Una legisladora de Luisiana impulsa proyectos de ley que benefician a la industria del petróleo, el gas y a su esposo
Sharon Hewitt, exejecutiva de Shell, presentó, copatrocinó y votó a favor de leyes que beneficiarían a la empresa petrolera para la que trabaja su esposo o a sus inversiones en combustibles fósiles. Foto: Melinda Deslatte/AP

Más de 300 personas fueron evacuadas de sus hogares y 49 fueron hospitalizadas cuando un oleoducto de dióxido de carbono gestionado por una empresa de petróleo y gas se rompió en una comunidad rural del estado de Misisipi. Las personas fueron descritas como vagando “como zombis” tras el incidente ocurrido en febrero de 2020.

Menos de una semana después, Sharon Hewitt, una senadora del estado de Luisiana que ha considerado postularse como candidata a gobernadora, presentó un proyecto de ley redactado por el operador de ese oleoducto, Denbury Resources, ante la legislatura de su propio estado.

La ley, aprobada en 2020, podría dificultar que los propietarios de tierras de Luisiana impugnen los oleoductos de CO2, que son utilizados para transportar la contaminación de carbono capturada de los proyectos de combustibles fósiles. El proyecto de ley fue presentado y convertido en ley el mismo año en que el esposo de Hewitt, Stan, ganó hasta 4 mil 999 dólares en regalías de Denbury, según indica la declaración de su situación financiera de Hewitt de 2020.

Ha habido otros casos en los que Sharon Hewitt, que anteriormente trabajó en la empresa Shell, ha promovido leyes que beneficiarían a la empresa de su esposo, según consta en los registros públicos compartidos con Floodlight.

Stan Hewitt ha trabajado como ingeniero durante casi una década en LLOG Exploration. Esta empresa se encuentra entre las más de 200 empresas petroleras y de gas que se han visto envueltas en demandas presentadas por siete distritos, incluido el de Nueva Orleans, por los daños causados a los pantanos de Luisiana, que protegen a las comunidades costeras de las tormentas y almacenan carbono, el principal gas de efecto invernadero que provoca el cambio climático.

Hewitt patrocinó dos proyectos de ley y una resolución cuyo objetivo es anular las demandas presentadas por las comunidades costeras contra las empresas petroleras y de gas, entre ellas LLOG. En los últimos tres años, ha presentado, copatrocinado y votado en al menos otros cuatro proyectos de ley que beneficiarían a la empresa petrolera para la que trabaja su esposo o a sus inversiones en combustibles fósiles.

Sharon Hewitt, su esposo, Stan, y Denbury Resources, que ahora se llama Denbury Inc, no respondieron a las múltiples solicitudes que se les hizo para obtener sus comentarios.

“Es tan desvergonzadamente personal”, dijo Itai Vardi, investigador del Energy and Policy Institute (EPI), un grupo de control que se centra en revelar la influencia de las empresas de combustibles fósiles. “Parece que ella solo está intentando esquivar estas demandas que tienen como objetivo los resultados de su esposo y de otras empresas. Se encuentra un nivel por encima del legislador estándar de Luisiana, que podría poseer acciones de Exxon”.

Existe un largo historial en el capitolio del estado de Luisiana de legisladores que aprueban leyes que benefician sus respectivas industrias, sin embargo, los expertos en políticas públicas señalan el historial de Hewitt como evidencia de la enorme influencia de la industria del petróleo y el gas en la legislatura, a pesar de su papel cada vez menor en la economía del estado. Luisiana experimenta tormentas más intensas, inundaciones en las zonas costeras y tornados que se producen durante la noche a causa del cambio climático, y los legisladores como Hewitt se empeñan en proteger a la industria.

Cuando presentó el proyecto de ley redactado por Denbury, el proyecto de ley 353 del Senado, Hewitt describió la medida en una audiencia del comité legislativo de mayo de 2020 como un “gran ejemplo de colaboración entre el departamento y la industria”.

Los documentos públicos compartidos con Floodlight de parte de EPI muestran que Hewitt trabajó en estrecha colaboración con la industria del petróleo y el gas en múltiples instancias, incluyendo la redacción de la legislación, la redacción de testimonios que la apoyan y la resolución de problemas legales.

Hewitt fue elegida para formar parte del senado del estado de Luisiana en 2015, después de trabajar durante casi 20 años como ingeniera mecánica y ejecutiva de petróleo y gas para la empresa Shell. En 2018, Hewitt fue nombrada Legisladora Nacional del Año por el American Legislative Exchange Council (Consejo Estadounidense de Intercambio Legislativo), un grupo conservador apoyado por las corporaciones y conocido por impulsar una “legislación modelo” –que abarca todo tipo de asuntos, desde los derechos de armas y la inmigración hasta la regulación de la industria energética– en las legislaturas estatales.

