Pandilleras encerraron a las mujeres en las celdas antes del incendio en la cárcel de Honduras

Los miembros de una pandilla en una cárcel de mujeres en Honduras masacraron a otras 46 reclusas al dispararles con armas de fuego, machetearlas y al encerrar a las sobrevivientes en sus celdas antes de rociarles líquido inflamable, informó un oficial de policía de alto rango.

La matanza perpetrada en el motín del martes constituyó la peor atrocidad que se recuerda en una cárcel de mujeres; la intensidad del incendio dejó las paredes de las celdas ennegrecidas y las camas reducidas a retorcidos montones de metal.

“Un grupo de personas armadas se dirigió al pabellón de una pandilla rival, cerró las puertas, abrió fuego contra las personas que se encontraban dentro y, al parecer –todavía se está investigando esto–, utilizó algún tipo de aceite para prenderles fuego”, explicó Juan López Rochez, jefe de operaciones de la Policía Nacional del país.

La presidenta, Xiomara Castro, señaló que el motín perpetrado el martes en la cárcel de la localidad de Támara, ubicada a unos 50 kilómetros al noroeste de la capital de Honduras, fue “planeado por las maras (pandillas) bajo el conocimiento y consentimiento de las autoridades de seguridad”.

Mientras los equipos forenses identificaban más restos el miércoles, los hondureños también preguntaban cómo los miembros de la pandilla Barrio 18 pudieron introducir clandestinamente armas y machetes en la prisión, así como moverse libremente entre los pabellones de celdas. Después del motín se encontraron dieciocho pistolas, un rifle de asalto, dos pistolas automáticas y dos granadas.

“Evidentemente, tuvo que haber fallos humanos”, señaló López Rochez. “Estamos investigando a todos los empleados del centro”.

Sandra Rodríguez Vargas, comisionada adjunta del sistema penitenciario de Honduras, señaló que los atacantes “desalojaron” a los guardias de las instalaciones –ninguno parecía haber resultado herido– aproximadamente a las 8:00 de la mañana del martes.

Veintiséis de las víctimas murieron quemadas y el resto por disparos o puñaladas, indicó Yuri Mora, vocero de la agencia de investigación de la policía nacional de Honduras. Al menos siete reclusas estaban recibiendo tratamiento en un hospital de Tegucigalpa.

A medida que aumentaba el número de víctimas, los familiares se reunían afuera de una morgue en la capital, Tegucigalpa, esperando noticias de sus parientes encarceladas.

“Estamos aquí muriéndonos de angustia, de dolor… no tenemos ninguna información”, comentó a la agencia de noticias AP Salomón García, cuya hija está presa en las instalaciones.

Los familiares señalaron que hubo claras señales de advertencia antes de la masacre del martes, a medida que aumentaban las tensiones entre Barrio 18 y la pandilla rival Mara Salvatrucha (MS-13). Ambas pandillas, que tienen sus raíces en Los Ángeles, han luchado desde hace mucho tiempo por el control del tráfico de drogas y la extorsión en toda Centroamérica.

Johanna Paola Soriano Euceda esperaba noticias sobre su madre, Maribel Euceda, y su hermana, Karla Soriano, afuera de la morgue en Tegucigalpa. Ambas estaban siendo juzgadas por tráfico de drogas, pero se encontraban recluidas en la misma área que las reclusas condenadas.

Soriano Euceda comentó que el domingo le dijeron que “ellas (las integrantes de Barrio 18) estaban fuera de control, que peleaban con ellas todo el tiempo. Esa fue la última vez que hablamos”.

Otra mujer, que no quiso dar su nombre por temor a represalias, comentó que esperaba recibir noticias sobre una amiga, Alejandra Martínez, de 26 años, que estaba recluida en el nefasto pabellón uno por cargos de robo.

“Me dijo la última vez que la vi, el domingo, que la gente de (Barrio) 18 las había amenazado, que las iban a matar si no entregaban a un familiar”, explicó.

En ocasiones, las pandillas exigen a sus víctimas que “entreguen” a un amigo o pariente dándoles su nombre, dirección y descripción, para que los sicarios puedan encontrarlos posteriormente y secuestrarlos, asaltarlos o matarlos.

Las autoridades describieron los asesinatos como un “acto terrorista“, aunque también reconocieron que las pandillas gobernaban básicamente algunas partes de la cárcel.

Las pandillas ejercen un amplio control dentro de las cárceles del país, donde los reclusos suelen establecer sus propias normas y vender artículos prohibidos.

“La cuestión es impedir el contrabando de drogas, granadas y armas de fuego”, explicó el experto hondureño en derechos humanos Joaquín Mejía. “Los acontecimientos de hoy demuestran que no han sido capaces de hacerlo”.

Castro se comprometió a tomar “medidas drásticas”, y es posible que los motines incrementen la presión sobre ella para que imite las políticas extremas del presidente Nayib Bukele en el país vecino, El Salvador.

Más de 67 mil personas han sido detenidas –más del 2% de la población– desde que Bukele lanzó su campaña antipandillas en marzo de 2022. La represión ha sido sumamente popular entre los salvadoreños, sin embargo, ha supuesto un enorme costo para la democracia y los derechos humanos.

En diciembre, Castro decretó un “estado de excepción” que suspendió parcialmente las garantías constitucionales y que se ha ampliado en dos ocasiones, no obstante, los analistas se muestran escépticos respecto a que dicha medida haya tenido algún impacto significativo en la delincuencia.