Trump está bajo investigación por conspiración de derechos civiles en la toma del Capitolio

Los fiscales federales que investigan los intentos de Donald Trump de anular los resultados de las elecciones de 2020 tienen pruebas para acusar al expresidente de tres delitos, entre ellos uno tipificado en la sección 241 de la ley estadounidense que penaliza la conspiración destinada a violar los derechos civiles, indicaron dos personas familiarizadas con el asunto.

Los posibles cargos detallados en una carta en la que se le identificó como objetivo, y que enviaron a Trump los fiscales de la oficina del abogado especial Jack Smith, quien también acusó a Trump de retener documentos clasificados el mes pasado, constituyó la señal más clara de una inminente acusación.

Al parecer, los fiscales tienen pruebas para acusar a Trump de obstrucción de un procedimiento oficial y de conspirar para defraudar a Estados Unidos según la carta de objetivo, dos estatutos por los que el comité selecto de la Cámara de Representantes que analizó el ataque contra el Capitolio del 6 de enero emitió derivaciones penales el año pasado.

La carta de objetivo enviada a Trump identificó un tercer cargo no considerado anteriormente, señalaron las fuentes. Se trata de la sección 241 del título 18 del Código de Estados Unidos, que considera ilegal la conspiración destinada a amenazar o intimidar a una persona en el “libre ejercicio” de cualquier derecho o privilegio en virtud de la “Constitución o las leyes de Estados Unidos”.

El estatuto, promulgado para proteger los derechos civiles de los votantes negros que fueron blanco de los grupos de supremacía blanca después de la guerra civil estadounidense, es inusual porque los fiscales suelen utilizarlo en juicios por mala conducta policial y delitos de odio, aunque en los últimos años se amplió su uso.

Se desconoce qué implican los posibles cargos para Trump.

Los fiscales han estado analizando varios casos en los que Trump presionó a funcionarios como su exvicepresidente Mike Pence, sin embargo, los intentos de Trump de obstruir la transferencia de poder también podrían ser interpretados como conspiración para defraudar a los votantes de forma más general.

Los otros dos estatutos, por otra parte, sugieren que una parte central del caso contra Trump gira en torno al denominado plan de los votantes falsos y los intentos del expresidente de utilizar las listas falsas en una conspiración para detener la certificación por parte del Congreso de la victoria electoral de Joe Biden el 6 de enero de 2021.

La carta de objetivo no mencionó ninguna conspiración sediciosa, incitación a la insurrección o privación de derechos bajo ostentación de autoridad legal, otros ámbitos en los que los expertos jurídicos sugieren que Trump podría correr riesgos legales.

Un vocero de la campaña de Trump no respondió la solicitud de comentarios respecto al contenido de la carta de objetivo, aunque un asesor de alto rango de Trump no negó que la sección 241 aparecía en la lista cuando se le contactó a última hora de la noche del martes.

El periódico The New York Times también informó sobre la inclusión de dicho estatuto.

Trump, que se enfrenta a un peligro legal sin precedentes mientras lidera la lista de candidatos para la nominación presidencial republicana de 2024, calificó la carta de objetivo como “HORRIBLE NOTICIA” en una publicación en su plataforma Truth Social, donde reveló primero el acontecimiento.

El año pasado, el comité selecto de la Cámara de Representantes que investigó el ataque contra el Capitolio concluyó que Trump cometió múltiples delitos en su intento de revertir su derrota en 2020 ante Joe Biden, entre ellos la conspiración para defraudar a Estados Unidos y la obstrucción de un proceso oficial.

El comité emitió derivaciones penales simbólicas al Departamento de Justicia, aunque en ese momento el Departamento de Justicia ya había intensificado su investigación penal mediante la incorporación de nuevos fiscales en la primavera de 2022, antes de que se integraran a la oficina del abogado especial.

Los investigadores de la Cámara de Representantes también concluyeron que había pruebas para que los fiscales acusaran a Trump de conspiración para defraudar y de obstrucción de un procedimiento oficial. También emitieron derivaciones por incitación a la insurrección, que no figuraba en la carta del objetivo.

Si los fiscales acusan a Trump en la investigación federal sobre el 6 de enero, el caso podría llegar a juicio mucho más rápido que el de los documentos clasificados de Mar-a-Lago –antes de las elecciones de 2024– porque los trámites previos al juicio no se retrasarían a causa de las normas que regulan los materiales de seguridad nacional.

Trump fue acusado el mes pasado de retener material de seguridad nacional y obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperar dicho material. Trump y su coacusado, su asistente Walt Nauta, que fue acusado de conspirar para obstruir y hacer declaraciones falsas al FBI, se declararon inocentes.

La carta de objetivo enviada a Trump surge semanas antes de la esperada acusación de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, contra Trump y sus aliados por sus intentos de anular los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia, informó anteriormente The Guardian.