¿Qué probabilidad hay de que se presenten cargos penales contra Trump?
Donald Trump en la ciudad de Memphis la semana pasada. El Departamento de Justicia sí parece estar más cerca de atrapar al expresidente. Foto: Karen Pulfer Focht/Reuters

En seis audiencias transmitidas por televisión, el comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha presentado testimonios extraordinarios sobre el intento de Donald Trump para anular las elecciones de 2020 y su culminación, es decir, el ataque mortal en el Capitolio de Estados Unidos por parte de una turba de extrema derecha.

El comité está integrado por siete demócratas y dos republicanos rebeldes, Adam Kinzinger y Liz Cheney, quienes se negaron a seguir a su partido para doblegarse ante Trump.

Liberado de consideraciones bipartidistas cuando el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, desistió de cooperar, el panel ha sido capaz de actuar de manera exclusivamente procesal. También ha trabajado en cómo presentar sus conclusiones, utilizando la experiencia de la industria de la televisión para presentar audiencias perfeccionadas, resumidas y con el objetivo de convencer al pueblo estadounidense de que Trump nunca debería volver a ser presidente.

El comité no puede acusar a Trump de ningún delito. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sí puede, una posibilidad que ha avivado intensas especulaciones en Washington y en el mundo.

A continuación, las principales cuestiones legales que están en juego:

¿Puede el comité realizar remisiones penales?

Sí, lo hizo en los casos de Steve Bannon, Peter Navarro, Mark Meadows y Dan Scavino, asesores de Trump que se negaron a cooperar. Al haberse declarado inocentes de desacato penal al Congreso, Bannon y Navarro se enfrentan a penas de prisión. El Departamento de Justicia se negó a acusar a Scavino y Meadows.

¿El comité remitirá a Trump?

El presidente del comité, Bennie Thompson de Mississippi, ha comentado que no prevé hacerlo. Sin embargo, esa declaración provocó informes de desacuerdo en el panel y también fue realizada antes de que Cheney, la vicepresidenta, revelara posibles intentos de intimidación de testigos.

El miércoles, la CNN le preguntó a un miembro del comité, Pete Aguilar, de California, si creía que se habían cometido actos de manipulación de testigos.

“Sí, lo creo”, respondió. “Creo que eso es algo que debe ser analizado por nuestro comité y potencialmente por el Departamento de Justicia”.

Cuando se le preguntó si se había realizado una remisión, Aguilar contestó: “No hablaré de las medidas de investigación que hemos tomado. Pero lo que sí diré es que creo que esos testimonios hablan por sí mismos (como prueba de)… un comportamiento peligroso”.

Una de las declaraciones de los testigos que Cheney leyó el martes supuestamente fue hecha por Cassidy Hutchinson, una exasistente cercana a Trump y Meadows que testificó durante dos horas dramáticas.

¿Podría el Departamento de Justicia acusar a Trump?

El comité ha encontrado numerosas pruebas que indican que se podría formular un caso.

Hutchinson pareció relacionar a Trump con sólidos vínculos con los grupos extremistas que atacaron el Capitolio, señalando que recordaba “haber escuchado la palabra ‘Oath Keeper’ y haber oído la palabra ‘Proud Boys’ en las fechas más próximas a la planificación del mitin del 6 de enero, cuando el señor Giuliani estaba por ahí” en la Casa Blanca.

Rudy Giuliani era el abogado personal de Trump. Entre las más de 870 personas acusadas por el ataque contra el Capitolio, los miembros de los grupos Oath Keepers y los Proud Boys han sido acusados de conspiración sediciosa.

No obstante, para muchos, un fragmento del testimonio de Hutchinson pareció ser el que más acercó a Trump a una conducta criminal demostrable.

Hutchinson indicó que Trump sabía que la multitud que asistió a su discurso pronunciado cerca de la Casa Blanca el 6 de enero de 2021 incluía personas armadas, algunas con rifles AR–15 y pistolas, pero aun así le dijo a su audiencia que marchara hacia el Capitolio y “luchara como un demonio” para detener la certificación de los resultados electorales. Trump le dijo a la multitud que marcharía junto a ellos y, de acuerdo con los testigos del Servicio Secreto, se enfureció cuando se lo negaron.

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David French, editor senior del medio Dispatch y autor de Divided We Fall: America’s Secession Threat and How to Restore Our Nation, escribió: “El testimonio jurado de Hutchinson cierra una brecha del caso penal contra Trump, y Trump está más cerca que nunca de un procesamiento verosímil”.

