Dos abogados de Trump podrían ser testigos u objetivos en la investigación del FBI
La finca Mar-a-Lago de Donald Trump. Foto: Steve Helber/AP

Dos abogados de Donald Trump se podrían convertir en testigos o en objetivos en la investigación sobre obstrucción relacionada con la investigación penal relativa a la retención no autorizada de documentos gubernamentales altamente sensibles por parte del expresidente en su complejo Mar-a-Lago en Florida, según indican expertos jurídicos.

Los abogados –Christina Bobb y Evan Corcoran– podrían verse envueltos en la investigación debido a que colaboraron con el Departamento de Justicia durante el esfuerzo que el gobierno realizó durante meses para recuperar cajas de registros presidenciales y documentos clasificados de la casa de Trump ubicada en Florida.

Se trata de una interacción que ocurrió el 3 de junio en la que, según un documento judicial presentado el martes por el Departamento de Justicia en un caso distinto pero relacionado, los dos abogados declararon que habían acatado una citación del gran jurado que posteriormente resultó ser falsa.

Ese día, el jefe de contraespionaje del Departamento de Justicia, Jay Bratt, y tres agentes del FBI viajaron a Mar-a-Lago para recoger los documentos que fueron citados, según indica el documento, y Bobb y Corcoran entregaron un sobre sellado que contenía material clasificado.

No obstante, antes de que Bratt se marchara, Bobb presentó y firmó una carta en la que certificaba que se estaban entregando todos y cada uno de los documentos que correspondían a la citación, mientras que Corcoran indicó que los registros que el gobierno había solicitado se encontraban circunscritos a un solo almacén, indicó el documento.

El problema para los dos abogados de Trump consiste en que el Departamento de Justicia obtuvo entonces pruebas, a través de múltiples fuentes, de que quedaban más documentos presidenciales y clasificados en Mar-a-Lago, lo cual se demostró cuando el FBI registró la propiedad dos meses después.

En su propio expediente presentado en la noche del miércoles, los abogados de Trump denunciaron que el cateo se llevó a cabo en “medio del habitual ir y venir” entre un expresidente y los Archivos Nacionales y Administración de Documentos sobre los registros presidenciales. Señaló que el departamento hizo pública “sin necesidad” cierta información, como una fotografía de documentos clasificados sacada de la vivienda.

Según la orden de registro y los archivos judiciales, el Departamento de Justicia está investigando, entre otros delitos, si se cometió una posible obstrucción a la justicia con respecto a la forma en que Trump y sus abogados aparentemente se resistieron a regresar los documentos pertenecientes al gobierno.

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Una lista detallada de los bienes incautados durante la ejecución de una orden de registro por el FBI en Mar-a-Lago, que Christina Bobb firmó al recibirla. Foto: Jim Bourg/Reuters

La versión del Departamento de Justicia sobre lo ocurrido el 3 de junio –lo que ha descrito como un “probable” intento de ocultar documentos presidenciales y clasificados buscados por el gobierno– plantea la posibilidad de que tanto Bobb como Corcoran se podrían convertir en testigos en la investigación relativa a la obstrucción.

No obstante, el caso, y la forma en que el Departamento de Justicia podría abordar la cuestión, siguen siendo complejos.

Para los fiscales federales, la cuestión consiste en saber si los dos abogados de Trump engañaron intencionalmente al Departamento de Justicia para que Trump se quedara con los documentos, o si los abogados presentaron sus declaraciones porque ellos mismos fueron engañados por Trump.

Para determinar las circunstancias exactas relativas a la confianza de Bobb para firmar la certificación, y la confianza de Corcoran en sus declaraciones, señalaron los expertos jurídicos, el Departamento de Justicia probablemente tendría que solicitar la citación de ambos abogados en busca de comunicaciones y testimonios.

Esa medida se enfrentaría inmediatamente a un problema de privilegio entre abogado y cliente, ya que el tipo de información que el Departamento de Justicia intentaría extraer para el potencial caso de obstrucción contra Trump serían comunicaciones protegidas entre Trump y sus abogados.

Este privilegio existe para proteger los derechos de los acusados que podrían haber cometido un delito, ya que estos necesitan poder hablar con franqueza con sus abogados sobre lo que ocurrió sin temor a que los fiscales puedan utilizar sus conversaciones en su contra en un juicio.

Se puede suprimir dicha protección a través de la denominada excepción de delito-fraude. Sin embargo, incluso si se produjera una excepción de delito-fraude en el caso de Trump, sus abogados aún podrían invocar su derecho a la quinta enmienda contra la autoincriminación en caso de que hubieran engañado conscientemente al gobierno en su nombre.

En última instancia, el problema para el Departamento de Justicia radica en si el fiscal general, Merrick Garland, otorga su aprobación para seguir adelante con un proceso extraordinario por obstrucción contra el expresidente, y si Garland hace lo propio contra sus abogados.

En caso de que Garland decida tomar esa medida, los fiscales federales probablemente buscarían la manera de obligar a Bobb y a Corcoran a declarar para revelar si Trump obstruyó la devolución de registros presidenciales y material clasificado, sugirieron los expertos jurídicos.

En caso de que Garland decida no proseguir con una acusación de obstrucción, entonces, aunque los investigadores del Departamento de Justicia podrían buscar el testimonio de Bobb y Corcoran de igual manera, es poco probable que obtengan información significativa a menos que también litigue las cuestiones de privilegio en los tribunales.

Las personas cercanas a los principales abogados del expresidente no parecían creer, en general, que Bobb o Corcoran se vieran obligados a declarar contra Trump y a retirarse del equipo jurídico. Y hasta el miércoles, ninguno de los dos había contratado su propio abogado, comentó una de las personas.