Víctimas exigen llevar a tribunales a la industria de las armas de fuego

Con cada matanza de inocentes, la industria de las armas ofrece su solidaridad, argumenta que incluso un mayor número de armas hará que Estados Unidos sea más seguro, y agradece una ley de dos décadas que protege a los fabricantes de armas de fuego de las acciones legales interpuestas por las víctimas.

Mike Fifer, director ejecutivo de uno de los principales fabricantes de armas cortas de Estados Unidos, Sturm Ruger, describió en una ocasión la Ley de protección del comercio legal en armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) de 2005 como la que salvó a la industria de las armas de fuego porque detuvo en seco una serie de demandas relacionadas con la mercadotecnia y la venta imprudentes de armas.

Sin embargo, ahora las víctimas de los delitos cometidos con armas de fuego siguen un camino alternativo forjado por las acciones legales interpuestas contra los fabricantes de cigarros, los fabricantes de opioides de venta con receta y las grandes empresas petroleras, en un intento de eludir la PLCAA –y la falta de voluntad política para actuar en materia de control de armas– para responsabilizar a la industria de las armas de fuego de las sangrientas consecuencias de sus productos.

El martes, Ilene Steur, quien resultó gravemente herida cuando un hombre efectuó 33 disparos en el metro de Nueva York en abril, hiriendo a 10 personas, presentó una demanda en la que acusa al fabricante de la pistola semiautomática utilizada en el ataque, Glock, de infringir las leyes de “alteración del orden público”.

La demanda de Steur sostiene que Glock puso en peligro la salud y la seguridad públicas, infringiendo la ley del estado de Nueva York, al realizar una campaña de mercadotecnia irresponsable en la que se promocionaba la “alta capacidad y la facilidad para ocultar” su arma, con el fin de “atraer a posibles compradores con intenciones delictivas”.

También acusa a Glock de ofrecer importantes descuentos a los departamentos de policía estadounidenses en la compra de armas para “dar credibilidad al arma” en el mercado civil que es más amplio y lucrativo.

“Los fabricantes de armas no viven en una burbuja”, señaló Mark Shirian, abogado de Steur. “Son conscientes de que sus estrategias de mercadotecnia facultan a los compradores que tienen malas intenciones y ponen en peligro la vida de personas inocentes. Esta demanda pretende que la industria de las armas rinda cuentas”.

La estrategia de la alteración del orden público ha sido utilizada contra la industria tabacalera por mentir sobre la relación entre los cigarros y el cáncer de pulmón, y con un éxito mixto contra las empresas farmacéuticas por crear la epidemia de opioides en Estados Unidos al promover imprudentemente los opioides de venta con receta.

Las demandas por alteración del orden público también constituyen el núcleo de una serie de litigios de estados y municipios que acusan a las empresas petroleras de encubrir y mentir sobre el papel que desempeñan los combustibles fósiles en el impulso de la crisis climática.

Recientemente, la industria de las armas creía que la PLCAA les proporcionaba un escudo contra acciones similares. La Asociación Nacional del Rifle persuadió al Congreso, controlado por los republicanos, para que aprobara la ley después de que los familiares de las personas abatidas por el francotirador que aterrorizó la zona de Washington DC durante tres semanas en 2002, matando a 10 personas, obtuvieran un total de 2.5 millones de dólares del fabricante del arma utilizada, Bushmaster, y de la tienda que la vendió.

Sin embargo, una demanda presentada por los familiares de los 20 niños pequeños y los seis empleados asesinados en la masacre ocurrida en 2012 en la escuela primaria Sandy Hook intentó explotar una excepción contemplada en la PLCAA en caso de que un arma de fuego fuera vendida en violación de la legislación estatal o federal “aplicable”, en este caso la legislación de alteración del orden público y de protección del consumidor.

El tribunal supremo de Connecticut sostuvo el argumento de que la PLCAA no impedía que el fabricante de armas fuera demandado por incumplimiento de las leyes estatales en relación con las campañas de mercadotecnia irresponsablemente militaristas de sus rifles semiautomáticos orientadas a los jóvenes.

Remington apeló ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, la cual se negó a tomar el caso mientras estuviera en litigio. En febrero, Remington llegó a un acuerdo por 73 millones de dólares.

