Cómo la familia real británica oculta su riqueza al escrutinio público

¿Cuánto dinero les costará a los ciudadanos británicos la coronación del rey Carlos III? ¿Qué tipo de impuestos pagará el nuevo rey por sus ingresos privados? ¿A cuántos compromisos asistieron los “miembros activos de la realeza”, como los duques de Gloucester y Kent, en los últimos cinco años? ¿Cuánto se les pagó? ¿Cuánto pagan de renta las princesas Beatriz y Eugenia, que no son miembros activos de la realeza, por sus residencias en palacios reales?

En las últimas semanas, The Guardian le hizo todas estas preguntas al palacio de Buckingham. Las respuestas se reducen a “pregunte a otra persona”, “averígüelo usted mismo” o, simplemente, “no tiene derecho a saberlo”. Nosotros nos permitimos disentir.

Los obituarios de la reina Isabel II elogiaban unánimemente su serena administración del reino o su supuesta no interferencia en la política británica. Ninguno mencionaba otro rasgo distintivo de su reinado: el arraigado secretismo, el cual originó una cultura en la que el pueblo británico se ve privado de la información más básica sobre la monarquía.

Está prohibido divulgar la correspondencia mantenida con el monarca o el heredero, ya sea trascendental o inofensiva. Está prohibida la crítica parlamentaria contra la conducta de los miembros de la familia real, independientemente de su deshonra. El palacio señala que los archivos reales –el almacén de la historia de nuestra monarquía constitucional– están disponibles para “cualquier investigador serio”. Sin embargo, son propiedad privada de los Windsor, que conceden su autorización antes de que los investigadores puedan examinarlos.

En ningún otro ámbito la realeza se niega tan ferozmente a dejar entrar la luz como en los asuntos financieros. Incluso los testamentos de los miembros más desconocidos de la familia están censurados por decreto judicial. Los miembros de la realeza guardan con recelo los secretos de su riqueza financiera, insistiendo en que es “privada”, incluso cuando es evidente que surge de sus funciones públicas.

No se debe restar mérito a los logros de Isabel II para constatar cómo esta adicción al secretismo permitió que arraigaran las prácticas más inaceptables y corrosivas. En los últimos tres años, documentos oficiales descubiertos por The Guardian revelan el modo en que la reina y sus asesores abusaron en repetidas ocasiones del procedimiento del consentimiento de la Corona para alterar en secreto las leyes británicas, inclusive, en 1973, en el marco de un exitoso intento de ocultar a la opinión pública su “vergonzosa” riqueza privada.

Al menos hasta 1968, y muy probablemente después, la casa de Isabel II no designó a “inmigrantes o extranjeros de color” para funciones administrativas, aunque sí se les permitió trabajar como personal de servicio doméstico. Incluso en la actualidad, el palacio de Buckingham insiste en que únicamente cumple la ley contra la discriminación de forma voluntaria. ¿El rey aprueba esto? ¿Qué otros abusos quedan por revelar? ¿Y cómo saldrán a la luz si la monarquía está exenta de la Ley de Libertad de Información (FoI)?

Hoy, The Guardian lanza Cost of the crown (El precio de la corona), una investigación sobre la riqueza y las finanzas de la realeza. En los próximos días y semanas, nuestros reportajes revelarán información de interés público sobre las fortunas que los miembros de la realeza han acumulado discretamente gracias a su función pública. Nuestros reportajes también demostrarán el enorme reto que supone obtener las respuestas de las preguntas más sencillas.

Consideremos, por ejemplo, la cuestión de cuánto dinero público se destina a la seguridad de la familia real. El gobierno, con frecuencia aliado del monarca en cuestiones de secretismo, afirma que la simple divulgación de una cifra total para toda la familia, sin proporcionar más detalles, constituiría una amenaza inaceptable para su seguridad.

Se niega a explicar este argumento de forma detallada, o el motivo por el que los jefes de Estado de otros países desarrollados, entre ellos los presidentes de Francia y Estados Unidos, pueden publicar detalles sobre los costos de su seguridad

En cambio, la solicitud de FoI para que se revelaran los gastos de seguridad de la realeza británica fue rechazada, primero por el ministerio del Interior y después, en apelación, por la Oficina del Comisario de Información, lo cual obligó a The Guardian a encargar a sus abogados el mes pasado que presentaran una nueva apelación ante el tribunal de información. Decir que se necesitarán meses para obtener una respuesta sería ser optimistas.

Nuestro colega Rob Evans necesitó 10 años y un viaje a la Corte Suprema para lograr que se hicieran públicos los “black spider memos” (“memorándums de la araña negra”) del príncipe Carlos, que mostraban cómo el heredero al trono presionó a altos ministros del gobierno respecto a todo tipo de temas, desde el sacrificio de tejones hasta las medicinas alternativas elaboradas con hierbas. El gobierno destinó más de 400 mil libras (unos 9 millones de pesos) en gastos legales en su intento finalmente fallido de mantener los memorándums en secreto.