Los críticos señalan que sus vínculos financieros y sus acciones legislativas son un ejemplo de cómo los legisladores de Luisiana se hallan profundamente interrelacionados con la industria del petróleo y el gas y evitan la responsabilidad de las empresas, lo cual, a su vez, hace que el estado sea más vulnerable a las tormentas e inundaciones provocadas por el cambio climático.

“Existe un punto en el que trasciende el conflicto de intereses para llegar a la abdicación del deber”, comentó Carroll Muffett, presidente del Center for International Environmental Law (CIEL), una organización sin fines de lucro enfocada en el fortalecimiento de las leyes para proteger el medio ambiente y la salud humana.

Un perfil de Sharon Hewitt publicado en su página web indica que “defiende sistemáticamente un gobierno más pequeño, menos impuestos, menos demandas frívolas y mejores empleos”.
Captura de carbono

El proyecto de ley original de Hewitt, que modificaba los reglamentos sobre la captura de carbono, habría limitado la responsabilidad de las empresas a 10 años después de la finalización de sus proyectos de captura de carbono, no obstante, esa parte de la propuesta fue rechazada. El texto que se convirtió en ley podría reducir el grado de influencia de los terratenientes en los proyectos de captura de dióxido de carbono.

La captura de carbono se ha convertido en la solución climática preferida por las empresas de combustibles fósiles, muchas de ellas han presionado a favor de esta tecnología en la legislatura estatal y en su grupo de trabajo sobre el cambio climático. En Luisiana se han anunciado al menos nueve proyectos que implicarían la construcción de tecnología de captura de carbono en instalaciones nuevas o existentes.

La tecnología hace posible que las empresas de combustibles fósiles eviten reducir de forma estricta sus emisiones y exigirá la construcción de miles de kilómetros de oleoductos en todo el país. Aquellos involucrados en la tecnología se encuentran en una posición privilegiada en cuanto a la inversión por parte del gobierno federal. El proyecto de ley bipartidista sobre infraestructuras del presidente Joe Biden, aprobado en 2021, asigna más de 12 mil millones de dólares para proyectos de captura y utilización de carbono.

Estos proyectos tienen como objetivo extraer el carbono de la atmósfera o capturar las emisiones que atrapan el calor en la fuente de contaminación. Después, el carbono es condensado en un líquido superfrío, transportado por oleoductos y almacenado bajo tierra. En la mayoría de los casos es utilizado para forzar la extracción de más petróleo del subsuelo –que es denominado como recuperación mejorada de petróleo–, lo cual da lugar a un aumento de la producción de petróleo y a la continuación del ciclo de emisiones contaminantes.

La legislación de Hewitt de 2020 básicamente sacó a los terratenientes que se encontraban en el camino de los oleoductos de captura de carbono de la lista de partes interesadas que debían ser tomadas en cuenta. De acuerdo con una colección de correos electrónicos internos compartidos con Floodlight, un miembro del personal del departamento de recursos naturales de Luisiana se refirió al proyecto de ley públicamente como “el proyecto de ley de CCS de Denbury”.

“No resulta sorprendente que un importante operador de oleoductos de CO2 excluyera los oleoductos de los procesos de dominio eminente”, dijo Carroll Muffett, de CIEL. “Lo que resulta lamentable es que cualquier persona investida de la confianza pública les permita salirse con la suya, sobre todo porque Denbury fue el operador de oleoductos responsable de la rotura del oleoducto en Misisipi”.

La rotura del oleoducto que se produjo en el condado de Yazoo, Mississippi, envió a 49 residentes al hospital, muchos de ellos desorientados y con dificultades para respirar. El gas desplazó el oxígeno del aire, paralizó los vehículos de las personas –que necesitan oxígeno para funcionar– e hizo que los residentes sacaran espuma por la boca.

Los grupos ecologistas y comunitarios advierten que la tecnología de captura de carbono no ha demostrado ser eficaz, no soluciona otras formas de contaminación atmosférica nociva y aparta las subvenciones de las energías renovables alternativas. El informe más reciente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas reconoce que se necesita tecnología para extraer el carbono del aire o para capturarlo de las plantas, pero hace hincapié en que la mayor necesidad es dejar de producir y de utilizar los combustibles fósiles, y que los grupos de presión de la industria han estancado ese progreso.