Aproximadamente cuando el tribunal supremo de Connecticut falló a favor de las familias de Sandy Hook, Nueva York promulgó la ley en la que se basa Steur, la cual amplía la legislación en materia de alteración del orden público para abarcar los delitos cometidos con armas de fuego. El miércoles, un juez federal de distrito de Nueva York desestimó un intento de la industria de armas de anular la ley con el argumento de que se anteponía a la PLCAA.

Timothy Lytton, especialista en litigios relacionados con las armas de fuego en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia y autor de Suing the Gun Industry, espera que la validez de la ley de Nueva York, y la afirmación de que la legislación sobre la alteración del orden público es una excepción respecto a la protección otorgada a la industria de las armas de fuego, sea apelada hasta llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos.

“Lo más importante que tiene que decidir la Corte Suprema con respecto a los litigios sobre armas de fuego probablemente sea el alcance de la ley federal de inmunidad y si la excepción en la que se basaron los demandantes de Sandy Hook constituye o no una teoría legal viable. Si es una teoría legal viable, entonces creo que es probable que se observe un aumento de los litigios”, comentó.

No obstante, señaló Lytton, las acciones legales contra la industria de armas se enfrentan a un reto adicional debido a la interpretación que la Corte Suprema realiza en cuanto a la segunda enmienda y los derechos que otorga a los propietarios de armas, un área legal que también debe ser examinada de forma más amplia.

“Existen límites en la capacidad de demandar a un periódico por difamación debido a la primera enmienda. Es posible que la segunda enmienda imponga restricciones similares sobre la capacidad de los individuos para responsabilizar a los fabricantes de armas de fuego. Sin embargo, no sabemos cuáles podrían ser esas restricciones porque tenemos muy pocos indicadores de la Corte Suprema sobre lo que la segunda enmienda realmente protege, aparte del derecho básico de una persona a poseer un arma de fuego que puede utilizar para fines ordinarios”, explicó.

No obstante, como demuestran los litigios contra las industrias del tabaco, los opioides y las petroleras, el objetivo de las demandas no consiste únicamente en ganar en los tribunales. Después de cada masacre, la industria de las armas suele intentar culpar al tirador individual y al fracaso de los sistemas, como los servicios de salud mental. Lytton señaló que las demandas vuelven a centrar la atención en las acciones de los fabricantes de armas de fuego y obligan a debatir públicamente el modo en que venden las armas.

“El impacto de los litigios no se refiere únicamente a quién gana y quién pierde. Se trata del contexto, la divulgación de la información y los cambios en la agenda que crea el proceso de litigio, incluso cuando los demandantes pierden. Un gran ejemplo de ello son los abusos sexuales cometidos por el clero”.

“No se ha ganado casi ninguna de esas demandas y casi ninguna de ellas ante un jurado. Sin embargo, han revolucionado la iglesia mundial gracias a estos tres efectos de los litigios”, indicó.

Dos décadas de litigios en torno a la epidemia de opioides en Estados Unidos, que ha cobrado más de un millón de vidas, han desviado el foco de atención del intento de la industria farmacéutica de culpar a las víctimas de su adicción a la responsabilidad de las grandes farmacéuticas por impulsar el uso generalizado de narcóticos de venta con receta a pesar de los peligros. Las vergonzosas revelaciones en varios casos judiciales sobre las cínicas técnicas de mercadotecnia de las empresas farmacéuticas ayudaron a presionar a los fabricantes y distribuidores de opioides para que llegaran a un acuerdo respecto a las miles de demandas interpuestas por la epidemia de opioides.

Del mismo modo, los estados y ciudades que demandan a la industria petrolera por mentir sobre la crisis climática esperan que la revelación pública de lo que sabían las empresas de combustibles fósiles y cuándo lo supieron se sume a la presión para que las grandes petroleras lleguen a acuerdos.

Sin embargo, Lytton advirtió que esa estrategia podría no tener el mismo impacto en los fabricantes de armas.

“Existe algo muy diferente en relación con las armas de fuego. Cuando se trata del tabaco o de los opioides o prácticamente de cualquier otra área de política pública en Estados Unidos, las personas suelen reconsiderar sus opiniones y comienzan a replantearse el problema”, señaló.

“El único ámbito de la política pública estadounidense en el que esto no es así es en la violencia con armas de fuego. No importa lo terrible que sea la tragedia, las personas suelen comprometerse aún más con las opiniones que ya tienen”.