La resolución de Austin pretende ‘despenalizar’ el aborto si se anula el caso Roe vs Wade
Manifestantes marchan cerca de la Corte Suprema para exigir el fin de la violencia por armas de fuego y pedir la protección del derecho al aborto. Foto: Tasos Katopodis/Getty Images

Un grupo de concejales de Austin, Texas, prepara una resolución para “despenalizar” el aborto en esta ciudad en la eventualidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos anule el caso Roe vs. Wade, un caso emblemático resuelto hace casi cinco décadas que protege el derecho federal a interrumpir un embarazo.

Una filtración sin precedentes del borrador de la decisión de la Corte Suprema reveló que la mayoría conservadora de los nueve jueces está dispuesta a anular por completo el caso Roe vs. Wade. Si eso ocurriera, sería seguro o probable que 26 estados prohibieran el aborto, entre ellos Texas. El estado tiene una prohibición de “activación” que prohibiría casi de forma inmediata el aborto.

Se espera que la Corte Suprema tome una decisión final en junio.

“La resolución hace dos cosas: una, (esta) impide que los fondos municipales sean utilizados básicamente para investigar cualquier tipo de presuntos delitos relacionados con el aborto“, señaló José “Chito” Vela, concejal de Austin. “La otra cosa que hace es que la investigación de cualquier crimen relacionado con el aborto sea la menor prioridad para nuestro departamento de policía”.

La resolución pretende proteger a las pacientes y a los profesionales médicos de la persecución penal y también aconsejaría a la policía de Austin que no colabore con otras fuerzas del orden, como la policía estatal, en este tipo de investigaciones.

Texas ya ha demostrado ser un pionero legal en la restricción del aborto. El estado prohibió el aborto después de las seis semanas de gestación, es decir, antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas, mediante una novedosa ley que permite que los ciudadanos demanden a cualquier persona, en cualquier lugar, que “ayude o incite” a una mujer a interrumpir un embarazo.

“Necesitamos que se centren en la actividad delictiva históricamente clásica, no en los grupos políticamente desfavorecidos que las facciones del gobierno desean acosar y castigar”, señaló Vela. “Ese es el verdadero objetivo de lo que intentamos hacer”.

Los grupos antiaborto dominantes han argumentado durante mucho tiempo que se oponen a la persecución de las mujeres y las califican como víctimas de los proveedores de abortos. Del mismo modo, en Texas, la prohibición de activación convertiría la práctica de un aborto en un delito de primer grado castigado con hasta 99 años de prisión, un artículo que probablemente tendrá un impacto en los proveedores de servicios médicos.

No obstante, una franca minoría de “abolicionistas” del aborto, palabra tomada de los activistas en contra de la esclavitud, también ha presionado recientemente a los legisladores para que clasifiquen el aborto como asesinato.

En mayo, los legisladores de Luisiana analizaron un proyecto de ley para acusar de homicidio a las mujeres que abortan. “Todos sabemos que en realidad es muy sencillo, el aborto es un asesinato”, dijo a sus colegas uno de los partidarios del proyecto de ley, el representante estatal Danny McCormick, según informó la cadena CBS News. El proyecto de ley fue retirado tras fracasar por 65-26 votos.

Aunque muchos grupos antiaborto afirman que se oponen a la persecución de las mujeres, las restricciones y la retórica antiaborto han conducido a que, desde 1973, más de mil 600 mujeres hayan sido “arrestadas, procesadas, condenadas, detenidas o forzadas a someterse a intervenciones médicas que no se habrían llevado a cabo de no haber sido por su condición de personas embarazadas”, indicó la organización National Advocates for Pregnant Women en un reciente informe presentado ante la Corte Suprema.

Al menos un ejemplo reciente y destacado de Texas, Lizelle Herrera, de 26 años, fue acusada de asesinato por “aborto autoinducido“, un estatuto penal que al parecer no existe. Los cargos fueron retirados después de las protestas públicas. El fiscal se disculpó.

La Guarding the Right to Abortion Care for Everyone (Ley de Protección del Derecho a la Atención Médica al Aborto para Todos) o Ley “Grace” de Austin todavía es un borrador, y no se prevé que el texto sea publicado de forma inmediata. Vela comentó que el consejo probablemente considerará la ley después de que la Corte Suprema dé a conocer su decisión final sobre el muy esperado caso del aborto.

Se trata de un caso de Mississippi, formalmente llamado Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization (Organización de Salud de la Mujer de Jackson), en el que el estado sureño sostiene que el tribunal debería utilizar el caso para anular el caso Roe vs. Wade.

“Independientemente de lo que uno piense sobre el aborto, la persecución penal de las mujeres que abortan es algo absolutamente inaceptable y un abuso del sistema de justicia penal”, señaló Vela.

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