El problema no afecta únicamente a los periodistas. Académicos, biógrafos, archivistas, activistas, ciudadanos curiosos e incluso diputados que buscan información básica se ven privados de respuestas claras. Rory Cormac y Richard Aldrich, historiadores de los servicios de inteligencia de Gran Bretaña, están muy familiarizados con el secreto oficial cuando está justificado.

“Richard y yo hemos pasado toda nuestra carrera intentando escribir historias del MI5 y el MI6”, comentó Cormac. “Comprendemos perfectamente la necesidad de mantener el secreto en torno a los servicios de inteligencia. Pasamos nuestro tiempo revisando archivos, intentando juntar fragmentos de material desclasificado, para llegar a algo históricamente preciso. Pensamos que los servicios de inteligencia son el Estado secreto. Sin embargo, son como WikiLeaks comparados con la familia real“.

¿Qué tan duro trabajan los miembros de la realeza por su dinero?

En 1993, el gobierno de John Major publicó un informe oficial sobre el gobierno público que se adelantó a su tiempo al proponer la idea de una ciudadanía informada, incluso sobre los asuntos de la realeza. En él se indicaba: “Los archivos relativos a la familia real serán tratados de la misma manera que todos los demás archivos”.

El año anterior, la reina Isabel II reconoció en un discurso pronunciado en el Guildhall de la City de Londres que “ninguna institución –City, monarquía, la que sea– debería esperar quedar libre del escrutinio de quienes le profesan su lealtad“.

La transparencia de estos compromisos provoca que el secretismo mantenido durante las décadas siguientes resulte aún más sorprendente. Un ejemplo contundente es la creación de la subvención soberana, el acuerdo de financiamiento introducido en 2011 por el gobierno de coalición de David Cameron.

El anterior sistema de financiamiento de la realeza, un instrumento llamado civil list (lista civil), estaba vigente desde el siglo XVIII. A pesar de todos sus defectos, este instrumento proporcionaba al parlamento un desglose de la cantidad de dinero que se debía pagar a cada miembro de la familia. Y les brindaba a los representantes electos del pueblo británico la oportunidad de debatir periódicamente cuánto dinero de los contribuyentes debía entregarse al monarca no elegido.

En virtud de la subvención soberana, los fondos públicos concedidos a la realeza se determinan en proporción a las ganancias del patrimonio de la corona. Esto ha resultado ser un golpe financiero para la realeza, que renunció al patrimonio de la corona en 1760.

Los Windsor ya no tienen que soportar el ritual de la lista civil de diputados que debaten cuánto deberían recibir. El acuerdo resultó ser generoso (86 millones de libras este año, unos mil millones de pesos) y la expectativa de registrar una ganancia inesperada en el patrimonio de la corona puso al rey en la envidiable posición de tener que pedir una reducción en los pagos futuros.

No obstante, nuestro intento de descubrir con precisión qué funciones públicas desempeñaron los miembros de la realeza a cambio de todo este dinero no fue nada sencillo. El palacio remitió a los periodistas al boletín de la circular de la corte, el registro oficial de sus actividades. Sin embargo, la información solo está disponible en ediciones diarias, sin cifras totales y sin posibilidad de buscar con facilidad qué actividades han realizado los miembros de la realeza en los últimos años.

Para averiguarlo, primero tuvimos que conducir hasta la villa de Datchet, en el condado de Berkshire, y la casa de Tim O’Donovan, un amable corredor de seguros jubilado que ha pasado los últimos 44 años recopilando sus propios registros impresos de estos compromisos; unos archivos que generosamente accedió a compartir. Le encargamos a un equipo de ingenieros informáticos que creara un programa de aprendizaje automático para que leyera el mayor número posible de circulares digitalizados y los analizara en un intento de encontrar respuestas.

Si el Reino Unido va a tener una familia real como jefa de Estado, seguramente sus ciudadanos deberían poder acceder con mayor facilidad a la información sobre qué es exactamente lo que hacen por ellos.

¿Qué información se oculta a la opinión pública británica?

La desigualdad entre el trato que dispensamos a las figuras públicas normales y a aquellas que por casualidad tienen sangre real se hace evidente cuando fallecen. Según la legislación británica, los testamentos son públicos, en parte para evitar fraudes o malas prácticas por parte de los albaceas. No obstante, los jueces suelen sellar los testamentos de la familia real. El acontecimiento histórico que originó esta costumbre fue el encubrimiento de un escándalo sexual de la realeza.

Hasta 1911, los testamentos de la familia Windsor –salvo los de algún monarca– eran públicos, como los de cualquier otra familia británica. El poder judicial comenzó a censurarlos a petición de la reina María tras la muerte de su hermano, Francisco de Teck, con el objetivo de ocultar a la opinión pública la decisión de este último de heredarle joyas a una mujer con la que tenía una aventura.

