Realeza británica: ¿Quién posee y quién se beneficia de los ducados de Lancaster y Cornualles?

Los ducados de Lancaster y Cornualles son dos vastos imperios inmobiliarios que generan ingresos privados para el monarca y su heredero hombre, respectivamente.

The Guardian reveló cómo el dinero que la reina Isabel II y el príncipe Carlos obtuvieron de ellos aumentó vertiginosamente en las últimas décadas: ambos extrajeron de sus propiedades el equivalente en moneda actual a 1.2 millones de libras en los últimos 70 años.

El nuevo heredero al trono, el príncipe Guillermo, como príncipe de Gales y duque de Cornualles, puede esperar percibir unos ingresos similares. Existe poca transparencia respecto a cómo se gasta el dinero procedente de los ducados. El palacio de Buckingham insiste en que los ducados son propiedades “privadas”, y el actual gobierno del Reino Unido coincide con ello.

Sin embargo, durante siglos ha existido un intenso debate sobre a quién le pertenecen realmente los ducados y quién tiene derecho a sus ganancias: la realeza o el pueblo.

1265

Los orígenes del ducado de Lancaster se remontan a finales del siglo XIII y a una revuelta emprendida por los señores feudales que pretendían limitar los poderes del rey y adquirir cierta representación. Cuando Enrique III venció a la revuelta en 1265, se apropió de las tierras de los principales rebeldes, ubicadas sobre todo en el norte de Inglaterra, y se las entregó a su segundo hijo superviviente, Edmundo. El patrimonio de Lancaster se heredó a través de la línea sucesoria de Edmundo, y su nieto fue nombrado primer duque de Lancaster en 1351.

1337

El ducado de Cornualles fue creado por el rey Eduardo III para su hijo mediante un decreto, o declaración legal de derechos, que establecía que cada futuro duque de Cornualles sería el hijo mayor del monarca y heredero hombre al trono, y que disfrutaría de los ingresos de las propiedades del ducado pero que no podría vender sus activos. Las tierras que componían el ducado de Cornualles se concentraban en el suroeste de Inglaterra. Aunque la ley de sucesión cambió en 2013 a fin de conceder a hijos e hijas los mismos derechos al trono, el ducado de Cornualles no se ha adaptado a este cambio; en la actualidad, solo pueden heredarlo los herederos hombres. Cuando no hay heredero, el ducado regresa al monarca.

1399-1485

Enrique IV estableció por decreto en 1399 que el ducado de Lancaster estaba vinculado a la corona como propiedad privada del monarca. Otro decreto creado por Enrique VII en 1485 afirmaba el derecho del monarca a poseer el ducado de Lancaster como propiedad separada de otras tierras de la corona, que pasaría a los herederos como una herencia independiente.

1649

La reivindicación legal de la realeza sobre los ducados, basada en decretos anteriores, se vio interrumpida, durante un breve pero dramático periodo, en el siglo XVII. Las guerras civiles inglesas entre monárquicos y diputados condujeron al derrocamiento de la monarquía y a la ejecución de Carlos I en 1649. Oliver Cromwell confiscó los ducados y las tierras de la corona, y se procedió a la venta de sus bienes con el fin de recaudar fondos para la nueva mancomunidad. Se trató de un breve período de tiempo sin soberano en el que la riqueza real pasó a manos de la nación. El parlamento aprobó una ley que prohibía que los herederos del rey poseyeran bienes de la corona, anulando así el estatus de los ducados como herencia privada. No obstante, los ducados regresaron a manos reales 11 años después, tras la restauración de la monarquía con Carlos II.

1760

En un acuerdo histórico, el rey Jorge III aceptó en 1760 ceder al Estado la principal fuente de riqueza real –sus ingresos procedentes de las tierras de la corona–. A cambio, el parlamento acordó financiar la casa real con un pago anual, conocido como “civil list” (lista civil), y eximir al monarca de la deuda nacional y de los gastos de gobierno. El ducado de Cornualles quedó excluido del acuerdo y el de Lancaster no fue mencionado en absoluto, tal vez debido a que sus ingresos eran muy escasos, pues estuvo casi en quiebra durante la mayor parte del siglo, gracias a que monarcas anteriores vendieron sus activos o concedieron arrendamientos a cambio de favores políticos.

