El secreto de los testamentos reales fue cuestionado por altos funcionarios

Altos funcionarios del gobierno consideraban en privado que la práctica de mantener en secreto los testamentos de la familia real era legalmente cuestionable e incluso advirtieron a los ministros que no debían discutirla en el parlamento, según indican algunos documentos oficiales.

A lo largo del siglo pasado, los jueces de los tribunales superiores han emitido órdenes legales secretas que permitieron que los testamentos de 33 miembros de la familia real quedaran en secreto tras las audiencias llevadas a cabo a puerta cerrada.

Las órdenes secretas han significado que estos miembros de la familia real queden exentos de la práctica normal por la que los testamentos de los ciudadanos británicos suelen quedar abiertos para ser inspeccionados.

El lunes, The Guardian informó que el secreto permitió que la familia Windsor impidiera que el público supiera cómo se habían distribuido los bienes valorados en 187 millones de libras según los precios actuales, que figuran en los testamentos.

El poder judicial, el gobierno y la familia real han proporcionado pocas explicaciones oficiales sobre los motivos que justificaban estas órdenes secretas, algunas de ellas relacionadas con parientes lejanos de los Windsor.

Los documentos oficiales descubiertos en los Archivos Nacionales indican que durante las discusiones privadas mantenidas en el gobierno, un funcionario de Whitehall señaló en 1970 que la base legal para conceder estas órdenes era “más bien escasa”. Otro funcionario describió la práctica como “algo azarosa”.

• Lee algunos de los documentos

Otros documentos muestran que en 1981 se aconsejó a los ministros que no despertaran la atención de los parlamentarios respecto a la práctica de mantener en secreto los testamentos reales mientras se debatía una pieza clave de la legislación en la Cámara de los Lores.

Los funcionarios aconsejaron a los ministros “no leer en voz alta” en el parlamento una parte de un documento que mencionaba la práctica “habitual” de cerrar los testamentos de los Windsor.

El miércoles, un caso del tribunal de apelación centrará la atención en esta antigua práctica. The Guardian impugna la decisión judicial de excluir a los medios de comunicación de la audiencia secreta que dio lugar el año pasado a la decisión de cerrar el testamento del príncipe Felipe.

Al igual que con todos los demás testamentos reales, un juez decidió cerrar el testamento del príncipe Felipe después de una solicitud confidencial presentada por los abogados de los Windsor. No se informó a los medios de comunicación sobre la audiencia y, en consecuencia, se les impidió asistir o presentar alegaciones a favor de la transparencia.

El testamento del príncipe Felipe fue el último guardado en secreto en una serie de sentencias que datan desde 1911. Las sentencias son polémicas, ya que los testamentos redactados por los ciudadanos británicos suelen ser públicos después de su muerte. El objetivo de este derecho general es garantizar que los bienes detallados en los testamentos sean repartidos de forma adecuada y no sean explotados por los estafadores.

La legislación del siglo XIX estipula que el testamento del monarca será de carácter confidencial. No obstante, el parlamento no ha aprobado ninguna ley equivalente para impedir la publicación de los testamentos de otros miembros de la familia Windsor.

‘No leer en voz alta’ en el parlamento

Los documentos conservados en los Archivos Nacionales revelan los debates oficiales mantenidos a puerta cerrada sobre la justificación legal del secreto que rodea lo que fue descrito por un importante juez como “una práctica especial”.

En octubre de 1970, un alto funcionario de Whitehall, Hume Boggis-Rolfe, comentó a Quintin Hogg, el entonces lord canciller: “No he podido encontrar autoridad alguna para que se sellen los testamentos reales, salvo la escasa autoridad” de una cláusula de una ley de 1925. La describió como “la ley en la medida en que exista”.

Esta cláusula establecía que, en general, se abrirían los testamentos “bajo el control del tribunal superior”, lo que implicaba que los jueces podían sellar los testamentos en caso de que los abogados que representaran a una persona fallecida presentaran una solicitud. No definía en qué circunstancias se podían cerrar los testamentos, y tampoco se refería específicamente a la familia real.

En su respuesta, Hogg aceptó que esta cláusula era la “única” base legal para ocultar los testamentos reales.

En junio de 1970, un funcionario no identificado de Whitehall cuestionó si la práctica “es válida en absoluto (una cuestión que podría ser cuestionada algún día)”. Un alto funcionario que supervisaba el sistema de legalización de testamentos resumió la manera en que se habían mantenido en secreto los testamentos de los miembros más lejanos de la familia real. Admitió: “La práctica de sellar los testamentos ha sido algo azarosa”.

Ese mismo mes, la familia real consultó al gobierno sobre la posibilidad de sellar el testamento de un miembro de la realeza de menor rango. Un funcionario de Whitehall registró que la propuesta había sido descartada: Los abogados del Palacio de Buckingham consideran que, salvo en circunstancias especiales (por ejemplo, un testamento que contenga información que no deba ser pública), los miembros ‘marginales’ de la familia real no necesitan sellar sus testamentos. Esto solo debería ser aplicable en el caso de los SAR (Altezas Reales)”.

En la Senior Courts Act (Ley de Tribunales Superiores) de 1981, el gobierno renovó la cláusula que le otorgaba a los ciudadanos el derecho general a inspeccionar los testamentos, reiterando que este derecho podía ser restringido por los jueces de los tribunales superiores.

Los documentos informativos oficiales aconsejaban a los ministros sobre lo que debían decir cuando esta ley fuera debatida en la Cámara de los Lores. En los párrafos marcados como “no leer en voz alta” ante el parlamento, los documentos describían cómo era “habitual” que los jueces mantuvieran en secreto los testamentos de la familia real.

Tras señalar que los testamentos redactados por los ciudadanos suelen ser abiertos, un funcionario escribió: “La cuestión adquiere especial importancia en relación con los testamentos reales, los cuales, en la práctica, suelen quedar sellados por orden” de un juez superior.

El servidor público añadió: “La cuestión de si se puede ejercer el ‘control del tribunal superior’ para hacer que un testamento no esté disponible para su inspección aún no ha sido respondida”.

Una nota oficial redactada en 2002 muestra que, en privado, los ministros del gobierno y la magistratura han tenido dificultades para definir a qué miembros de la familia Windsor se les debe permitir mantener sus testamentos en secreto, y si se debe conceder, por ejemplo, solo al consorte y a la descendencia del monarca, y no a parientes desconocidos.

El gobierno declinó realizar comentarios mientras se tramitaba el caso legal presentado por The Guardian.

Un vocero del Palacio de Buckingham señaló: “El tratamiento de los testamentos es un asunto que corresponde a los albaceas de las herencias”.