Defensores del medio ambiente bajo asedio en México y Centroamérica

Una serie de ataques contra defensores del medio ambiente dejó a comunidades indígenas y rurales de México y Centroamérica tambaleándose ante la falta de protección gubernamental y la impunidad generalizada.

Al menos dos docenas de defensores han sido asesinados, han desaparecido y han sido encarcelados en toda la región en lo que ha transcurrido del año, según revela una investigación de The Guardian.

El miércoles, el activista por los derechos de los indígenas y contra la minería Eustacio Alcalá Díaz fue hallado muerto en Michoacán, México, tres días después de que hombres armados lo secuestraran cuando viajaba con misioneros católicos.

Díaz, que lideró una campaña legal para detener a una empresa minera transnacional –y ganó–, fue el noveno defensor asesinado o desaparecido en México en lo que ha transcurrido del año.

En toda la región, otras personas han sido objeto de acoso, amenazas y acusaciones penales en represalia por oponerse al acaparamiento de tierras y agua vinculado a la actividad minera, las presas y la agricultura industrial, lo que consolida la clasificación de la región como una de las más peligrosas del mundo para los defensores del medio ambiente y del derecho a la tierra.

Aunque el contexto específico de la represión difiere de un país a otro, los expertos señalan que una combinación tóxica de impunidad, corrupción y crimen organizado ha permitido –e incluso fomentado– la imposición de industrias extractivas como la minería, la energía y los cultivos de plantación en regiones donde las comunidades dependen de la tierra y de las fuentes de agua para prosperar.

En toda la región, las autoridades no consultan a la población local respecto al uso del suelo y los grandes proyectos de infraestructuras, lo cual provoca protestas y oposición que ponen en peligro la seguridad de los líderes comunitarios, explicó Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores del medio ambiente.

“Todos sabemos demasiado bien que la mayoría de los crímenes y ataques cometidos contra los defensores del medio ambiente permanecen en gran medida impunes, dejando a las víctimas y a sus familias en una situación de gran aflicción y transmitiendo el mensaje de que ciertas vidas valen menos que las ganancias económicas (…) las raíces de los conflictos se encuentran muchas veces en la exclusión (por parte de gobiernos y empresas) de las comunidades posiblemente afectadas por las decisiones relativas a sus tierras y recursos naturales”, comentó Forst a The Guardian.

El aumento de los ataques contra ecologistas y activistas de los derechos sobre la tierra se produce en un momento en que el Estado de derecho y la democracia se encuentran amenazados en gran parte de la región, a medida que los dirigentes políticos refuerzan la militarización y las políticas económicas neoliberales.

Los derechos constitucionales están parcialmente suspendidos a causa del estado de emergencia en El Salvador y Honduras; en Guatemala, una red de élites políticas, económicas y militares corruptas está desmantelando sistemáticamente el sistema de justicia; y en México, los medios de comunicación, los grupos de defensa de los derechos y el sistema electoral independiente son objeto de continuos ataques por parte del presidente.

Tras la crisis económica provocada por el Covid-19, los gobiernos de toda la región recurren a industrias extractivas como la minería y los cultivos industriales con la esperanza de conseguir la tan necesaria inversión extranjera, a pesar de las advertencias sobre la disminución de los recursos de tierra y agua.

La región del Bajo Aguán, en el norte de Honduras, es la más letal de la región, donde seis hombres vinculados a una arraigada lucha por la tierra entre conglomerados de palma africana y donde campesinos pobres han sido asesinados desde finales de diciembre.

“La violencia se intensificó en respuesta a nuestras demandas de justicia en el Aguán, mediante una campaña coordinada de asesinatos de campesinos cuyo objetivo es generar terror”, señaló Yoni Rivas, un líder campesino que desde hace años es perseguido por grupos paramilitares vinculados a magnates de la palma africana y a jefes militares. “Es la misma estructura criminal agroindustrial de siempre, que intenta crear una falsa narrativa de que la violencia se debe a conflictos internos”.

Los asesinatos no han cesado mientras el gobierno afirma que está trabajando en la búsqueda de una solución a largo plazo para resolver la disputa existente desde hace décadas entre los conglomerados de la palma africana y los campesinos.

Con el reciente repunte, ya son más de 180 los campesinos asesinados desde el golpe de Estado de Honduras de 2009, con más del 95% de los casos sin resolver. Muchos más han huido o se han retirado de la lucha por temor a perder la vida, mientras que otros se han convertido en cómplices.

Dos protectores del agua también fueron asesinados en el Bajo Aguán este año. En enero, Aly Domínguez, de 38 años, y Jairo Bonilla, de 28, cofundadores de la resistencia comunitaria de Guapinol contra una mina de hierro que es propiedad de una de las parejas más poderosas del país, fueron asesinados con arma de fuego a plena luz del día.

