La Marina de EU acusada de encubrir los residuos radioactivos de un astillero

La Marina estadounidense está ocultando niveles peligrosos de residuos radioactivos en una parcela de 40 acres de antiguos astilleros ubicados en el vecindario costero de Hunters Point, en San Francisco, según denuncian los defensores de la salud pública.

Está previsto que el terreno se transfiera a la ciudad tan pronto como el próximo año, y podría ser utilizado para la reurbanización residencial. Las acusaciones surgen de las pruebas realizadas por la Marina en 2021, las cuales revelaron que 23 muestras de la propiedad presentaban altos niveles de estroncio 90, un radioisótopo que sustituye al calcio en los huesos y provoca cáncer.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) alertó sobre dichos niveles, sin embargo, en 2022 la Marina indicó que sus pruebas eran inexactas y presentó una nueva serie de datos que revelaban niveles de estroncio 90 inferiores a cero, algo que los expertos en salud ambiental desestimaron por imposible.

La EPA señaló inicialmente que las nuevas pruebas “parecen como si la Marina estuviera ocultando resultados de datos que no le gustan”, pero desde entonces la agencia no se ha pronunciado al respecto, y la Oficina del Inspector General de la Marina se ha negado a investigarlo, comentó Jeff Ruch, abogado de la organización sin fines de lucro Empleados Públicos por la Responsabilidad Ambiental (PEER), que pidió al inspector general que investigue el asunto.

“Es como si a la Marina no le importara lo que dicen, y nosotros pensamos que era lo suficientemente atroz como para que el inspector general lo investigara”, señaló Ruch. “Sin ningún examen externo, los altos cargos de la Marina pueden mentir impunemente a los funcionarios locales y a la población, sabiendo que no habrá consecuencias negativas para sus carreras profesionales”.

La Marina no respondió de forma inmediata una solicitud de comentarios, y en una carta dirigida a PEER, el inspector general escribió que no iniciaría una investigación “debido a la vinculación abierta”.

El astillero de 866 acres de superficie albergó en su momento un laboratorio secreto de investigación de la Marina donde se inyectaba estroncio 90 a los animales, y algunos funcionarios sospechan que los residuos se vertían por el desagüe. El isótopo también se utilizó para crear pintura fosforescente en el astillero, y es posible que se haya caído de los barcos utilizados en las pruebas de bombas nucleares en el Pacífico.

En 1989, el gobierno estadounidense declaró al astillero zona “superfund“, término con el que se designa a los terrenos más contaminados del país. La Proposition P (Proposición P), que aprobaron más del 86% de los votantes de San Francisco en 2000, exige que el astillero “se limpie hasta un nivel que permita el uso sin restricciones de la propiedad, el nivel más alto de limpieza establecido por la (EPA)”.

No obstante, la Marina ya devolvió una parcela del lugar, y los residentes que viven ahí indican que la contaminación aún no tratada es la causa de un cúmulo de casos de cáncer y otros problemas de salud.

Para complicar la limpieza, el aumento del nivel del mar y del agua subterránea amenaza con arrastrar la contaminación radioactiva a la bahía adyacente.

La Marina y el Departamento de Justicia de Estados Unidos están actualmente inmersos en 12 demandas relacionadas con el lugar, y el Departamento de Justicia, que representa a la Marina, normalmente no desea que los inspectores generales realicen investigaciones porque podrían sacar a la luz información que complique los casos del gobierno, explicó Ruch.

“Esto significa que se están llevando a cabo operaciones disfuncionales sin ningún tipo de revisión”, añadió.

Aunque en un principio la EPA alertó sobre los resultados de las pruebas de estroncio 90, en los últimos meses no se ha pronunciado al respecto y no ha respondido la solicitud de PEER presentada en virtud de la Ley de Libertad de Información para obtener correos electrónicos relacionados con las pruebas. En respuesta, PEER interpuso una demanda en la que solicitó a un juez que ordenara la entrega de los correos electrónicos.

Un memorándum de 2022 que la EPA envió a PEER indicó que la agencia optaría por poner tapaderas, o cubrir el terreno contaminado con tierra limpia, y restringir el uso de la propiedad, aunque ese plan viola las disposiciones de la Proposición P, señaló Ruch.

A finales del año pasado, la alcaldesa de San Francisco, London Breed, elogió los esfuerzos de limpieza de la EPA y la Marina, calificándolos como “exhaustivos y minuciosos” a pesar de las cuestiones pendientes y los temores por el aumento del nivel del mar. Esto provocó la condena de los defensores de la salud pública y de la junta de supervisores de San Francisco, que abrió una investigación al respecto.

Por el momento, se desconoce qué resultados de las pruebas guiarán los próximos pasos.

“Dado que estos terrenos están a la espera de ser traspasados a la ciudad, sería útil llegar al fondo de este asunto, pero eso implicaría una franqueza institucional que al parecer escasea”, dijo Ruch.