1830

Guillermo IV se convirtió en rey en 1830, a la edad de 64 años y en un momento de agitación política. Los radicales exigían un cambio parlamentario que permitiera ampliar el sufragio más allá de una pequeña élite de terratenientes y que otorgara representación a las nuevas ciudades industriales. El costo de la corona se convirtió en uno de los puntos centrales de disputa. El rey pronunció un discurso en el que cedía “todos sus ingresos hereditarios” al Estado. Los whigs, el principal partido de la oposición, que estaban a favor de la supremacía parlamentaria, argumentaron que esto debía incluir los ingresos procedentes de los dos ducados. La venta de la finca de Lancaster “beneficiaría enormemente a los ingresos públicos”, comentó el principal miembro de este partido ante el parlamento. La disputa sobre la lista civil y el cambio político hicieron caer al gobierno conservador. No obstante, una vez en el gobierno, los whigs acordaron un compromiso: a cambio del apoyo del rey para la Ley de Reforma de 1832, se aprobaría la lista civil y la realeza podría conservar los ducados.

1837

Con una joven reina, Victoria, que accedía al trono, la reclamación de la monarca sobre los ingresos procedentes de los ducados volvió a ser objeto de un intenso debate en el parlamento, en el que el ministro de Hacienda y muchos otros diputados querían que se destinara el dinero al erario público. La oposición whig pedía “el derecho del parlamento a investigar y a apropiarse de los ingresos del ducado de Cornualles y del ducado de Lancaster”. No era necesario “investigar la historia antigua de esta propiedad”, se dijo a los diputados, porque la máxima autoridad legal del país, el anterior lord canciller, recientemente “había declarado que consideraba que estos ingresos eran de propiedad pública”. Los diputados de la oposición señalaron que “se había renunciado a todos los demás tipos de ingresos hereditarios de la Corona” y que los ducados solo quedaban excluidos a causa de “algunos derechos feudales bárbaros que la gente decidió asociar al tema”.

1838

El palacio logró argumentar que la apropiación de los ingresos de los ducados no supondría ningún ahorro para el erario público, no obstante, para satisfacer a sus críticos, se aprobó la Ley sobre el Ducado de Cornualles y el Ducado de Lancaster, que consagraba el derecho del parlamento a examinar anualmente las cuentas de los ducados. Se podía decir que los ducados eran privados pero públicos al mismo tiempo, una ambigüedad que los monarcas sucesores se esforzarían por conservar.

1865

Un comité parlamentario analizó si las ganancias de los ducados se habían vuelto excesivas y si deberían ser entregadas a Hacienda. El entonces primer ministro, Earl Russell, y el canciller, William Gladstone, apoyaron dicha investigación, no obstante, la reina expresó claramente su oposición y no prosiguió el asunto. Antes de su muerte en 1861, el consorte de la reina, el príncipe Alberto, gestionó los ducados de forma más eficiente que en el pasado, lo cual incrementó sus ganancias de forma drástica. Algunos diputados plantearon preguntas en años posteriores sobre si el dinero ahorrado por la reina gracias a la lista civil había sido absorbido por el patrimonio real privado. Uno de ellos comentó al parlamento que “en una monarquía limitada, que la familia reinante llegue a poseer una gran fortuna privada, constituye un peligro constitucional de primera magnitud”.

1901

Eduardo VII se convirtió en rey y, en la ya habitual disputa respecto a los ducados, el gobierno consideró si estos deberían ser absorbidos por el patrimonio de la corona, el cual, de hecho, funcionaba como una división de recaudación de ingresos de Hacienda. Una vez más, el palacio se opuso con éxito a esta medida.

1910

El rey Jorge V, al igual que su predecesor, rechazó las impugnaciones presentadas contra los ingresos del ducado. También convenció a Hacienda de que lo eximiera de pagar el impuesto sobre la renta, en un acuerdo según el cual el rey pagaba los gastos de las visitas de jefes de estado extranjeros.

1936

El país se encontraba sumido en la Gran Depresión y el desempleo masivo cuando Eduardo VIII accedió al trono, por lo que la riqueza de la familia real se vio sometida a un nuevo escrutinio. El líder de la oposición, el laborista Clement Attlee, introdujo una enmienda en el proyecto de ley de la lista civil que pedía la renuncia real a los ducados a cambio de la concesión de una suma anual acorde al costo real de las funciones reales. Los ducados eran “supervivencias históricas y no pueden ser considerados de ningún modo como propiedades privadas”, comentó a los diputados. “Es sumamente indeseable que los ingresos personales del soberano procedan de alguna forma del tipo de propiedades que pueden llegar a ser objeto de controversia”. La enmienda fue rechazada por 202 votos contra 95.