Los grupos de defensa de los derechos se sienten cada vez más frustrados con la presidenta Xiomara Castro, la líder aparentemente izquierdista que sustituyó al gobierno narco de 12 años tras el golpe de Estado ocurrido en enero de 2022, pero que esta semana amplió el estado de emergencia del país.

En México, 2023 tuvo un terrible comienzo cuando el defensor de los derechos de los indígenas amuzgos Remigio de la Cruz fue asesinado con arma de fuego en su domicilio en Guerrero el 1 de enero. Doce días después, miembros del cartel Jalisco Nueva Generación emboscaron y asesinaron a Isaúl Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano, guardias comunitarios de Santa María Ostula, una comunidad nahua de Michoacán que desde 2009 intenta defender su territorio contra los grupos criminales.

El 15 de enero, en la misma región sierra-costa de Michoacán, el abogado Ricardo Lagunes Gasca y el líder indígena Antonio Díaz Valencia fueron secuestrados por hombres armados tras asistir a una reunión comunitaria contra la explotación minera. Ambos siguen desaparecidos y sus familiares han denunciado la falta de actuación de las autoridades: “Su deber era encontrarlos pronto y con vida, y no lo hicieron”, señaló Antoine Lagunes, hermano de Ricardo.

Michoacán se ha convertido en el estado más peligroso para los defensores del medio ambiente y de la tierra en México, en medio de una impunidad casi absoluta para los perpetradores y autores intelectuales motivados por los recursos naturales –minerales, bosques, ríos– que se concentran en los territorios indígenas, señaló Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Varias de las víctimas se encontraban bajo “medidas de protección” del Estado, debido a las amenazas relacionadas con su activismo.

“Las cifras son escandalosas, los gobiernos deben adoptar medidas más rigurosas y coherentes para detener la curva ascendente de la violencia (…) que tiene como objetivo intimidar a los defensores para que renuncien y abandonen su tierra, su territorio y su comunidad”, indicó Cortez.

Un atisbo de buenas noticias surgió el mes pasado, cuando el líder indígena wixárika Santos de la Cruz Carrillo fue liberado después de que unos desconocidos lo secuestraran junto con su esposa y sus hijos durante 40 horas en la Sierra de Durango, en el norte de México. El secuestro pareció ser una represalia por una excepcional victoria wixárika, ya que solo una semana antes De la Cruz celebró la restitución de 11 mil hectáreas de tierras ancestrales arrebatadas ilegalmente a su comunidad hace más de cinco décadas.

“No quiero profundizar demasiado en los hechos, se trata de un asunto muy delicado y realmente complejo”, comentó De la Cruz, de 43 años, tras su liberación. “Afortunadamente estamos a salvo y vivos”.

En El Salvador, cinco líderes comunitarios que desempeñaron un papel crucial en la consecución de una histórica prohibición de la actividad minera en El Salvador fueron detenidos en enero por presuntos crímenes relacionados con la época de la guerra civil, en lo que grupos de defensa de los derechos temen que sea una trampa del gobierno destinada a debilitar a la oposición en su intento de revocar la prohibición.

Los activistas contra la actividad minera, a quienes se les niega la libertad bajo fianza y el acceso a sus familias y abogados, forman parte de los 66 mil salvadoreños que fueron detenidos durante el año que duró el estado de emergencia.

Los recursos hídricos de El Salvador se encuentran en un estado precario debido a la contaminación industrial descontrolada y a la construcción, y varios protectores del agua fueron acusados recientemente de allanamiento tras haber denunciado supuestas irregularidades en los permisos medioambientales de un nuevo complejo residencial.

“Hay mucha evidencia de que el gobierno está buscando revertir la prohibición minera de 2017, mientras crea condiciones para aumentar la persecución contra las organizaciones ambientalistas”, señaló Pedro Cabezas, coordinador de la Alianza Centroamericana frente a la Minería, con sede en El Salvador.

La penalización –pervertir el sistema judicial para silenciar o debilitar la oposición a los abusos del Estado y las empresas– se aplica cada vez más contra los defensores del medio ambiente. En el país vecino, Guatemala, se ha registrado un aumento exponencial de cargos penales falsos presentados contra líderes comunitarios e indígenas que se oponen a proyectos destructivos para el medio ambiente, según los datos recopilados por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, conocida por su acrónimo UDEFEGUA.

“Los incidentes de difamación, estigmatización, discurso de odio y denuncias penales arbitrarias aumentaron al menos tres veces desde 2018 aproximadamente”, señaló Jorge Santos, coordinador de UDEFEGUA. “Actualmente en Guatemala, la principal estrategia represiva dejó de ser la violencia física y el asesinato para comenzar a matar civilmente a las personas”.