Los ‘piratas del carbono’ se aprovechan de las comunidades indígenas del Amazonas

Varias comunidades indígenas del Amazonas señalan que los “piratas del carbono” se han convertido en una amenaza para su estilo de vida, ya que las empresas occidentales intentan conseguir contratos en sus territorios para llevar a cabo proyectos de compensación de emisiones de carbono.

En la mayor selva tropical del mundo, los líderes indígenas indican que las empresas de compensación de emisiones de carbono los están contactando prometiéndoles importantes beneficios económicos por la venta de bonos de carbono a cambio de desarrollar nuevos proyectos en sus tierras, en un momento en que el mercado de 2 mil millones de dólares (unos 37 mil millones de pesos) está en pleno auge con compromisos de cero neto de emisiones por parte de empresas de Europa y Norteamérica.

Los gobiernos acordaron expandir enormemente las áreas protegidas a nivel mundial durante esta década en la cumbre de biodiversidad COP15 celebrada el mes pasado, con el objetivo de proteger el 30% de la tierra y el mar para el año 2030. El acuerdo hace hincapié en el respeto de los derechos y territorios indígenas, en medio del temor al acaparamiento de tierras.

Los defensores de los mercados de carbono, especialmente aquellos cuyo objetivo es proteger las selvas tropicales, señalan que los bonos de carbono son una buena manera de financiar las nuevas zonas y pagar a las comunidades indígenas por la administración de sus tierras, ya que se ha demostrado que son los mejores protectores de los bosques y los ecosistemas vitales. Los bonos resultantes podrían ser utilizados posteriormente para los compromisos climáticos asumidos por las empresas occidentales.

Muchos creen que, aunque los bonos de carbono no son perfectos, pueden aportar el financiamiento vital que necesitan estos proyectos. Johan Rockström, científico jefe de la organización Conservation International, que gestiona varios proyectos de compensación de emisiones de carbono, comentó recientemente a The Guardian: “Por una parte, la compensación de emisiones de carbono es necesaria y tiene el potencial positivo de ofrecer incentivos y generar con ello inversiones muy necesarias, por ejemplo, para soluciones climáticas naturales (como los bosques)”. Por otra parte, señala, están los riesgos de que las personas no realicen luego las reducciones necesarias en sus propias emisiones.

The Guardian entrevistó a líderes indígenas de toda Latinoamérica en el marco de su investigación sobre la compensación de las emisiones de carbono procedentes de los bosques, hablando con representantes en la COP27, la COP15, una cumbre de líderes indígenas del Amazonas celebrada en septiembre y durante visitas a diversas comunidades de Perú.

Aunque algunos líderes reconocieron los beneficios potenciales de unos mercados de carbono bien diseñados, advierten que en el sector no regulado se están aprovechando de las comunidades indígenas, con contratos poco transparentes relativos a la adquisición de derechos del carbono que pueden durar hasta un siglo, largos contratos redactados en inglés y comunidades que son expulsadas de sus tierras para la realización de proyectos.

Algunos ejemplos incluyen el mayor contrato de compensación de carbono de la historia de Perú, que involucra a una empresa de extracción no identificada, en el que la comunidad Kichwa afirma que fueron expulsados de sus tierras en el parque nacional Cordillera Azul y no recibieron nada del contrato de 87 millones de dólares (aproximadamente mil millones de pesos). Las autoridades del parque señalan que todo se llevó a cabo “en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente y con especial respeto a los derechos de los pueblos indígenas”.

Varias comunidades indígenas hablaron sobre la posibilidad de capacitarse en la regulación del mercado del carbono y de organizar intercambios mundiales para ayudar a otros a evitar ser víctimas de los “piratas del carbono”.

Fany Kuiru Castro, líder indígena uitoto de la Amazonia colombiana, comenta que este problema está afectando a casi todas las comunidades de la cuenca del Amazonas.

“Cuando visito otros territorios, casi todos están en contacto con una empresa relacionada con el carbono. Normalmente llegan con la promesa de mucho dinero a cambio de que la comunidad acepte poner en marcha un proyecto. En ocasiones no dejan que las comunidades tengan acceso a sus tierras como parte del contrato, pero nosotros vivimos de la caza y la pesca. Para mí es peligroso”, explica. “Lo más cruel es que llegan a las comunidades con largos documentos legales en inglés y no explican lo que contienen. Muchas comunidades indígenas no leen o tienen un bajo nivel de alfabetización, por lo que no entienden lo que están consintiendo”.

Wilfredo Tsamash, de la comunidad Awajún del norte de Perú, señala que las organizaciones están estudiando para comprender la mecánica de los mercados de carbono para no ser estafadas en los contratos, y dice que no cree que las empresas de extracción deberían poder comprar bonos debido a su papel en el calentamiento global.

“Están intentando dividirnos. Los piratas del carbono entran a las comunidades, pero muchas veces no sabemos de dónde vienen, cómo trabajan o quiénes son”, explica. “Es un gran problema. Algunas de estas ONG son fantasmas, trabajan en la clandestinidad. No creo que deberíamos vender los bonos a las petroleras o a las empresas mineras. Ellos son los que causan el daño”.

Levi Sucre Romero, líder costarricense de la comunidad bribri, comentó en una entrevista reciente con la revista Yale e360 que, en su opinión, la ampliación de las áreas protegidas acordada en la COP15 podría ser una gran oportunidad para las comunidades indígenas. No obstante, explica a The Guardian, el respeto de los territorios indígenas y la obtención de una participación en los beneficios derivados de los contratos sobre el carbono deben formar parte de cualquier mercado.

“Nos estamos organizando a nivel mundial, desde el Congo hasta el Amazonas. Lo primero que se debe reconocer es el derecho a la tierra, nuestro derecho a ser consultados, no solo a nivel central sino local. También necesitamos la representación política de que somos nosotros los que cuidamos el bosque. Donde hay bosques, hay comunidades indígenas”, indica.

Las comunidades indígenas representan alrededor del 5% de la población mundial, pero cuidan el 80% de la biodiversidad del planeta. Sin embargo, las comunidades sufren con frecuencia violaciones de sus derechos y ataques, muchas veces por parte de empresas mineras ilegales, madereras y narcotraficantes.

Julio Cusurichi, líder indígena shipibo de la región peruana de Madre de Dios que ganó el premio Goldman en 2007, dice que el dinero de los bonos de carbono podría ayudar a pagar la mejora de la educación y las instalaciones de salud mediante una planificación cuidadosa, pero que en demasiadas ocasiones esto no sucede.

“Es importante reforzar las estructuras de las comunidades indígenas (como parte de estos proyectos de compensación de emisiones). Esta cuestión de los piratas del carbono está ocurriendo en todo el Amazonas. Pueden ser proyectos con plazos de 30, 40 o 100 años. Quien tiene el dinero, tiene el poder”, dice.