también patrocinó la Tribal Coastal Resiliency Act (Ley de Resiliencia Costera Tribal), que proporcionaría más apoyo a las comunidades indígenas en cuestiones costeras.

Cualquier fondo adicional probablemente procedería de los departamentos de vivienda, comercio o interior, o de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, todos ellos en proceso de crear o renovar programas de reubicación. Sin embargo, conseguir dinero para una comunidad tan pequeña como Taholah, donde los ingresos familiares promedio son de aproximadamente 32 mil dólares, puede suponer un reto. “FEMA nos ha dicho repetidamente que estos fondos competitivos están basados en cifras, no en la necesidad”, señaló Ralston, el tesorero de Quinault. “El huracán Katrina afectó a un cuarto de millón de personas. El huracán Taholah solo afecta a 850 personas. Entonces, ¿dónde vas a poner tu dinero?”.

La Nación Quinault solicitó dos subvenciones adicionales a través de FEMA en 2020, por un total de alrededor de 126 millones de dólares. Un vocero de FEMA escribió en un correo electrónico que ambas solicitudes fueron seleccionadas para su revisión. “Anticipamos que pronto se otorgará la subvención de planificación”.

La parte baja del pueblo de Taholah está formada por hileras de casas -muchas de ellas modestas y deterioradas- junto a un gimnasio, un mayorista de mariscos, un centro comunitario, una gasolinería y algunos otros negocios. Muchas casas tienen embarcaciones esparcidas sin contemplaciones en sus patios. Hay un rompeolas de tres metros que separa la ciudad del Pacífico, aunque se ha roto en varias ocasiones en los últimos años, a pesar de las repetidas mejoras realizadas por el cuerpo de ingenieros del ejército. “Solíamos tener inundaciones en la parte baja del pueblo cada tres o cinco años”, dijo Ralston. Ahora es cada año”.

Ralston me explicó sus planes para conmemorar el lugar que dejarán atrás. Imagina un parque, bien cuidado y accesible al público, con árboles frutales y bancas de picnic. “Solo para conmemorar a las familias que solían vivir aquí”, dijo antes de dejar escapar un discreto suspiro. “Obviamente, puede que eso no ocurra durante un tiempo. Solo es una idea”.

En Allen Field, Mendoza comenta que el recuerdo que dejó Harvey -y la falta de apoyo gubernamental tras el huracán- dejó un mal sabor de boca. Harvey afectó más a las zonas de bajos ingresos y no blancas como la de Mendoza, gracias a las infraestructuras deterioradas y a las insuficientes medidas de control de inundaciones.

Ronquillo, la activista de la comunidad, ofreció una crítica más mordaz: “Hay una entidad gubernamental que viene y dice: ‘tienen que irse’. ¿Por qué les están pidiendo que se vayan? Porque hubo años de negligencia, de falta de apoyo en nuestras comunidades de color”, señaló.
“Harvey fue aterrador”, comentó Mendoza. “Estuve aquí sola con mis hijos. Ni siquiera sabía cómo íbamos a salir”. La ayuda nunca llegó por parte del gobierno; fue su cuñado, a bordo de una lancha eléctrica, quien rescató a Mendoza y a sus hijos.

Mendoza esperó un año y medio hasta que el condado pudo cumplir su oferta. Comentó que el condado le dijo que no gastara dinero en reparaciones, ya que de cualquier forma se iba a deshacer del bien. “No quieren que reparemos nuestras casas, por lo que tenemos techos con goteras, tuberías rotas y problemas de electricidad”. (El vocero del departamento de servicios comunitarios indicó que el condado “alienta al propietario a realizar las reparaciones en los casos en los que al no hacerlas se pone en peligro la salud y la seguridad de la persona”).

Después de dejar su casa, Mendoza y yo caminamos unos minutos por la orilla de Greens Bayou, donde ella reflexionó sobre su nueva vida. La nueva casa es estupenda, comenta. Al igual que la escuela de los niños. Pero todavía se siente como una extraña. “He visto a mi abuela dos veces desde que me mudé”, dice. “Normalmente la veía todos los días, cuando revisaba el correo cuando iba a recoger a los niños a la escuela. Ahora no tenemos esa comunidad. No conozco a mis vecinos”.

En ese momento, un par de adolescentes pasaron corriendo junto a nosotros, cada uno sosteniendo un enorme malteada de helado. Mendoza conoce bien a los chicos; son muy cercanos a su familia. “Hace frío”, les dijo con una risa. “Deberían traer sus chamarras puestas”.