Los republicanos de Luisiana presentan un proyecto de ley para convertir el aborto en un delito de asesinato

Los republicanos del estado de Luisiana presentaron un proyecto de ley para convertir el aborto en un delito de asesinato, mientras el borrador de la sentencia que acabaría con el derecho al aborto sigue provocando protestas a nivel nacional y la policía de Washington levantó vallas “no escalables” alrededor de la Corte Suprema.

Los partidarios admitieron que el proyecto de ley, según el cual una mujer que interrumpe un embarazo o cualquier persona que la ayude podría ser acusada, era inconstitucional, siempre y cuando el caso Roe vs. Wade fuera legal.

Se espera que la Corte Suprema anule formalmente en junio el caso Roe vs. Wade, de 1973, que estableció el derecho al aborto.

Danny McCormick, el representante estatal impulsor del proyecto de ley de Luisiana, comentó: “No podemos esperar a la Corte Suprema”.

Desde que el borrador de la sentencia que según parece anulará el caso Roe fue publicado por Politico en la noche del lunes, los demócratas han alertado sobre una probable avalancha de desafíos para los derechos establecidos.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, alertó sobre las amenazas contra los derechos basados en la intimidad, como el derecho a la anticoncepción (Griswold vs. Connecticut, 1965) y contra el matrimonio entre personas del mismo sexo (Obergefell vs. Hodges, 2015). El presidente también planteó la posibilidad de ataques contra la enseñanza de los niños de la comunidad LGTBQ+.

El miércoles, Biden comentó que los republicanos que impulsaban estos casos constituían “la organización política más extrema… de la historia reciente de Estados Unidos”.

Ese mismo día, en Texas, el gobernador republicano planteó la posibilidad de impugnar una sentencia de 1982 que establecía que los estados debían proporcionar educación gratuita a todos los niños, incluidos los hijos de inmigrantes indocumentados.

“Creo que resucitaremos ese caso y volveremos a impugnar esta cuestión”, dijo Greg Abbott.
Abbott es una figura destacada dentro de la extrema derecha de ese partido republicano, con rumores de ambiciones presidenciales.

La migración irregular es un tema clave en su lucha por la reelección contra Beto O’Rourke, un excongresista, y una parte central del enfoque del partido republicano nacional para las elecciones de medio mandato en las que se ven favorecidos para recuperar el Congreso.

Abbott habló con el presentador de radio conservador Joe Pagliarulo.

Pagliarulo comentó: “Estamos hablando de que el dinero de los impuestos públicos, de los impuestos sobre la propiedad pública, va a financiar estas escuelas para impartir educación a niños de cinco, seis, siete, diez años, que ni siquiera tienen conocimientos básicos de inglés. Esto representa una verdadera carga para las comunidades. ¿Qué se puede hacer al respecto?”

Abbott respondió: “Los retos impuestos a nuestros sistemas públicos son extraordinarios. Texas ya demandó desde hace tiempo al gobierno federal por tener que asumir los costos del programa de educación, en un caso llamado Plyler vs. Doe.

“Y la Corte Suprema falló en nuestra contra sobre la cuestión de negar, o digamos que Texas tiene que soportar esa carga. Creo que resucitaremos ese caso e impugnaremos esta cuestión nuevamente, porque los gastos son extraordinarios y los tiempos son diferentes a cuando se pronunció el fallo Plyler vs. Doe hace muchas décadas”.

La mayor preocupación progresista se ha centrado en las sentencias que protegen el derecho a la intimidad, entre ellas Lawrence vs. Texas (2003), que estableció que era inconstitucional tipificar como delito las relaciones sexuales entre homosexuales.

Charles Kaiser, un destacado historiador de la vida homosexual en Estados Unidos, señaló que el borrador de la sentencia sobre el caso Roe “ignora de forma tan despreocupada los precedentes del pasado que podría sugerir su disposición a anular decisiones anteriores de la Corte que consagran ciertos derechos fundamentales para las personas LGBTQ+”.

“Un extracto en particular encendió las alarmas de los activistas que piensan que su razonamiento podría poner en peligro las decisiones de la Corte que legalizan la sodomía y el derecho de los miembros del mismo sexo a contraer matrimonio”.

El juez conservador Samuel Alito, explicó Kaiser, “citó esas decisiones y las denigró diciendo que utilizaban criterios ‘que en un nivel superior de generalidad podrían autorizar los derechos fundamentales para los derechos al consumo de drogas ilícitas, la prostitución y similares'”.

Hablando con el servicio Bloomberg Law, Cynthia Soohoo, codirectora de la Human Rights and Gender Justice Clinic de la City University de Nueva York, comentó: “Los mismos argumentos que el juez Alito expone contra el reconocimiento de la protección constitucional del aborto pueden ser formulados sobre… el derecho de acceso a la anticoncepción”.

Katherine Franke, directora del Center for Gender and Sexuality Law de la Universidad de Columbia, comentó al mismo sitio: “Una vez que tiras los pilares debajo del caso Roe, no queda nada en que basar esas otras decisiones”.

“No existe ningún fundamento constitucional para la decisión de Lawrence que dice que la penalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo es inconstitucional, ni para la decisión de Obergefell que dice que las parejas del mismo sexo tienen un derecho constitucional a contraer matrimonio”.

En la extrema derecha, Peter Brimelow, el fundador del sitio web indigenista VDare, al que el periódico New York Times vinculó con el presentador de Fox News Tucker Carlson, supuestamente celebró la noticia del borrador de la sentencia sobre el caso Roe escribiendo: “¡Siguiente parada Brown vs Board!”.
Esto fue una referencia a Brown vs. Board of Education, el caso de 1954 que puso fin a la segregación racial en las escuelas públicas.