El fallo a favor del departamento de justicia cambia el rumbo legal de Trump

La serie de importantes sentencias judiciales que rechazan las reclamaciones de privilegio ejecutivo y otros argumentos presentados por Donald Trump y sus principales aliados están impulsando las investigaciones del Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos y de un gran jurado especial de Georgia acerca de si el expresidente estadounidense infringió las leyes al tratar de anular los resultados de las elecciones de 2020.

Los exfiscales señalan que el resultado de estos fallos judiciales es que los principales partidarios de Trump y los exabogados de la administración –como el exjefe de gabinete Mark Meadows y el asesor jurídico John Eastman– ya no pueden evitar testificar ante los grandes jurados de Washington DC y Georgia. Se les busca para ser interrogados sobre su conocimiento de la cruzada de Trump –o su papel activo en ella– para impedir que Joe Biden tomara posesión de su cargo mediante la presentación de falsas acusaciones de fraude.

Debido a varias resoluciones judiciales, Meadows, Eastman, el senador Lindsey Graham y otros deben testificar ante un gran jurado especial de Georgia que trabaja junto con el fiscal de distrito del condado de Fulton, y que se centra en la intensa campaña de Trump y sus más leales seguidores para presionar al secretario de Estado de Georgia y a otros funcionarios para frustrar la victoria de Biden en ese estado.

Del mismo modo, las sentencias judiciales se han traducido en que los principales abogados de Trump, como el exconsejero de la Casa Blanca Pat Cipollone, que se opuso al afán de Trump de anular las elecciones de 2020, tuvieron que testificar sin invocar el privilegio ejecutivo ante un gran jurado de Washington DC que investigaba los esfuerzos de Trump para impedir que el Congreso certificara la victoria electoral de Biden.

En otro frente legal, algunos tribunales de alto nivel fallaron de manera negativa para Trump en relación con los cientos de documentos clasificados que se llevó a su complejo en Florida, Mar-a-Lago, cuando dejó el cargo, contribuyendo así a una investigación sobre si violó las leyes al retener documentos que deberían haber sido enviados a los Archivos Nacionales.

“La obtención de este testimonio es un paso crítico … antes de que los fiscales estatales y federales determinen si el expresidente debería ser acusado”. Michael Zeldin

“Los esfuerzos multifacéticos de Trump para evitar que los exasesores testifiquen o proporcionen documentos a los grandes jurados federales y estatales, así como al comité del 6 de enero, se han encontrado con un reiterado fracaso, ya que juez tras juez ha rechazado sus argumentos legales”, comentó el exfiscal del Departamento de Justicia Michael Zeldin a The Guardian. “La obtención de este testimonio es un paso crítico, tal vez el último, antes de que los fiscales estatales y federales determinen si el expresidente debería ser acusado… Permite por primera vez que los fiscales interroguen a estos testigos sobre sus conversaciones directas con el expresidente”.

Otros exabogados del departamento coinciden en que la difícil situación legal de Trump ha empeorado ahora debido a los fallos judiciales clave.

“Las sentencias favorables de los jueces en temas como el privilegio ejecutivo y sobre la excepción de fraude criminal al privilegio abogado-cliente son un buen presagio para las agencias que investigan a Trump”, comentó Barbara McQuade, exfiscal estadounidense del este de Michigan. “Los desafíos legales pueden crear retrasos, pero en cuanto a los méritos, con escasas excepciones, los jueces están fallando sistemáticamente en su contra”.

Aunque a Trump le ha molestado la serie de sentencias judiciales dictadas contra él y sus aliados, los expertos señalan que han incluido decisiones de tribunales habitualmente conservadores, así como de otros de tendencia más liberal.

El exfiscal federal Dennis Aftergut, por ejemplo, señaló que: “Apenas el mes pasado, el tribunal de apelaciones del 11º circuito, uno de los tribunales federales más conservadores del país, dictó sentencias clave tanto en las investigaciones del condado de Fulton como en las del DoJ de Trump”.

Concretamente, el tribunal aprobó, en sentencias separadas, que “los abogados penalistas del Departamento de Justicia puedan revisar los documentos clasificados incautados que Trump llevó a Mar-a-Lago, revocando la orden de inmovilización dictada por la juez de distrito Aileen Cannon“, explicó Aftergut.

En el otro fallo, el tribunal sostuvo que Graham “no podía esconderse detrás de la cláusula de ‘discurso y debate’ de la Constitución para evitar testificar ante el gran jurado de Atlanta”, destacó Aftergut.

“La cláusula de discurso y debate –señaló– solo otorga inmunidades para testificar sobre asuntos relacionados con los discursos y deberes del Congreso. Esa idea no funciona en este caso”.

“La ironía es que el nuevo impulso se ha visto favorecido por las demandas que Trump y sus principales seguidores presentaron en su intento de bloquear las citaciones para que presten testimonio y presenten documentos”. Dennis Aftergut.

Poco después de estas sentencias, la Corte Suprema mantuvo ambas órdenes en vigor. “Es suficiente para enorgullecer a un viejo fiscal con una fe obstinada en los tribunales”, dijo Aftergut.

Por otra parte, el juez de la corte federal David Carter, que emitió una decisión mordaz a principios de este año que implicaba a Trump y a Eastman en una conspiración para anular las elecciones de 2020, dictaminó el mes pasado que Eastman tenía que entregar 33 documentos al panel de la Cámara de Representantes el 6 de enero, incluyendo varios que el juez dictaminó que estaban exentos del privilegio abogado-cliente debido a que implicaban un delito o un intento de delito.

Los exabogados del departamento de justicia comentan que varias de las recientes sentencias judiciales deberían ser útiles para el abogado especial Jack Smith, al que el fiscal general Merrick Garland designó hace poco para que supervise tanto la investigación del Departamento de Justicia sobre la retención de documentos confidenciales por parte de Trump después de la presidencia como la investigación sobre sus esfuerzos para impedir que Biden asumiera el cargo.

Fiel a su estilo, Trump no perdió tiempo en atacar al nuevo abogado especial.

“He pasado por esto desde hace seis años, desde hace seis años he pasado por esto, y no voy a pasar por esto otra vez”, dijo Trump a Fox News Digital en una entrevista el mismo día en que Smith fue designado. “Y espero que los republicanos tengan el valor de luchar contra esto”.

A pesar del predecible resentimiento de Trump, los exfiscales señalan que las sentencias judiciales que están resultando beneficiosas para las investigaciones federales y estatales se han producido en gran medida en respuesta a las demandas presentadas por Trump y sus principales aliados.

“La ironía es que el nuevo impulso se ha visto favorecido por las demandas que Trump y sus principales seguidores presentaron en su intento de bloquear las citaciones para que presten testimonio y presenten documentos”, dijo Aftergut.

El resultado, añadió, es que las múltiples sentencias judiciales “seguramente han alentado a quienes están investigando a Trump”.

Además, dos extensos informes realizados en noviembre por la Brookings Institution y Just Security, que se centraron, respectivamente, en la investigación del condado de Fulton y en la investigación del Departamento de Justicia sobre el almacenamiento de documentos clasificados por parte de Trump en Mar-a-Lago, presentaron pruebas sólidas sobre las crecientes amenazas legales a las que se enfrenta Trump.

Ahora, algunos exfiscales parecen optimistas respecto a la posibilidad de que se presenten cargos contra Trump en relación con una o más de las investigaciones federales y estatales.

“Creo que es probable que Trump sea acusado en Georgia y en el caso de los documentos”, comentó Michael Bromwich, exinspector general del Departamento de Justicia, a The Guardian. “Me interesará ver qué ocurre primero”.