“La reina María quería que las devolvieran”, explica Michael Nash, profesor de constitución británica en la Universidad de East Anglia. “Llamó a sus asesores legales y les dijo: No quiero que nadie se entere de esto. Por lo que sellaron el testamento“.

Desde entonces, los miembros de la familia pueden solicitar que se oculten sus testamentos, debido a su linaje. Los documentos oficiales revelan que altos funcionarios del gobierno tenían serias dudas respecto a la base legal de este proceso hace medio siglo, pero ha continuado sin interrupción.

Tras la muerte del príncipe Felipe en 2021, el presidente del tribunal familiar, Sir Andrew McFarlane, llevó a cabo una audiencia secreta de la que, en efecto, se excluyó a los medios de comunicación. El juez no se limitó únicamente a dictaminar que se debería sellar el testamento de Felipe, sino que anunció que, en adelante, los testamentos de todos los miembros de la realeza de alto rango deberían ser secretos durante un mínimo de 90 años.

McFarlane no explicó completamente cómo determinó esta cifra de 90 años en la sentencia; dicha cifra supera casi cinco veces el nivel normal de secreto que se aplica a los documentos gubernamentales. Significa que si Catalina, princesa de Gales, vive tanto tiempo como su abuelo político, su testamento no podrá ser revelado hasta el año 2171. Una vez transcurrido ese lapso, se podría hacer público su testamento. Sin embargo, según la sentencia de McFarlane, solo sería posible con el permiso de los Windsor.

Cuando se hizo pública la sentencia de McFarlane, The Guardian contrató a un grupo de abogados para presentar una demanda legal, no por la decisión de sellar el testamento, sino por la exclusión de los medios de comunicación durante la audiencia, alegando que era contraria al principio de publicidad procesal. Perdimos el caso, después de que el tribunal de apelación fallara que los medios de comunicación no tenían derecho a ser notificados sobre el asunto.

En su sentencia, los jueces observaron que la publicidad de la audiencia habría comprometido la necesidad de preservar la dignidad de la reina y la privacidad de su familia.

Los Archivos Nacionales citan la sentencia de McFarlane para justificar la prohibición impuesta a los investigadores de acceder a otros expedientes públicos relacionados con la riqueza de la familia real. Cuatro archivos que solicitó The Guardian sobre las herencias de miembros poco conocidos de la familia –Elena, duquesa de Albany; Alastair, duque de Connaught y Strathearn; la princesa Victoria, y el príncipe Arturo de Connaught– ahora están sellados.

Preguntas difíciles para el rey

El año pasado, el veterano locutor David Dimbleby, que fue el encargado de comentar en la cadena BBC el funeral de la reina, rompió la tradición al expresar una opinión que algunos podrían catalogar como política. Hablando en un festival literario, se quejó de los intentos del palacio de Buckingham de guiar la cobertura de la cadena estatal, y se quejó de que la BBC tenía un “viejo resentimiento respecto a la monarquía”.

La corporación, señaló, “no abordaría temas como el poder que tiene el palacio para cambiar la legislación fiscal”, o preguntar si el ducado de Cornualles, una cartera de negocios que genera polémicas ganancias para el príncipe de Gales, debería pagar impuestos.

“Todos esos temas nunca los toca la BBC porque creo que piensan que a sus espectadores no les va a gustar, un sentimiento visceral”, comentó. “No es descortés cuestionar, no es grosero, es importante, porque la forma en que nos gobiernan es importante, y la forma en que funciona nuestra Constitución es importante“.

En las próximas semanas, la serie Cost of the crown planteará preguntas difíciles al nuevo rey. Preguntas sobre el enriquecimiento personal de su familia y hasta qué punto han obtenido ganancias de sus funciones públicas. Preguntas sobre el dudoso origen de una parte de su riqueza. Y preguntas sobre si los ciudadanos obtienen una buena relación calidad-precio por las cantidades récord que aportan cada año para financiar a los Windsor y su suntuoso estilo de vida.

El palacio de Buckingham argumenta que los acuerdos financieros de la realeza deberían “seguir siendo privados, como lo serían en el caso de cualquier otra persona”. No obstante, el velo que envuelve estas cuestiones se deriva de la confusión que existe en torno a lo que puede considerarse legítimamente patrimonio privado de la realeza, a lo que le pertenece al pueblo británico y a lo que, como ocurre con frecuencia, oscila ambiguamente entre ambos.

No se trata de temas fáciles de abordar para el rey Carlos. Es posible que prefiriera que no los planteáramos en vísperas de su coronación. Pero creemos que el momento es oportuno.

Equipo de reporteros de Cost of the crown: David Pegg, Rob Evans, Maeve McClenaghan, Felicity Lawrence, Henry Dyer, Severin Carrell, Manisha Ganguly, Rupert Neate, Greg Wood, Harry Davies, David Conn, Aamna Mohdin, Lucy Hough, Maya Wolfe-Robinson y Richard Nelsson.