La lucha por el futuro de Israel está en la cuerda floja tras la victoria de la coalición de Netanyahu

Uno de los momentos más extraordinarios del lunes, un día decisivo en la historia de Israel, ocurrió justo antes de que se promulgara la primera parte de la polémica reforma judicial impulsada por la coalición gobernante. Benjamin Netanyahu se encontraba sentado en el pleno del edificio de la Knesset en Jerusalén, entre su ministro de Justicia, Yariv Levin, el artífice de la extensa legislación, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, su más firme crítico, en los escaños del gobierno.

Los dos miembros del Partido Likud discutieron amargamente sobre la cabeza de Netanyahu, mientras el veterano primer ministro, que nunca suele huir de las peleas, permanecía sentado en silencio entre ellos. Era como si no hubiera estado ahí.

“¡Dame algo!” le gritó Gallant a Levin mientras intentaba en vano negociar un acuerdo de última hora con los partidos de la oposición respecto a una versión atenuada del proyecto de ley.

Gallant fue una pieza clave en la suspensión de la reforma judicial en marzo, cuando Netanyahu lo despidió por su oposición a los cambios. Las huelgas ilegales y las grandes protestas que se produjeron en consecuencia en todo el país obligaron al primer ministro a posponer la promulgación de la ley hasta la sesión de verano de la Knesset.

En esta ocasión, sin embargo, no hubo titubeos. La enmienda que deroga la capacidad del Tribunal Supremo de anular decisiones gubernamentales por motivos de “razonabilidad” fue aprobada por 64 votos a favor y 0 en contra, después de que todos los miembros de la oposición boicotearan la votación en señal de protesta.

Israel ahora se encuentra en un territorio desconocido. El martes, las portadas de tres periódicos nacionales estaban pintadas de negro con la leyenda “un día negro para la democracia israelí”, un anuncio publicado por un grupo de protesta que se opone a los planes relativos al poder judicial.

La Asociación Médica de Israel anunció una huelga de 24 horas, y se espera que haya más huelgas y protestas generalizadas tras una noche en la que varios enfrentamientos entre manifestantes y la policía se volvieron violentos cuando los cuerpos policiales utilizaron cañones de agua y gas “skunk” (un gas que desprende un olor repugnante) para dispersar a las personas que bloqueaban las calles.

Se está gestando una crisis constitucional: se interpusieron varias demandas ante el Tribunal Supremo en las que se le pide que se pronuncie respecto a la legitimidad de una ley que restringe sus propios poderes. Quizás lo que resulta más urgente es que la gente está esperando ver si los más de 10 mil reservistas que prometieron no incorporarse al servicio en caso de que se aprobara el proyecto de ley cumplirán su promesa, un hecho sin precedentes que podría paralizar seriamente la capacidad operativa de las Fuerzas de Defensa de Israel.

“Ahora hay dos grandes preguntas: ¿qué va a hacer a continuación el movimiento de protesta y qué va a hacer el gobierno?”, señaló la Dra. Dahlia Scheindlin, analista política y colaboradora política de Century Foundation.

“Nos acercamos a las vacaciones de verano y la enmienda aún no ha sido formalmente promulgada como ley, por lo que es posible que hasta octubre el gobierno no pueda empezar a utilizar realmente este nuevo poder”.

“Sin embargo, ahora que el Tribunal Supremo ya no puede anular las decisiones del gobierno, preveo que durante las vacaciones se producirán nombramientos y despidos inadecuados de funcionarios públicos. Puede que el movimiento de protesta disminuya un poco durante el verano, pero definitivamente no desaparecerá”.

Las propuestas relativas al poder judicial revelaron las profundas fracturas políticas que existen en la sociedad israelí y provocaron el mayor movimiento de protesta jamás visto en el país. Para la gente de ambas posturas del debate, la lucha se ve nada menos que como una batalla por el alma de Israel, una confrontación de las tensiones inherentes en la relación entre la naturaleza judía y democrática del Estado.

Los defensores de los cambios judiciales, introducidos casi inmediatamente después de que Netanyahu regresara al poder al frente de la coalición de gobierno más derechista y religiosa de la historia de Israel en diciembre, sostienen que son necesarios para equilibrar mejor los poderes del Estado y para combatir el sesgo izquierdista que se percibe en las sentencias del Tribunal Supremo no electo.

Los críticos señalan que los cambios permitirán que una mayoría simple de la Knesset anule casi todas las decisiones del tribunal y otorgarán a los políticos un mayor control sobre los nombramientos de los jueces. Los cambios podrían ayudar a Netanyahu a evitar ser procesado en su juicio por corrupción, en el que niega todos los cargos.

La anexión total de la Cisjordania ocupada, el fortalecimiento de la ley religiosa tradicional, la limitación de la libertad de expresión y el retroceso de los derechos de las mujeres y de las comunidades homosexuales y árabes son objetivos que figuran en la agenda de la coalición. El debilitamiento del Tribunal Supremo, que desempeña un papel clave en el sistema de controles y equilibrio de los derechos individuales, es esencial para la consecución de estos objetivos.

Técnicamente, Netanyahu consiguió otra victoria personal con esta votación: logró apaciguar a la base derechista, enojada por la postergación de marzo, y unir a su fraccionada coalición. No obstante, la crisis no ha disminuido y Netanyahu parece débil, obligado a cumplir las exigencias de los demás para mantener intacto su gobierno.

Las revelaciones de esta semana sobre su historial de problemas cardíacos –divulgados después de su hospitalización de emergencia para que le colocaran un marcapasos– se sumaron a la impresión de que, tras seis mandatos, el “rey Bibi”, como se le conoce, podría aproximarse al ocaso de su reinado.

Los manifestantes de Israel ganaron la primera ronda de la batalla sobre la reforma judicial en marzo, obligando al gobierno a posponer las propuestas y a entablar un diálogo con la oposición. Sin embargo, después de que las conversaciones fracasaran el mes pasado, el gobierno decidió seguir adelante con uno de los varios proyectos de ley, anulando la cláusula de “razonabilidad”. El éxito de la coalición el lunes significa que el marcador ahora está empatado, y que en octubre se avecina un tercer combate sobre la estructura de la democracia israelí.

Los debates podrían ser interminables, señaló Anshel Pfeffer, biógrafo de Netanyahu y columnista de Haaretz, el periódico serio de Israel. “Este asunto es como el Brexit o el Covid-19. Succiona todo el oxígeno de todo lo demás”, señaló. “Lo que ocurra dependerá de la sentencia del Tribunal Supremo, pero también de si personas como Gallant y otros del Partido Likud o de los partidos ultraortodoxos se dan cuenta de que esto se interpone en el camino de las políticas que quieren promulgar. Es posible que no tengan agallas para librar una ronda tras otra de esta lucha”.

Después de la aprobación del proyecto de ley, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, miembro del partido de extrema derecha Poder Judío, lo calificó como una “buena noticia” para Israel. “La ley que aprobamos hoy es importante para la democracia, pero solo es el principio”, indicó.

Quizás Ben-Gvir, un extremista de derecha condenado por incitación al racismo, no tenga razón en muchos aspectos, pero en esto sí la tiene. La lucha por la identidad de Israel, y su futuro, apenas comienza.