¿Por qué?

Como describió French, las acciones de Trump durante el 6 de enero y en fechas cercanas parecen ajustarse a las normas de enjuiciamiento establecidas en un caso de la Corte Suprema de 1969, Brandenburg vs. Ohio, que involucró a un líder del Ku Klux Klan.

En aquel entonces, la Corte “anuló la condena de Brandenburg, al sostener que incluso el discurso que amenazaba con la violencia o el disturbio estaba protegido por la primera enmienda, salvo que ‘tal defensa esté orientada a incitar o producir una acción ilegal inminente y sea probable que incite o produzca dicha acción'”.

French escribió: “Nótese los elementos de intencionalidad, probabilidad e inminencia. El elemento de inminencia es el más sencillo de demostrar. La turba estuvo ahí mismo. Marchó hacia el Capitolio de forma inmediata, incluso cuando Trump estaba hablando. Pero, ¿qué ocurre en cuanto a la intencionalidad y la probabilidad?”

En opinión de French, Trump convocó de forma demostrable a la turba, sabía que estaba armada y que era peligrosa, le dijo que “luchara como un demonio” e intentó marchar junto a ella. Después, la avivó aún más con un tuit en el que se burló de Mike Pence, su vicepresidente, por no apoyar su plan.

¿El Departamento de Justicia está investigando a Trump?

Sí. Esta semana, el periódico New York Times presentó el perfil de Thomas Windom, “un agresivo, aunque poco conocido fiscal federal” que está “uniendo (los) distintos cabos” de las investigaciones del Departamento de Justicia sobre Trump.

De acuerdo con el Times, Windom, de 44 años, está “trabajando bajo la estrecha supervisión de los principales colaboradores del fiscal general Merrick B Garland (y) está aplicando la estrategia comprobada del departamento, aunque lenta, de trabajar desde la periferia de los acontecimientos hacia su interior”.

Como ejemplos de ese trabajo, el periódico mencionó una redada en la casa de un exempleado del Departamento de Justicia y la incautación de un teléfono que pertenecía a John Eastman, el profesor de derecho que ideó el plan de Trump para rechazar los resultados del colegio electoral.

El testimonio de Hutchinson también aumentó la presión sobre los asesores más cercanos de Trump. El medio Punchbowl News señaló que, aunque el Departamento de Justicia se negó a acusar a Meadows por desacato al comité del 6 de enero, “tras un testimonio más condenatorio acerca del papel de Meadows en todo lo que condujo a la insurrección”, el Departamento de Justicia podría reconsiderar esa postura.

El Departamento de Justicia parece estar más cerca de atrapar a Trump. Si decide atrapar a un pez tan grande es una cuestión muy importante.

Entonces, ¿acusarán a Trump?

Como escribió French, “los cargos penales requieren tanto evidencia como voluntad política”.

“La evidencia contra Trump sigue aumentando, tanto en Washington DC como en Georgia, donde hay evidencia sustancial que respalda los cargos federales y estatales relacionados con su intento para amenazar e intimidar al secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, para ‘encontrar 12 mil votos'”.

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Raffensperger compareció junto con otros funcionarios estatales republicanos ante el comité del 6 de enero, aportando su propio testimonio condenatorio.

La mayoría de los analistas coinciden en que el hecho de que el Departamento de Justicia acuse a un expresidente, y a un posible candidato presidencial para 2024, sentaría un peligroso precedente, sobre todo si se considera el sólido y demostrable apoyo violento que tiene Trump en la extrema derecha.
Sin embargo, escribió French, “hay otro precedente que tal vez sea más grave y más peligroso, decidir que los presidentes están sujetos a normas de conducta criminal más bajas en comparación con prácticamente cualquier otro ciudadano estadounidense”.

¿Qué opina Liz Cheney que debería hacer el Departamento de Justicia?

La postura anti–Trump de la republicana del estado de Wyoming parece que le costará un escaño en el Congreso. A pesar de esto, el miércoles publicó en Twitter las palabras de French para todo el mundo.
Ese mismo día, Cheney acudió al santuario republicano: la Biblioteca y Museo Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California.

Al describir “una amenaza doméstica a la que nunca nos hemos enfrentado”, la hija de Dick Cheney, vicepresidente de George W. Bush, comentó a su partido: “Argumentar que se puede ignorar la amenaza que representa Trump es dejar de lado la responsabilidad que cada ciudadano –cada uno de nosotros– tiene de perpetuar la república”.

“No debemos hacer eso, y no podemos hacer eso”.