¿Por qué una jueza concedió la petición de Trump de un ‘experto especial’?
Lo que hace que la situación sea aún más extraña es que Donald Trump, un expresidente, está invocando el privilegio ejecutivo contra el actual poder ejecutivo. Foto: Mary Altaffer/AP

La decisión de este lunes de una jueza federal de Estados Unidos de detener la investigación relativa a la incautación de documentos clasificados por parte de Donald Trump hasta que un “experto especial” los revise ha provocado un gran revuelo en el mundo político y jurídico, que enfrenta a aquellos que creen que el expresidente tiene privilegios legales especiales con aquellos que piensan que debería ser tratado como cualquier otro ciudadano.

Esta victoria procesal de Trump significa que el Departamento de Justicia tendrá que poner en pausa su esfuerzo para determinar si el expresidente pudo haber huido de forma ilegal con documentos clasificados de la Casa Blanca y haberlos guardado en su casa de Mar-a-Lago.

La jueza Aileen Cannon, designada por Trump, aceptó su petición de que un experto especial, un tipo de mediador independiente, revise los aproximadamente 11 mil documentos que el FBI descubrió e incautó cuando registró Mar-a-Lago el mes pasado, de los cuales el FBI indicó que algunos estaban marcados como “clasificados”, “secretos” y “ultrasecretos”.

En ocasiones, los tribunales nombran a expertos especiales –normalmente jueces o abogados jubilados– para que determinen si los materiales incautados mediante citaciones u órdenes de registro están protegidos por el privilegio abogado-cliente y, en consecuencia, su uso queda exento en los tribunales. De manera excepcional, Cannon también autorizó que el experto especial en este caso buscara documentos protegidos por el “privilegio ejecutivo”.

El privilegio ejecutivo es la polémica doctrina legal que establece que los presidentes de Estados Unidos, y su personal, pueden rechazar ciertas demandas legales si estas perjudican la seguridad nacional o las funciones del poder ejecutivo.

Lo que hace que la situación resulte aún más extraña es que Trump, un expresidente, está invocando el privilegio ejecutivo contra el actual poder ejecutivo del gobierno estadounidense.

En 1974, cuando los fiscales del caso Watergate citaron las grabaciones de la Casa Blanca, Richard Nixon argumentó de forma memorable que las grabaciones estaban protegidas por el privilegio ejecutivo. La Corte Suprema falló en su contra.

La decisión de Cannon, no obstante, ha provocado que los abogados del Departamento de Justicia se apresuren frenéticamente a contestar. La jueza le dio al departamento y al equipo jurídico de Trump hasta el viernes para que acordaran una lista de potenciales expertos especiales.

El Departamento de Justicia puede apelar el fallo de Cannon, aunque el tribunal de apelaciones que probablemente atendería la apelación está sumamente dominado por jueces designados por Trump. La propia Cannon fue designada para el cargo de jueza federal por Trump en 2020 y es miembro de la Federalist Society, una organización jurídica conservadora.

En su fallo de 24 páginas, la jueza sostuvo que Trump se enfrentaba a un “daño potencial incalculable a través de la divulgación indebida de información sensible a la población”.

Aunque el Departamento de Justicia cuenta con un equipo de “filtro” encargado de revisar los documentos en busca de documentos sujetos al privilegio antes de que los investigadores penales o los fiscales los consulten, Cannon argumentó que el proceso no era correcto. En dos casos, indicó, el equipo de la fiscalía pudo ver materiales potencialmente sujetos al privilegio.

Algunos expertos legales criticaron la orden de Cannon como una medida anormal y excesivamente protectora para Trump. La decisión es “una intervención inaudita de un juez federal de distrito en medio de una investigación penal federal y de seguridad nacional en curso”, señaló Stephen Vladeck, profesor de derecho de la Universidad de Texas, al periódico New York Times.

En Twitter, Neal Katyal, profesor de derecho de seguridad nacional en la Universidad de Georgetown y exfiscal general interino de Estados Unidos, describió el razonamiento de Cannon como “tan erróneo que es difícil saber por dónde empezar”.

La jueza prohibió “toda la investigación porque parte del material podría estar sujeto al privilegio ejecutivo”, escribió Katyal.

No obstante, el privilegio ejecutivo “no es un privilegio postpresidencial que permita que los presidentes se queden con los documentos después de dejar el cargo. Como mucho, simplemente significa que se trata de documentos ejecutivos que deben ser regresados a los archivos. No significa de ninguna manera, ni modo, que no pueden ser utilizados en un proceso penal sobre documentos robados”.

Katyal también criticó la idea de que el tribunal debería ser consciente del riesgo que supone un indebido “daño a la reputación” de Trump. “Eso es una locura”, escribió. Todas las personas acusadas de delitos experimentan un “daño a la reputación. ¿Acaso ahora vamos a tener expertos especiales en cada investigación (penal)?”.

El exfiscal general de Trump, William Barr, criticó hace poco las estrategias legales de Trump en una entrevista con el periódico New York Times. “Creo que son puras tonterías”, dijo Barr. “No creo que se requiera un experto especial”.

La revisión independiente de los documentos a cargo de la Oficina del director de Inteligencia Nacional, que los está examinando a fin de evaluar sus implicaciones para la seguridad nacional, proseguirá sin verse afectada.