1971

Los diputados examinaron las finanzas reales a través de un comité selecto. Los documentos de Hacienda muestran que los funcionarios recomendaron que el gabinete discutiera si estaban de acuerdo con la corona en que estos ingresos eran verdaderamente “inviolables”, es decir, que no se podía cambiar su estatus. No obstante, ante el deterioro de las relaciones laborales, no se trató de una prioridad del gobierno. A principios del año siguiente, el diputado republicano laborista Willie Hamilton presentó un proyecto de ley particular que pretendía nacionalizar los ducados y las tierras de la corona. Fue rechazado, pero contó con el apoyo de más de 100 diputados.

1989

Se creó un grupo oficial de Hacienda encargado del futuro de la lista civil con el fin de “determinar el costo total de las funciones desempeñadas por el jefe del Estado” y evaluar “las distintas fuentes de ingresos disponibles para sufragar dichos gastos”. Las actas de los Archivos Nacionales, marcadas como “confidenciales”, revelan que se debatió la idea de sustituir la lista civil y que se cuestionó el estatus de los ingresos procedentes de los ducados, pero que el palacio lo defendió. No obstante, el grupo preguntó: “el patrimonio incluye los ingresos procedentes de los ducados… ¿cómo se tratarán dichos ingresos en el futuro?”.

2005

El comité de cuentas públicas, presidido por el diputado conservador Sir Edward Leigh, examinó los ducados. Una de sus recomendaciones fue: “Debería realizarse una evaluación de hasta qué punto los excedentes de los dos ducados se ajustan a las necesidades respectivas de los hogares de la reina y del príncipe de Gales. Las disposiciones actuales se remontan al siglo XIV, y los ingresos consiguientes son, en esa medida, un accidente de la historia. Después de más de 600 años, parece sensato que Hacienda analice si estas disposiciones siguen siendo adecuadas para las circunstancias actuales”.

2011

El primer ministro, David Cameron, y su canciller, George Osborne, aprobaron una ley para sustituir la lista civil de financiamiento de la realeza por un nuevo sistema, denominado subvención soberana. La Casa Real recibía de Hacienda una cantidad equivalente inicialmente al 15% de los ingresos netos anuales derivados del patrimonio de la Corona. El dinero procedía del erario público, aunque el acuerdo vinculaba el financiamiento de la realeza al patrimonio de 16.5 millones de libras que sus antepasados cedieron 250 años atrás. Osborne eliminó efectivamente los ducados del debate, comunicando a los diputados: “Es un principio arraigado desde hace mucho tiempo del sistema que sus finanzas privadas, por ejemplo, de los ducados de Lancaster y Cornualles, son su dinero privado”.

2017

Una inmensa filtración de documentos sobre paraísos fiscales conocida como los Paradise Papers permitió que The Guardian y la cadena británica BBC mostraran que el ducado de Lancaster poseía millones de libras en un fondo creado en las Islas Caimán. También se reveló que el ducado de Cornualles había invertido millones de libras en fondos y empresas offshore, entre ellas una empresa registrada en las Bermudas dirigida por un amigo del príncipe Carlos. El palacio informó que se habían cancelado las inversiones offshore en 2019.

2022-2023

La muerte de la reina provocó un cambio inmediato en la propiedad. El ducado de Lancaster pasó al rey Carlos y el ducado de Cornualles pasó al príncipe Guillermo. Como heredero hombre, Guillermo se convierte automáticamente, al menos en teoría, en multimillonario. A diferencia de lo que ocurrió durante el acceso al trono de tantos monarcas anteriores a lo largo de los siglos, hay muy pocos indicios de inquietud pública o rebelión parlamentaria respecto a las cantidades, ahora sin precedentes, que el monarca y el heredero obtienen de sus propiedades.

Fuentes: Ducado de Lancaster; Ducado de Cornualles; debates parlamentarios de Hansard; informes del comité de cuentas públicas; Archivos Nacionales; History of the Duchy of Lancaster de Robert Somerville (impresión privada, British Library); The Queen’s True Worth de David McClure (Lume Books 2020).